Gildardo Salvador Barrera
Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Gildardo Salvador Barrera
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la determinación adoptada mediante proveído de quince de marzo del año en curso tuviere la firmeza debida; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3, de la citada legislación, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de marzo de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguense a los autos los escritos de cuenta; téngase a Amparo Elizabeth Alcibar Cortes en su carácter de defensora público de Gildardo Salvador Barrera o Gildardo Barrera Salvador y José Torres Domínguez o José Antonio Ponce Torres, dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de siete de marzo de este año. ACUMULACIÓN DE JUICIOS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en este juzgado federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 287/2022-VI-A, promovido por José Torres Domínguez o José Antonio Ponce Torres. Ahora, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se decreta, de oficio y de plano, la acumulación del presente juicio de derechos, para que ambos juicios referidos se tramiten y resuelvan en un mismo expediente. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 2 En principio, debe precisarse que la figura de la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando un solo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirectos reclamando igual acto atribuible a distintas autoridades; o bien, cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades los mismos actos reclamados; con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Si bien dicha figura no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, debe tomarse en cuenta, por una parte, que se encuentra contemplada en la fórmula genérica que prevé el numeral 66 de dicho ordenamiento, al disponer que en los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente la ley, y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan dentro del procedimiento; y por otra, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. Además, si se considera la relevancia de las finalidades que se persiguen con la acumulación, a saber, economía procesal y evitar sentencias contradictorias; entonces, la figura jurídica de mérito, debe considerarse como parte del sistema procesal del amparo, porque con ello el juzgador estará en posibilidad de dar solución adecuada al conflicto que se le ha planteado, salvaguardando así el derecho fundamental del gobernado a la impartición de justicia completa, pronta e imparcial. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ Asimismo, de la interpretación de los arábigos 72, 73 y 74 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos que en los juicios conexos se podrá decretar su acumulación, a instancia de parte o de oficio; asimismo, que el más reciente se acumulará al más antiguo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, página 19, cuyo rubro es el siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." Una vez expuesto lo anterior, resulta evidente que las demandas que dieron origen a los juicios de amparo 286/2022-VI-A y 287/2022-VI-A, fueron promovidas por Amparo Elizabeth Alcibar Cortes en su carácter de defensora público de Gildardo Salvador Barrera o Gildardo Barrera Salvador y José Torres Domínguez y/o José Antonio Ponce Torres, quien reclamó el siguiente acto: ? La resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal 907/2021, en la que se determina la orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que se encuentran recluidos, a otro. De lo que se obtiene que, existe conexidad entre ambas demandas de amparo, ya que, aunque fueron promovidas por diversos quejosos, se señalaron el mismo acto y autoridad 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 4 responsable, lo que evidencia que existe identidad en los actos que se reclaman, actualizándose con ello, la hipótesis prevista en el dispositivo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Consecuentemente, en aras de los principios de economía procesal y expeditez en la impartición de justicia, y además con la finalidad de no dictar resoluciones contradictorias, de plano, se decreta la acumulación del juicio de amparo 287/2022-VI-A al diverso 286/2022-VI-A, es decir, el más reciente se acumule al más antiguo. Lo anterior, con la finalidad de que se resuelvan en la misma sentencia. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de un análisis general de las demandas se advierte que el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, una vez que examinadas las demandas en su integridad se advierte que el acto reclamado consistente en la orden de traslado que se atribuye al Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, la suscrita estima se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 6 [ ] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] El numeral antes transcrito alude el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que se funda en el hecho de que la procedencia de la acción constitucional no es irrestricta, pues al constituir un medio de control constitucional extraordinario, solo procederá una vez que se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible. Debiendo tener presente que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Ahora bien, en el caso se reitera que, la orden de traslado que los quejosos aducen, dictó el Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque se trata de un acto emitido por un tribunal judicial respecto del cual concede la ley ordinaria recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificada, revocada o nulificada. A fin de evidenciar lo anterior, conviene mencionar que los artículos artículo 18, párrafo segundo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución General, prevén las directrices básicas del sistema penitenciario y de la competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional en la ejecución de penas. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un sistema de impugnación conformado por procedimientos administrativos y jurisdiccionales a fin de 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 8 salvaguardar los derechos de los sujetos relacionados con la etapa de ejecución el procedimiento penal. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces penales de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a la autoridad jurisdiccional como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Ahora bien, los artículos 51, 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 10 traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]" De lo anterior se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: 1) Voluntarios, que se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ requisitos legales y constitucionales para su autorización. 2) Involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. 3) Urgente, o excepcional, que se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso de estudio, los quejosos Gildardo Salvador Barrera o Gildardo Barrera Salvador y José Torres Domínguez y/o José Antonio Ponce Torres, señalaron como acto reclamado la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal 907/2021, en la que se determina la orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, a uno diverso; esto es, se trata de una orden de traslado urgente o excepcional. Ahora bien, si los peticionarios de amparo reclaman la orden de traslado atribuida a una autoridad judicial entonces se encuentran obligados a agotar el recurso de apelación en términos del último párrafo, del citado artículo 117. Esto es, en contra la orden de traslado, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 12 es procedente la controversia judicial, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado, el cual prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado. Sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Atinente a ello, la orden de traslado en los términos antes apuntados, impone al juez de ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial. Por otra parte, tratándose de la orden de traslado que, sostienen, emitió la autoridad judicial, debieron interponer el recurso de apelación, previsto por el artículo el primer párrafo del artículo 51 de la citada norma, que dispone que la autorización en audiencia pública del Juez de Control o de Ejecución, para el traslado de personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Medio de impugnación previsto por numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ del cual el acto reclamado puede ser modificado o revocado por un tribunal de alzada. En esas condiciones, si los amparistas no acudieron a la controversia judicial para impugnar el acto que aquí reclaman, ni agostaron el recurso de apelación en contra del acto que atribuyen al Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; resulta patente que se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad; lo que impone el desechamiento de la demanda de mérito. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 14 Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito...VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de marzo de dos mil veintiuno. RADICACION. Vistas las demandas de amparo presentada por Amparo Elizabeth Alcibar Cortés, quien se ostenta como defensora de Gildardo Salvador Barrera o Gildardo Barrera Salvador contra actos del Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrense las demandas en el libro de gobierno bajo los números 286/2022-VI-A; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACLARACIÓN. Previo a acordar el escrito de cuenta, debe precisarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos que debe expresar la demanda de amparo indirecto, el cual a la letra establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá VERONICA GARCIA ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 08/09/22 14:52:54 2 señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. [.]" Irregularidad relacionada con el carácter de quien promueve. El diverso 114 del aludido ordenamiento legal, señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y VERONICA GARCIA ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 08/09/22 14:52:54 V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Conforme al último numeral reproducido, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la promovente acude a la presente instancia constitucional ostentándose como defensora particular del quejoso Gildardo Salvador Barrera o Gildardo Barrera Salvador; sin embargo, no acompañó a su ocurso de demanda la documental idónea con la que acredite tal circunstancia y no declaró, bajo protesta de decir verdad, que le asiste ese carácter; en consecuencia, no cumplió con uno de los requisitos indispensables que debe contener el escrito de demanda, VERONICA GARCIA ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 08/09/22 14:52:54 4 atendiendo a que de acuerdo con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 114 del mismo ordenamiento, es requisito necesario justificar la personalidad de quien reclama la protección de la justicia federal, o quien promueve en nombre del quejoso. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción I, IV y V, 112 y 114, fracciones I, II y IV, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que, en el término de cinco días, aclare su demanda en los siguientes términos: a) Manifieste bajo protesta de decir verdad si le asiste el carácter de defensora de los inculpados Gildardo Salvador Barrera o Gildardo Barrera Salvador. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que, en caso de no dar cumplimiento a la prevención formulada marcada con el inciso a) dentro del término concedido, no se le tendrá por reconocida el carácter con el que promueve y se mandará requerir al directo quejoso, a efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor. Esto, porque el hecho de que la promovente no demuestre tener el carácter con que se ostenta, no da lugar a negar el acceso a la justicia al inculpado, sino por el contrario, al ser la persona directamente agraviada, debe saberse cuál es su voluntad. Además, en términos de lo dispuesto en los artículos 8, puntos 1 y 2, inciso d) y 25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho humano a defenderse personalmente en juicio y al acceso a la justicia, mediante procedimientos sencillos, lo que impide que este juzgador deniegue tales derechos al directamente agraviado, con motivo de omisiones y deficiencias técnicas en su defensa. VERONICA GARCIA ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 08/09/22 14:52:54 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Madero número 102, esquina con Pino Suárez, colonia Real de Minas, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Xóchitl Enciso Santos y Dulce Karina Matías Hernández; así como, únicamente para recibir notificaciones a Abraham Ernesto Zenil Salinas, Mariana Lizbeth Hernández Rosales y Maria Elena Mendoza Rivera, dado que no acreditaron que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la VERONICA GARCIA ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 08/09/22 14:52:54 6 Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para VERONICA GARCIA ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 08/09/22 14:52:54 acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario..VI
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Gilberto Peña Reyes1068/2015
- Gilberto Pérez Lechuga853/2018
- Gilberto Ramírez Islas464/2022
- Gilberto y/o José Gilberto Muñoz Trejo1496/2023
- Gildardo Salvador Barrera427/2022
- Gildardo Salvador Barrera1634/2021
- Giovana Dayulia Rangel Quiroga231/2022
- Giovanni Acua Reyes108/2022
- Giovanni Acua Reyes1601/2021
- Giovanni Fuentes López808/2020
- Giovanni Fuentes López763/2020
- Giovanni Hernández Lazcano298/2017