Gildardo Pelaez Bermejo

Expediente 231/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
231/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Gildardo Pelaez Bermejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    Atento al estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a los requerimientos efectuados en seis y diecisiete de marzo del año en curso, esto es, proporcionará la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General Regional, pues al pretender dar cumplimiento a la misma el quejoso únicamente señaló donde reside la autoridad responsable que se pretendió señalar con tal carácter y no su denominación; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio y se deja de tener con el carácter de autoridad responsable. En atención a lo expuesto y tomando en consideración que el mencionado quejoso no señaló a alguna otra autoridad como responsable en el presente asunto el que suscribe estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la continuación del presente juicio, razón por la que procede decretar el sobreseimiento aún fuera de la audiencia. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En las apuntadas condiciones, resulta pertinente precisar que los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De tales preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la ley que lo regula o de la Constitución Federal, así como que es parte en dicho juicio la autoridad responsable, entre otras, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la causal de improcedencia que resulta de la interpretación de los citados preceptos, el último de ellos a contrario sensu, deviene cuando el juicio de amparo se promueve respecto a un ente que no tiene el carácter de autoridad, pues preponderantemente el juicio de amparo se instaura respecto de actos de aquellos entes que tienen tal calidad, en términos del artículo 1 de la ley de la materia. En el caso, la agraviada en la demanda de garantías señaló como autoridad responsable al "agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General Regional"; sin embargo, ante la constancia elaborada el tres de marzo del año en curso por el Actuario Judicial adscrito a éste órgano jurisdiccional (en la cual asentó su imposibilidad para notificar la admisión de la demanda de amparo a dicha autoridad ante su inexistencia), por auto de seis de marzo del año en curso se le requirió precisara la denominación correcta de la misma, y al pretender dar contestación únicamente señalo donde reside la autoridad responsable que se pretendió señalar con tal carácter y no su denominación, por lo que ante tal situación se requirió nuevamente, sin que realizara manifestación al respecto en el plazo concedido, por lo en este mismo acto se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y se dejó de tener al citado fiscal como autoridad responsable. Por ende, ante la inexistencia del ente del Estado al que se le pueda atribuir la calidad de autoridad responsable conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es evidente que debe decretarse el sobreseimiento en este asunto, pues es obligación del promovente señalar la denominación correcta del funcionario a quien atribuye el acto reclamado, lo que en el caso no ocurrió. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DÍA TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que aún no transcurre la vista dada a la parte quejosa en proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete con la finalidad de que proporcione la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DÍA TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Sin que al efecto se giren oficios para comunicar el presente acuerdo, lo anterior tomando en consideración que la única autoridad señalada como responsable se tuvo como inexistente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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