Gildardo García Sánchez y Otros.

Expediente 1262/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1262/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Gildardo García Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.

  2. Principal

    Escrito de demanda firmado por ***, por su propio derecho. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 1262/2021. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: I. De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo el hecho de que se presentó escrito de denuncia en la oficialía mayor de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que se iniciara carpeta de investigación en contra de los servidores públicos: SUSANA ALTAGRACIA OSORIO ACOSTA, EN SU CALIDAD DE SERVIDORA PÚBLICA COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS INTERNOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL C. JORGE GÓMEZ TORRES COMO SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MEJOR CONOCIDO COMO "SAN MIGUEL", sin que a la fecha lo hayan realizado. Y de las autoridades ejecutoras reclamo, la falta de imparcialidad al emitir los oficios números ***, de fecha 06 de diciembre del año 2021 y oficio número ***, de fecha 10 de diciembre del año 2021. De los cuales se aprecia un claro conflicto de intereses. Por tanto, de la citada transcripción válidamente se puede presumir que dichos actos se traducen en omisiones o abstenciones por parte del Fiscal General del Estado de Puebla; Silvia Pedroza Rodríguez, Visitadora General de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Guillermo Velasco Morales, Fiscal Especializado de Asuntos Internos, de la Fiscalía General del Estado, al presentar el escrito de denuncia para iniciar la carpeta de investigación; así como la imparcialidad para la emisión de los oficios ***, de seis de diciembre de dos mil veintiuno y oficio ***, de fecha diez de diciembre del dos mil veintiuno El artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C), se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones antes transcritas. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Ahora, como agente investigador el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Indicado lo anterior, resulta pertinente señalar que los medios de impugnación son los actos procesales cuya finalidad es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C), fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama omisiones o abstenciones por parte del Fiscal General del Estado de Puebla; Silvia Pedroza Rodríguez, Visitadora General de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Guillermo Velasco Morales, Fiscal Especializado de Asuntos Internos, de la Fiscalía General del Estado, ante la falta u omisión de llevar a cabo actos de investigación, con motivo del escrito de denuncia para para iniciar la carpeta de investigación; así como la imparcialidad en la emisión de los oficios ***, de seis de diciembre de dos mil veintiuno y oficio ***, de diez de diciembre del dos mil veintiuno, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, este juzgador considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C), fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el recurrente por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien la omisión que alega la parte quejosa, constituye una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C), fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece en el artículo 258 en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. En consecuencia, el acto que por esta vía reclama el quejoso del amparo, lo constituye aquél que puede ser confirmado, revocado o modificado, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, está obligado a que deba agotarse el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige la materia, máxime que el quejoso estaba en aptitud de promover el recurso innominado ante el Juez de Control, aunado a que en el caso concreto no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere la invocada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario -ginacandanedo-, de conformidad con los artículos 79 y 80 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento al quejoso que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiree la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envié notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin la necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en lo que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia Se autoriza el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario -ginacandanedo- Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico que se menciona en su escrito de demanda, el cual servirá para entablar comunicación no procesal. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tiene registrada cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. En este orden de ideas, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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