Gildardo Rendon Martínez
Expediente 640/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gildardo Rendon Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja, contra el auto de diez de julio de dos mil veinte, en que se desechó la demanda de amparo, se declara que el auto de referencia queda firme. En virtud de lo anterior, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido, realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda presentada por los promoventes, por propio derecho, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", contra los actos que reclama del Director General de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México; de conformidad con lo previsto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 3º y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena integrar el expediente físico y electrónico respectivo, así como radicar el presente asunto en este órgano de control constitucional con el número de juicio de amparo 640/2020. La demanda de amparo que da origen al sumario constitucional en que se actúa, se recibe en este órgano jurisdiccional en el contexto de las medidas adoptadas frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, en términos de lo dispuesto en los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 15/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales se emitieron partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para la protección de los servidores públicos y de las personas justiciables en general; lo anterior privilegiando el acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional. En atención al prolongado periodo de contingencia, se estableció un esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, cuyos ejes son la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales, éstos en concordancia con las políticas de sana distancia y reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria. En ese orden, de conformidad con el artículo 1°, fracción III, del "Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea", se habilita a los Juzgados de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México a: 1. La recepción de casos nuevos. 2. La reanudación de asuntos radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia (dieciocho de marzo de dos mil veinte) En ambos casos, el referido ordenamiento autoriza su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "Juicio en Línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales. Es por lo anterior, que se da trámite a la demanda de amparo bajo el esquema de "Juicio en Línea", por lo que se privilegia el uso de las herramientas tecnológicas habilitadas por el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en los términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". De la lectura integral de la demanda se advierten elementos que impiden la admisión a trámite del presente asunto. Es de destacarse que los artículos 62 y 113, ambos de la Ley de Amparo vigente, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De las disposiciones transcritas se advierte que las y los juzgadores de amparo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones o en su caso del acta de comparecencia como es el caso; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otro orden de ideas, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista de la persona juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 221353, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el presente asunto, conforme a los numerales citados, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones. Los dispositivos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, 3°, párrafos primero, cuarto, quinto y noveno, 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]" "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Del contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. La Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 3° de la Ley de Amparo, señala como una opción para la parte promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL), pues es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa. En el caso, no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada", pues no obra la declaración expresa de la parte quejosa en el sentido de instar la demanda de amparo que motivó la tramitación de este sumario constitucional, pues en la demanda presentada electrónicamente no obra la firma electrónica de los citados promoventes. Del artículo 3° transcrito con anterioridad, se obtiene que en el juicio constitucional, las demandas de amparo indirecto y las promociones pueden formularse de manera verbal o por escrito, siendo en este caso optativo que se realicen de forma impresa o electrónicamente. Tratándose de los escritos en forma electrónica, deben presentarse utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sobre esa base, conviene precisar que la demanda no contiene las firmas electrónicas de los quejosos, siendo su obligación presentarla en términos del numeral 3° de Ley de Amparo, (pues produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y permite al órgano jurisdiccional verificar la identidad de su titular, así como su autenticidad y la del documento electrónico), además de revisar el estado de su certificado digital en los sistemas electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que expida el acuse de recibo electrónico. Tal como lo establecen los artículos 3 a 5 y 10 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, a saber: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo. (.) Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan." Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, dispone en sus artículos 1°, 2°, fracciones XVI y XVI, 6° y 15, lo siguiente: "Artículo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias. [.] Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Como se advierte, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica (e.firma), es utilizada como un instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, así como para recibir comunicaciones, notificaciones y documentos oficiales, así como, para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Dicha firma, tiene como finalidad producir los mismos efectos que la firma autógrafa, por lo que es indispensable para su utilización, contar con los certificados digitales, expedidos por las Unidades de Certificación. Esto, al ser el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad, como de una firma autógrafa, ya que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación. Además, son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita. De ahí, que para la presentación de demandas o documentos electrónicos, deba utilizarse la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), vigente de la parte quejosa, a efecto que se genere el acuse de recepción correspondiente, donde se indicaran los datos de identificación del asunto, de la parte promovente, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Por tanto, toda vez que la demanda que nos ocupa carece de la EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA de la que se adviertan los datos de identificación de los promoventes, así como de aquellos con los que se acredite que es una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y que ésta produce los mismos efectos que una firma autógrafa, NO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SUSCRIBE. Asimismo, se invoca la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que tal situación pueda considerarse una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, no amerita prevención alguna, ya que al no contener el escrito de demanda las firmas electrónicas de los titulares de la acción de amparo, no existe ni siquiera voluntad de los que aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Cabe agregar que de conformidad con lo ordenado en el "Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", la tramitación de juicio en línea no implica desconocer los requisitos procesales inherentes a los asuntos tramitados dentro del contexto normativo previsto al efecto. Antes bien, el artículo 13 dispone que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal, y el artículo Noveno Transitorio, ordena que mientras se mantenga la suspensión de plazos en términos del Acuerdo General Plenario 13/2020 y sus prórrogas, las partes en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, que se integren a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte, salvo los calificados como urgentes, podrán promover únicamente mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL). En tales condiciones, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 6°, ambos de la ley de la materia y numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario; por tanto, con apoyo en el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda amparo promovida por señalados quejosos, por propio derecho, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", contra el acto que reclama del Director General de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Listas de Raya de Gobierno de la Ciudad de México. Se tiene como representante común de los quejosos al primero de los nombrados, por así haberlo solicitado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado, en esta Ciudad. Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. En términos del artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se tienen por hechas las notificaciones cuando las partes se ostentan sabedoras de una actuación judicial, lo cual se logra incuestionablemente mediante el sistema de notificaciones electrónicas previsto en los citados acuerdos 12/2020 y 13/2020. En el referido ordenamiento se establece que constituye una premisa esencial para que se lleven a cabo las notificaciones a las partes en esos términos, que sean los propios justiciables quienes expresamente soliciten dicho esquema. Ahora, en términos del artículo 26, fracción IV, en relación con el diverso 30 de la Ley de Amparo, la autorización de ingresar al expediente electrónico no conlleva intrínsecamente la de recibir notificaciones por esa vía. En el caso, los promoventes no solicitaron la consulta del expediente electrónico y señalaron el domicilio ubicado, en esta Ciudad, para recibir notificaciones. En consecuencia, con apoyo en los artículos 14 y noveno transitorio del Acuerdo General 13/2020, se suspende la tramitación del juicio en línea, el cual podrá reanudarse una vez que se regularicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación o, bien proporcionen el nombre de usuario para consultar el expediente electrónico y realizar la notificación por esa vía. Se tienen únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala por así haberlo expresamente. Se informa a las partes que con fundamento en los artículos 14 y 16 del citado acuerdo general 12/2020, queda autorizada la consulta electrónica de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo hasta en tanto se levante la suspensión de plazos en el Poder Judicial de la Federación; en el entendido que la consulta física deberá ser excepcional y solo ante la imposibilidad del acceso a constancias no digitalizadas y con las salvedades previstas en los artículo 22 y 23 del referido acuerdo. En ese sentido, la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Fundamento: Artículos 1°, 3° y 9 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los artículos 3° de la Ley de Amparo y 13 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Con apoyo en el artículo 4° del citado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte promovente para que proporcione un correo electrónico, donde pueda ser localizado durante el tiempo que dure la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en aquellos casos que deba ser comunicado de determinaciones que ameriten el uso extraordinario de dichos medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se toma conocimiento de los números telefónicos que proporcionó en su demanda. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. En términos del artículo 26, fracción I, inciso j), la presente determinación entra en los supuestos de notificación personal a la parte quejosa, no obstante, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales. Por su parte, el artículo Noveno Transitorio del acuerdo citado establece que mientras se mantenga la suspensión de plazos en términos del Acuerdo General Plenario 13/2020 y sus prórrogas, las partes en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal podrán promover únicamente mediante el uso de la FIREL o de la e.firma, y en caso de que no sea posible emplazar a una de las partes o notificar por oficio a las autoridades responsables, o cuando éstas no cuenten con firma electrónica (FIREL o e.firma), la tramitación se suspenderá y podrá reanudarse una vez que se regularicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación. De lo anterior se desprende que la intención del Consejo de la Judicatura Federal es la utilización de la justicia en línea en su totalidad, y así evitar la movilización de personas a fin de disminuir el riesgo de contagios del virus Sars-cov2. En ese sentido, toda vez que los promoventes señalaron domicilio físico para oír y recibir notificaciones, la notificación personal del presente acuerdo se realizará hasta en tanto las condiciones sanitarias lo permitan y el Poder Judicial de la Federación así lo determine. En esas condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que por única ocasión establezca contacto con la parte quejosa vía telefónica, con la finalidad de hacerle del conocimiento que tiene una notificación personal ordenada en el presente juicio, la cual no podrá efectuarse hasta que se levante la suspensión de los plazos procesales ordenada en los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y 15/2020 antes citados. Por esos motivos, el actuario de la adscripción deberá exhortar a la parte quejosa con el fin de que proporcione un nombre de usuario para que solicite la práctica de notificaciones electrónicas, en términos de los artículos 34, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Para lo cual, es preciso señalar a los promoventes que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Y para obtener el acceso a dicho portal deben cumplirse los requisitos previstos en los artículos 16 y 18 del ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, que establecen: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 18. El registro en el Portal no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que la persona tenga interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, pues ello depende que así lo haya solicitado quien cuente con capacidad procesal para ello, y que, a su vez, lo haya autorizado el órgano. Asimismo, el fedatario deberá informarle a la quejosa los plazos, no transcurrirán hasta en tanto se pueda realizar la notificación personal o la referida electrónica; de ahí que hasta en tanto no se verifiquen estas actuaciones procesales, el trámite del juicio de amparo está suspendido. Finalmente, se instruye al actuario para que en caso de no poder llevar a cabo dicha comunicación o, ante la falta de algún número telefónico o correo electrónico de la parte quejosa, deberá certificar dicha imposibilidad, esto para los efectos legales conducentes; en el entendido de que de la diligencia de comunicación que lleve a cabo con motivo de lo ordenado en este auto, deberá levantar la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LOS PROMOVENTES UNA VEZ QUE SE REANUDEN LABORES.
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