Gildardo Cruz Gutiérrez
Expediente 1391/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2022
Partes del expediente
- Gildardo Cruz Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. ****************************************De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio con anexo de cuenta, suscrito por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite las copias certificadas del presente asunto, el voto particular del Magistrado Miguel Ángel Ramírez González; y, el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diez de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 369/2022, del índice de dicho Tribunal, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, cuyo testimonio de la ejecutoria tuvo a bien resolver: **************************************** "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********************en contra del acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del Juicio de amparo indirecto 1391/2022 de su índice.******************** ********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, acúsese el recibo correspondiente vía electrónica. ****************************************Con lo anterior este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo determinado por el Tribunal Colegiado oficiante, en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ****************************************De conformidad con el inciso b) del ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual acusa de recibo del escrito de expresión de agravios de ***autorizado de la parte quejosa en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso antes referido, en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito se da por enterado de la admisión a trámite del recurso de queja, mismo que quedó radicado con el número 369/2022 de la estadística del tribunal oficiante. ...
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San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta de la parte quejosa ***por medio del cual solicita la devolución de la garantía que se exhibió a fin de que surtiera efectos la suspensión concedida en autos. Al respecto, y tomando en consideración que constituye un hecho notorio que la reactivación de las labores jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, no ha sido plena, pues el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas de seguridad para contener la pandemia por el virus denominado SARS-CoV-2 (Covid-19), con la finalidad de proteger la salud de sus empleados y del público en general, lo que ha impedido que los órganos jurisdiccionales realicen en su totalidad sus actividades. Por lo que, a fin de no causar perjuicios a las partes y atendiendo a las cargas de trabajo que impera en este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se señalan doce horas con treinta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que el quejoso Inocencio Sánchez Torres, acuda debidamente identificado a las instalaciones que ocupa este juzgado Federal, a fin de que se le haga entrega del billete de depósito N 900715, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) que en su momento exhibió para que surtiera efectos la suspensión en el presente juicio. De igual manera, hágase del conocimiento que única y exclusivamente Inocencio Sánchez Torres o el depositante, podrán recoger dicho billete, previa identificación, endoso y razón que de ello se asiente en autos. En el entendido que se practicará la actuación correspondiente garantizando la distancia entre las partes y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles en el órgano jurisdiccional para asegurar la sana distancia entre quienes acudan presencialmente. Además en términos del artículo 25 quinto párrafo, del citado acuerdo podrá hacerlo acompañado de una sola persona. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio de la parte quejosa, le haga saber la fecha y hora señalada con antelación, y le haga entrega del acuse de confirmación de cita con folio 90211/2022 que contiene el código QR. Con fundamento en el artículo 23, fracción I, del citado Acuerdo 21/2020 la diligencia encomendada, se deberá de desahogar en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo hágase del conocimiento de la parte quejosa que el mencionado código es para el acceso al inmueble, siendo indispensable que la persona que acuda a la cita exhiba el QR impreso o digital, solicitando se presente con 5 minutos de anticipación a su cita, observado en todo momento cumplir con las medidas sanitarias. ..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1391/2022. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Gildardo Cruz Gutiérrez, en contra de los actos del Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 2, 4, 5, 14, 16, 31 y 115 Constitucionales, se provee: Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo precitado, solicítese a las partes para que señalen correos electrónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Autorizados Se tiene como autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Marco Antonio Morales Delgadillo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Consulta y notificaciones electrónicas Con fundamento en los artículos 34, 35, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la parte quejosa, para la consulta y notificación electrónica del presente juicio de amparo, dado que el usuario "MarcoMorDel" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de consultar el expediente electrónico en el presente juicio de amparo y recibir notificaciones de manera electrónica. En relación a la petición formulada por la parte quejosa en el sentido de que se le autorice el envío de promociones de manera electrónica a través del usuario referido, hágase de su conocimiento que dicha autorización es innecesaria, dado que tiene expedito su derecho para presentar tales promociones a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación con el uso de una firma electrónica FIREL o e-firma, las que serán admitidas siempre y cuando la persona que las firme electrónicamente cuente con la capacidad procesal necesaria para actuar en este asunto, en términos del numeral 51 del Acuerdo General 12/2020; razón por la cual, al tenor de lo dispuesto por el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, no se acuerda de conformidad, por notoriamente improcedente, tal petición. Correo electrónico En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por señalada la cuenta de correo electrónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario, y no para que se le realicen notificaciones por estos medios. Análisis de desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. ...Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los siguientes: El Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en específico el Título Segundo denominado De la Admisión, así como las omisiones y negativas que cita, mismas que hace depender como consecuencia directa de la inconstitucionalidad del citado reglamento. ... En el caso, respecto del acto reclamado precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este sentido, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, se sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. . Tal necesidad de ampliar el concepto de autoridad, a fin de que el juicio de amparo cumpla con su función de tutela efectiva de los derechos humanos, fue atendida por el legislador al emitir la actual Ley de Amparo, no sólo con la adopción de las notas distintivas ya esbozadas en la jurisprudencia, sino también con la inclusión de la posibilidad de que los particulares sean llamados como autoridad al juicio de amparo, porque llevan a cabo actos equivalentes a los de autoridad. Expuesto lo anterior, quien aquí resuelve considera pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra subordinación y de coordinación, determinando lo siguiente. Las relaciones de supra subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan, por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir de igualdad, por lo que para dirimir sus controversias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En el caso concreto el quejoso Gildardo Cruz Gutiérrez, reclama el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en específico el Título Segundo denominado De la Admisión así como las omisiones y negativas que cita, mismas que hace depender de manera directa de la inconstitucionalidad del citado reglamento. Sin embargo, dichos actos, no reúne los elementos necesarios para ser considerados, para efectos de este juicio de amparo, como emitidos por una autoridad. Se afirma lo anterior en razón de que las autoridades señaladas como responsables actúan con el objeto de prestar servicios educativos, por lo que el acto reclamado no debe ser considerado como acto de autoridad, porque no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, desprovisto de imperio y en una relación de coordinación, pues el acto que reclama el quejoso, es propio de una relación entre la universidad y sus educandos, de lo que se deduce que no existe una relación de supra a subordinación, pues no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales de manera imperativa, en razón de que no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, pues en la especie, se trata de actos relacionados con la inscripción o ingreso de sus alumnos. ... Así, cuando la controversia se suscita entre universidades particulares y sus educandos, respecto a cuestiones relacionadas con inscripción o ingreso, debe considerarse que no constituye un acto unilateral, sino de coordinación. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, se insiste, es evidente que con el acto reclamado, no actúa en un plano superior al de la parte peticionaria de amparo, ni la consideraron como parte gobernada. Es decir, el acto reclamado, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a dichas dependencias con el quejoso como particulares y educandos. Ello, debido a que el derecho del quejoso que aduce violado por las aquí designadas como autoridades responsables, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad. Por lo que se concluye que las entidades a las que se les atribuyó el carácter de autoridades responsables en la demanda de amparo, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la parte quejosa, derivado del punto de coordinación existente como Universidad (autoridades señaladas como responsables) y educandos (parte quejosa); y, por tanto, los actos que reclama no constituyen, de acuerdo con su naturaleza, actos de autoridad, sino actos entre particulares, por lo que no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo cual los actos que les son imputados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. En mérito de lo anterior, es posible afirmar que el acto reclamado no es de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, pues se suscitó en un plano de coordinación. Desechamiento En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. ...
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