Gildardo Vázquez Jimenez y Otros.

Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Gildardo Vázquez Jimenez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como las certificaciones secretariales de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De conformidad con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción II, del referido acuerdo general, el expediente principal es destruible, transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Aunado a que este asunto no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado remitiendo para ello copias certificadas relativas al juicio laboral 16/2019. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que es inexistente el acto reclamado, como se aprecia en el estudio siguiente. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Gildardo Vázquez Jiménez, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO,... "IV.-ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO,." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, así como de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que la quejosa reclama en esencia lo siguiente: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 16/2019, tal y como se advierte del escrito de demanda de amparo. Dicho acto reclamado se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama, como se dijo, la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 16/2019. Luego, de las constancias que obran en autos, así como las que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se conoce que por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se determinó conceder a las partes un término de tres días hábiles para formular alegatos, y una vez fenecido dicho lapso se acordaría lo que en derecho correspondiera, este auto se notificó a la parte actora el veintiocho de febrero del año en curso, pero a la data no se ha notificado a la demandada, razón por la cual no ha sido posible turnar el juicio laboral al área de proyección, tal y como lo aduce la responsable en el acuerdo de treinta y uno de mayo del actual. En base a lo anterior, se puede presumir que la autoridad responsable no estaba en condiciones de emitir el laudo, pues a la fecha no cerrado la instrucción, es más, ni siquiera se ha notificado a la demandada del término de tres días para formular alegatos, esto es, a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado no existía. Con lo anterior, hace colige que al momento de presentarse la demanda de amparo no existía el acto reclamado. Por tanto, resulta evidente, como se dijo, que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, es decir, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, el acto aquí reclamado, no existía, en virtud de que a la data no se ha decretado el cierre de instrucción ni siquiera se ha notificado a la demandada el auto de dieciséis de febrero del año en curso, para que formule alegatos dentro del juicio laboral de origen, y por ende, la responsable no estaba en condiciones de resolver el procedimiento respectivo. Por ende, es inconcuso que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, al momento en que promovió su demanda de amparo, no existían las condiciones para dictar el laudo respectivo lo que trae como consecuencia la inexistencia del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de junio de dos mil veintitrés. En principio, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el alegato ministerial de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por reproducido en sus partes, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere. Por otro lado, visto el escrito y anexo de cuenta, signados por Dulce María Espinoza Domínguez, en su carácter de Síndica Procuradora y Representante del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero; personería que se tiene por acreditada en términos de las documentales que para tal efecto exhibe; mediante el cual pretende apersonarse al presente juicio como tercero interesado; el cual se ordena glosar a los autos sin que surtan sus efectos legales en razón a lo siguiente. Esta juzgadora estima que no es necesario reconocerle el carácter de tercero interesado, en virtud que el acto reclamado consiste en una omisión traducida en dilación del procedimiento de origen, lo que implica una violación al artículo 17 de la Constitución Federal, en su vertiente de impartición de justicia pronta y expedita, cuya eventual reparación beneficiaría no solo a la quejosa, sino a todas las partes, las cuales están interesadas en que se concluya el asunto dentro de los plazos que para tal efecto prevé la ley aplicable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 131/2021 en un tomo; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 164/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: ".PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 131/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, promovido por Said Alarcón Ariza, en términos del último considerando de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, en el entendido que únicamente se anexaran las constancias originales que obren en el mismo. En ese sentido, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se ordena dejar insubsistente la audiencia constitucional y sentencia recurrida en el juicio de amparo en que se actúa en los términos establecidos en la ejecutoria de mérito. Por tanto, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito y a efecto de emitir una nueva sentencia que cumpla con el requisito de validez a que se refieren los artículo 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir se firme de manera independiente, ya sea mediante el uso de la firma autógrafa o electrónica, tanto por la persona juzgadora como por la persona secretario que la autorice, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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