Gildardo Pérez Prado
Expediente 830/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gildardo Pérez Prado
Actuaciones
- Principal
INCOMPETENCIA. Vista la demanda de amparo promovida por GILDARDO PÉREZ PRADO, contra actos del Agente del Ministerio Público del Área de Litigación adscrito a la Fiscalía de la Región de Apatzingán, Michoacán y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 830/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Ahora bien, de la demanda de amparo en trato, se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, estable lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ". IV.-ACTO RECLAMADO.- De las responsables reclamo el hecho de que se me pretende privar de mi libertad sin que exista orden de aprehensión dimanada de autoridad competente en donde se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, a nombre de mi persona GILDARDO PEREZ PRADO con lo que se pretende violar en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal de la Republica, además del auto de PRISION PREVENTIVA OFICIOSA con lo se deja al quejoso en total estado de indefensión, ocasionándome un daño irreparable ya que me privaría de mi libertad con la probable vinculación a proceso. ." Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tuvo materialización en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, lugar en donde tiene jurisdicción dicho Juez Federal, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual en lo conducente expresamente dispone: [...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. Ello es así, si se toma en consideración que del acto reclamado así como de los antecedentes de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama, en esencia, la detención de que fue objeto el trece de junio de dos mil diecinueve, al presentarse a las oficinas de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, con motivo de un citatorio que le fue girado; momento en el cual fue informado que se encontraba detenido en cumplimiento a una orden de aprensión dictada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Apatzingán, Michoacán, dentro de la causa penal APA/40/2019, instruida en contra de GILBERTO PÉREZ PRADO, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violación en agravio de la persona de iniciales E.S.G., siendo trasladado al Cereso de Apatzingán, Michoacán, lugar en que actualmente se encuentra recluido; por lo que, tiene el temor fundado que se perfeccione la orden de aprehensión y se obsequie una prisión preventiva oficiosa arbitraria en su contra. En ese tenor, el acto reclamado lleva implícita una ejecución, que se materializó en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, pues es ahí es donde residía el aquí quejoso, según se aprecia de la copia cotejada de su credencial para votar que adjuntó a su demanda de amparo, y que actualmente se está ejecutando en Apatzingán, Michoacán, lugar donde se encuentra detenido el quejoso con motivo de la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal APA/40/2019. Tiene aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006, que ilustra los siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Y la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, puesto que no se está en alguno de los supuestos previstos por el artículo 48 de la Ley de Amparo, para hacerlo de plano. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso señale como actos la posible aplicación de los actos prohibidos a que se refiere el artículo 22 Constitucional, sin embargo no ha lugar a proveer sobre la suspensión de oficio, toda vez que en la especie no se ubica en la hipótesis que estable el artículo 15 de la Ley de Amparo en concordancia con el diverso 48 del propio ordenamiento legal, puesto que hasta el momento no existe acto alguno que suspender, de la demanda de amparo no se aprecia que está siendo objeto de alguno de los actos prohibidos previstos por el primer numeral mencionado en este párrafo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL QUEJOSO. Por otro lado, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerla señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona en su ocurso de cuenta, o bien, el número telefónico que proporciona, en razón a que los medio de notificación propuestos no los contempla la Ley de Amparo reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; por tanto, las notificaciones se le practicarán por medio de lista, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto proporcione clave de usuario de alguno de sus autorizados, o bien, señale domicilio en esta ciudad para ese efecto. Asimismo, téngase autorizando para recibirlas a José Roberto Ventura Juárez, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 3912006, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, en tanto que José Luis Mora Martínez y Andrea Aguilar Ambriz, únicamente se les autoriza para recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer dicha profesión, por ser el presente asunto de naturaleza penal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". E LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
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