Gildardo alejandro Bautista Zárate

Expediente 750/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
750/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2017

Partes del expediente

  • Gildardo alejandro Bautista Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el quince de agosto de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, se ordena la devolución del cuaderno de pruebas, remitido por el Juez responsable. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 750/2017; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. GILDARDO ALEJANDRO BAUTISTA ZÁRATE, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer en su momento al juzgado Segundo de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Gobernador del Estado de Oaxaca, Dirección de Recursos Humanos y Departamento de Salarios y Prestaciones, consistentes en el no dar seguimiento a su petición de cancelar la pensión alimenticia del 14.5% a favor de Víctor Uriel Bautista Hernández, decretada mediante resolución dictada en el incidente de reducción de pensión alimenticia 749/2010; actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, previo requerimiento, el juez Segundo de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, radicándola con el número 511/2017, así mismo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación de su adscripción. Por auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, y al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 45 y 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las Oficias de Correspondencia Común, el citado juez Federal, declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional. TERCERO. En proveído de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, y al compartirse los argumentos aducidos por el juez declinante, este juzgador aceptó la competencia planteada, por lo que dio la intervención que le corresponde a la Representación Social de la Federación adscrita, sin requerir los informes al ya obrar en autos, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Gobernador del Estado, Dirección de Recursos Humanos y Departamento de Salarios y Prestaciones del Gobierno del Estado, la negativa a dar seguimiento a su petición de cancelar la pensión alimenticia del 14.5%, decretada a favor de su hijo Víctor Uriel Bautista Hernández; De la juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, la dilación para hacer cancelar el 14.5%, de la pensión alimenticia decretada a favor de Víctor Uriel Bautista Hernández, y que se determinó en resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en el expediente familiar 749/2010. TERCERO. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador, la Directora de Recursos Humanos, y el Jefe del Departamento de Salarios y Prestaciones, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, la cual se acepta en sus términos. Ello es así, pues como quedó precisado en el considerando que antecede, el acto reclamado por cuanto hace a las responsables en cita, consistente la negativa a dar seguimiento a su petición de cancelar la pensión alimenticia del 14.5%, decretada a favor de su hijo Víctor Uriel Bautista Hernández. Ahora, la inexistencia del acto reclamado estriba en que el quejoso GILDARDO ALEJANDRO BAUTISTA ZÁRATE, no aportó en autos, como prueba documental el acuse de recibo original que contenga la petición formulada a las responsables, en el que aparezca claramente el sello fechador original de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo, a fin de acreditar que efectivamente realizó una petición, a la cual las responsables se han negado dar seguimiento; siendo que en asuntos como el presente, queda a cargo de la parte quejosa la prueba que determine la existencia del acto reclamado. En esas condiciones, y al ser inexistente el acto reclamado, conlleva a sobreseer en el presente asunto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. La juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias anexas, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de este último ordenamiento legal. QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI.-Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, la parte quejosa reclama de la juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la dilación para hacer cancelar el 14.5%, de la pensión alimenticia decretada a favor de Víctor Uriel Bautista Hernández, y que se determinó en resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en el expediente familiar 749/2010. Ahora, conforme a las copias certificadas del citado expediente, se desprende que mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, entre otras cosas, la juez responsable declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso GILDARDO ALEJANDRO BAUTISTA ZÁRATE en contra de Víctor Uriel Bautista Hernández, por lo que ordenó cancelar el 14.5% de pensión alimenticia definitiva que en su momento se le concedió; así también, en el resolutivo octavo de dicha determinación, refirió que al quedar firme esa resolución, se girara el oficio correspondiente para su cumplimiento. Luego, mediante proveído de veinte de junio del año en curso, la juez responsable declaró firme la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, al no ser recurrida por ninguna de las partes, ordenando a la mesa de cumplir se sirviera dar cumplimiento al resolutivo octavo de la mencionada resolución. En ese sentido, al haber ocurrido tales circunstancias con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías (diez de mayo de dos mil diecisiete), ello conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento. En efecto, pues la dilación atribuida a la juez responsable para hacer cancelar el 14.5%, de la pensión alimenticia decretada a favor de Víctor Uriel Bautista Hernández, cesó al momento de emitir el acuerdo de veinte de junio del año en curso, pues en el mismo turnó los autos a la mesa de cumplir a efecto de cumplimentarse la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 750/2017, promovido por GILDARDO ALEJANDRO BAUTISTA ZÁRATE. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por la Jefa del Centro de Atención al Público de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; visto su contenido, téngasele dando cumpliendo al requerimiento formulado en auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete y remitiendo el acuse de las piezas postales MN619400770MX y MN61940783MX; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

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