Gilma María Suárez Pinell
Expediente 383/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gilma María Suárez Pinell
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Colima, Colima, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que transcurrió el plazo de noventa días hábiles otorgado a la parte quejosa, en proveído de siete de mayo del año en curso, a fin de que compareciera a recibir las documentales que ésta allegó en su demanda de amparo; sin que lo haya hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, se ordena que las documentales que la parte quejosa allegó en su demanda de amparo sean destruidas junto con el expediente principal, de conformidad en el artículo 21, ante penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, Cumplase.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 383/2020-II, promovido por * * por su propio derecho, contra actos del Titular de la Mesa Primera de Delitos Patrimoniales del Nuevo Sistema de Justicia Penal con residencia en Manzanillo, Colima, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Gilma María Suárez Pinell (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: ". III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA DE DELITOS PATRIMONIALES EN MANZANILLO, COLIMA. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISI´N QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable reclamo lo siguiente: La abstención de pronunciarse en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020, sobre la solicitud realizada en la denuncia inicial de despojo, relativa a la concesión de una medida de protección sobre bienes o derechos (servidumbre de paso) a que tienen derecho las víctimas del delito. La abstención de pronunciarse en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020, sobre la solicitud realizada en la ampliación de denuncia de despojo, relativa a la concesión de una medida de protección sobre bienes o derechos (lote número 8 ocho, manzana 3 tres, de la zona 9 nueve del poblado denominado Tapeixtles, Municipio de Manzanillo, Colima), no obstante se le justificó a la responsable que las víctimas del delito tienen la posesión del mismo. La abstención de pronunciarse respecto a la solicitud de 15 quince de julio de 2020 dos mil veinte, respecto del aseguramiento del lote 8 ocho, manzana 3 tres, de la zona 9 nueve del poblado denominado Tapeixtles, Municipio de Manzanillo, Colima." SEGUNDO. Registro, desechamiento y recurso de queja. En la misma fecha -veintidós de julio de dos mil veinte-, este órgano de control constitucional registró la demanda con el número 383/2020-II y la desechó de plano, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en las fracciones XX y XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción I, 6º y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se estimó que al existir un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, la parte quejosa se encontraba obligada a agotarlo, antes de acudir a la vía constitucional, incumpliendo con ello el principio de definitividad que rige en la materia. Al no estar conforme con esa determinación, Gilma María Suárez Pinell interpuso el recurso de queja, cuya substanciación correspondió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, que al resolver el recurso de queja 120/2020, en sesión virtual de veintidós de octubre de dos mil veinte, declaró fundado dicho recurso, ordenando a este Juzgado de Distrito se pronunciara nuevamente tomando en consideración que la omisión del Ministerio Público de conceder las medidas de protección solicitadas por la víctima no surte la hipótesis del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ser impugnadas ante el Juez de Control. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo383/2020-II, con relación al acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre la procedencia de las medidas de protección solicitadas en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020; se solicitó el informe justificado a las autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se ordenó emplazar como tercera interesada a Thelma Suárez Pinell; y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido el informe justificado y seguidos los trámites legales correspondientes, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión o abstención de proveer sobre la procedencia de las medidas de protección solicitadas en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PAT1-481/2020. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: Es cierto el acto reclamado de la Titular de la Mesa Primera de Delitos Patrimoniales del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Manzanillo, Colima, pues no obstante que al rendir informe justificado lo haya negado, con el argumento de que el diecisiete de julio de dos mil veinte, se pronunció respecto a la petición realizada por Gilma María Suárez Pinell -quejosa-, sobre la medida de protección consistente en el aseguramiento del lote número 8, manzana 3, zona 9, del poblado de Tapeixtles, municipio de Manzanillo, Colima; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintidós de julio de dos mil veinte- no había notificada esa determinación la aquí quejosa. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página 10, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, cuyo contenido es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe determinarse, en general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo respectiva pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse necesariamente de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Además, la existencia del reclamado está corroborada con las copias certificadas de la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020, que la representante social responsable acompañó a su informe justificación, así como al oficio que acompañó como complemento al mismo, a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a un petición formulada dentro de un juicio, toda vez que para que se encuentre actualizada la causa de improcedencia en estudio, debe obrar constancia dentro del juicio de amparo de una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que se desestime la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación, en su parte conducente, la jurisprudencia 2ª./J.98/2004, la cual establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." (Énfasis añadido) De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Existencia de una respuesta congruente a lo solicitado; y, Notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer si se actualiza la causa de improcedencia invocada. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), la parte quejosa reclama la omisión de proveer sobre la procedencia de las medidas de protección solicitadas en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020. En este sentido, en las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, obra constancia de un acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veinte, dictado en el carpeta de investigación en cita, en el cual proveyó lo relativo a la procedencia de las medidas de protección solicitadas por la aquí quejosa. En tales condiciones, al tomar en consideración la emisión del acuerdo en cita, y que dentro del mismo se proveyó de manera congruente con lo peticionado, es decir, lo relativo a la procedencia de las medidas de protección solicitadas en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020, es por lo que en el caso se considera que se cumplió con el inciso 1). Por otra parte, en lo que respecta al inciso 2), relativo a la notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada por la quejosa, debe indicarse que en el caso concreto dicha circunstancia también se encuentra acreditada. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de la documental remitida por la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, se advierte la constancia de seis de agosto de dos mil veinte, a través de la cual se notificó a Gilma María Suárez Pinell, por conducto de su asesor jurídico Antonio Zamora García, la referida determinación de diecisiete de julio de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020; con la cual se satisface el requisito antes aludido. En consecuencia, al haberse remitido por la autoridad responsable la constancias de notificación de la determinación ministerial de diecisiete de julio de dos mil veinte, en la cual proveyó lo relativo a la procedencia de las medidas de protección solicitadas en la carpeta de investigación NSJP/MZO/CI/PATI-481/2020, es por lo que se encuentra cumplido el requisito referido en el inciso 2). Por tanto, resulta claro que al haberse emitido el acuerdo respecto de la procedencia de las medidas de protección solicitadas en la carpeta de investigación de origen, y que la parte quejosa quedó debidamente notificada, la omisión que se reclama de la autoridad responsable dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 205/2008, la cual establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que no se encuentre emplazada a juicio la tercera interesada Thelma Suárez Pinell, ya que el presente sobreseimiento no le perjudica, por lo que en aras del 17 constitucional, sería ocioso retardar el presente juicio a fin de emplazar a dicha sucesión, siendo notoria la causal de sobreseimiento que se actualiza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 531, publicada en la página 349, Apéndice de 1995, Materia común, Séptima Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Asimismo, la diversa tesis publicada en la foja 575, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa * * , contra el acto que reclamó del Titular de la Mesa Primera de Delitos Patrimoniales del Nuevo Sistema de Justicia Penal con residencia en Manzanillo, Colima; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Colima, Colima, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo toda vez que el titular de este órgano jurisdiccional figura en la lista de los aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, como se advierte del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; por lo que, el Secretario Encargado del Despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentra impedido para desahogar la audiencia señalada para este día. Atento a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista. .
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por la quejosa * *, mediante el cual comparece a revocar a los anteriores autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a señalar nuevos autorizados y domicilio para esos afectos, además, a solicitar copias simples de todo lo actuado y el uso de medios electrónicos. Por consiguiente, quedan sin efectos los anteriores autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones; teniéndose como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado * * y, como autorizado en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a * * en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle * * colonia Centro, de Colima. Asimismo, se ordena expedir únicamente las copias que solicita previo recibo y razón que de ello otorgue en autos el legitimado para ello. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger las copias solicitadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Le de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos de reproducción.
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