Gilda Isabel Carretero Lozano
Expediente 1766/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1766/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Gilda Isabel Carretero Lozano
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, las partes no realizaron manifestaciones al respecto y ya trascurrió el plazo otorgado para tal efecto, como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Así, por sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 103 - 131reverso), para los efectos siguientes: "A. Se modifique la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, para efecto de ingresar al grupo de edad al que pertenece la parte quejosa (cinco a once años), con la finalidad de garantizar la total efectividad y respeto de los derechos de los infantes. A.1. Llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias para iniciar, continuar o concluir (según sea el caso), la investigación médico, científica y sanitaria, a efecto de que se establezca lo relativo a la instrucción de inocular al grupo de edad al que pertenece la parte quejosa, es decir, de cinco a once años de edad, tomando en consideración, de ser necesario, la evidencia científica que obre sobre los biológicos existentes, de carácter internacional. A.2. Solicitar y analizar la documentación presentada por las farmacéuticas, relativas a la aprobación de la formulación de las vacunas en dicho sector social (niñas y niños de cinco a once años de edad sin limitaciones de salud). B. Se aplique en favor del menor quejoso de iniciales L.E.G.V. -actualmente de siete años-, ya sea directamente por la propia autoridad responsable o por conducto de la autoridad que se encargue de la aplicación de la vacuna, de acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio de la parte quejosa, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2 para la prevención de COVID-19 en México y, de ser el caso, se aplique la vacuna respectiva al citado menor. B.1. Lo anterior, previa autorización libre e informada de sus padre, madre, o tutor, sobre los riesgos por la vacunación; así como también, previa valoración médica integral y exhaustiva al menor en donde en su caso se determine, si físicamente y de acuerdo a su edad y estado de salud, es candidato a la aplicación de la misma y en las modalidades (tipo o marca de la vacuna) así como las dosis correspondientes de acuerdo a todos los aspectos médicos que deben de tomarse en consideración, como por ejemplo de manera enunciativa y no limitativa el peso, edad, alergias, enfermedades, y demás aspecto fácticos que puedan ser referencia. B.2. Siempre y cuando, una vez que se realice dicha valoración médica integral y exhaustiva al menor, se presente la constancia expedida por su médico tratante en la que con prescripción médica indique que el menor es apto para recibir la vacunación y de acuerdo a su edad, peso y talla, indique la dosis que deba suministrarle de conformidad con los lineamientos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. B.3. Asimismo, la autoridad responsable, deberá tomar en consideración las medidas de riesgo con respecto a la miocarditis; el esquema recomendado de aplicación para la primera dosis y preferiblemente ocho semanas después, la segunda dosis; así como lo referente a que el menor debe ser observado durante treinta minutos después de la vacunación en entornos donde la anafilaxia pueda tratarse de inmediato; así como aplicarse la inoculación en un entorno preparado para tratar posibles causas de anafilaxia." Sentencia que fue recurrida por el Secretario del Consejo de Salubridad General y Secretario de Salud del Gobierno Federal y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por lo que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós (foja 199), se ordenó remitir al tribunal colegiado correspondiente para la sustancian de los recursos de revisión hechos valer. En autos de once octubre de dos mil veintidós (foja 213) y cinco de junio de dos mil veintitrés (foja 226), se tuvo por recibidos los oficio procedentes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante los cuales informaron que desechó los medios de impugnación hechos valer. En ese tenor, el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés (foja 226 y 227), se requirió cumplimiento a las autoridades responsables. Así, por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés (foja 233) la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, informó los motivos por los cuales tenía impedimento para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo: asimismo en ese auto se reservó proveer lo conducente hasta en tanto se contara con la totalidad de los informes de las diversas autoridades responsables. Por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 258), se requirió cumplimiento a las autoridades responsables. Por autos de catorce y dieciocho de julio de dos mil veintitrés (fojas 272 y 278), se recibieron los oficio del Secretario Consejero de Salubridad y Secretario de Salud, por los cuales manifestaron la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de dos de agosto de dos mil veintitrés (foja 280), se requirió cumplimiento a las autoridades responsables. En ese tenor, mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés (foja 295), se tuvo por recibido el oficio de la comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios por el cual informó el impedimento para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, se dio vista a las partes con las los informes rendidos por las responsables. HECHO NOTORIO En ese orden, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte como hecho notorio que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa informó que el menor de identidad reservada L.E.G.V., el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, recibió la primer dosis de la vacuna Pfizer BioNtech contra el virus SARS-Cov2 y anexó el comprobante respectivo que así lo acredita (foja 198) Asimismo, se advierte que bajo protesta de decir verdad, el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el infante quejoso recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNtech contra el virus SARS-Cov2 (foja 327). En ese orden, el estado de autos se evidencia que la responsable el veintitrés de marzo y el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, aplicó la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, al menor de identidad reservada de iniciales L.E.G.V., circunstancia que se acredita con los comprobantes de vacuna que obran en autos del incidente de suspensión derivado de este sumario constitucional. Constancias con las que las responsables acreditaron haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos. Por lo tanto, es evidente que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, pues se cumplieron los efectos de la sentencia de amparo en sus términos, sin excesos ni defectos. Por ello, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas. DESTINO DEL CUADERNO PRINCIPAL Por otra parte, en acatamiento al artículo 17, fracción III inciso a), del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES"; este expediente es conservable y una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un expediente en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. DESTINO DEL CUADERNO INCIDENTAL ORIGINAL Asimismo, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el incidente de suspensión es conservable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. Debido a que el destino del incidente es el mismo que el expediente principal; glósese el incidente a los autos. RELEVANCIA DOCUMENTAL Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Abimelec Augusto Figueroa Lagunas, secretario que autoriza y da fe.vos
- Principal
Se da vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo remitido por las autoridades responsables, para que en el termino de tres dias manifiesten lo que a su derecho e interes convenga
- Principal
L. Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos, se advierte que las partes no expusieron manifestaciones relativas a la manera en que la autoridad responsable expresó haber dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, por lo que, se procede a calificar el mismo. ......................se desprende que la autoridad responsable solo dio cumplimiento al numeral "2", sin embargo fue omisa en remitir una respuesta fundada y motivada, respecto de su escrito de aceptación de pensión que le fue presentado por la parte quejosa....................requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, se sirva remita el cumplimiento total al fallo protector estos es:.................... Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestaciones sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 52 a 59), este Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio respecto del acto consistente en la omisión de acordar el auto de ejecución y/o requerimiento de cumplimiento de laudo dictado en el expediente laboral 535/2018, atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Carlos Alberto Sánchez Lorenzo, respecto del acto consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para verificar que el actuario adscrito a dicho Tribunal ejecutara el auto de ejecución y/o cumplimiento y la omisión de ejecutar el requerimiento de cumplimiento de laudo, este último acto atribuido al actuario adscrito a dicho tribunal, para los siguientes efectos: ". el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones para lograr el cabal cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 535/2018, de su índice, posterior a que cause ejecutoria la presente sentencia y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten a este juzgado." Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados al actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia de los reclamados a la autoridad ordenadora. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, causó firmeza la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a las autoridades responsables (foja 69). En atención a ello, mediante diversos oficios recibidos en este Juzgado Federal en fechas ocho, dieciséis y veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas 81 a 84, 90 a 93 y 100 a 102), veintidós de diciembre de dos mil veintidós (fojas 109 y 110), así como veinte de febrero de dos mil veintitrés (fojas 119 a 124) el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 535/2018, con las que acreditó que estaban realizando gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Asimismo, en diverso oficio TECA400F/104010/A.I/849/2023 recibido el uno de marzo de dos mil veintitrés, en este Juzgado de Distrito, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del auto de veintisiete de febrero del año en curso, en el que dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle, Estado de México, señalando las once horas del siete de marzo de la anualidad para que tuviera verificativo dicha diligencia (fojas 131 a 133). Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 134). Analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable, en proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal determinó que la sentencia no estaba cumplida, toda vez que el tribunal responsable no había remitido copia certificada del resultado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle, Estado de México, prevista para las once horas del siete de marzo de la anualidad; motivo por el que se le requirió a fin de que remitiera dichas documentales (fojas 140 y 141) En cumplimiento a ese requerimiento, así como a los diversos que este órgano jurisdiccional emitió en autos de fechas veintitrés de marzo de la anualidad (fojas 154 y 155), diez y veinte de abril de dos mil veintitrés (fojas 165, 166 y 187 a 189), se recibieron en este Juzgado Federal los oficios TECA400F/104010/A.I./1124/2023, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés (fojas 150 a 153); TECA400F/104010/A.I./1126/2023, el cuatro de abril de esta anualidad (fojas 161 a 164); TECA400F/104010/A.I./1581/2023 el diecinueve de abril de dos mil veintitrés (fojas 170 a 186); y TECA400F/104010/A.I./1927/2023 el diez de mayo de dos mil veintitrés, en los que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México informó que había señalado diversas fechas para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo contra la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle, Estado de México, siendo la última fecha señalada para el doce de junio de esta anualidad; pero que, por falta de coordinación de la parte actora ahora quejosa con el actuario de su adscripción, no se había logrado desahogar dicha diligencia. Estudiadas las documentales remitidas por la autoridad responsable, en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó que la sentencia no estaba cumplida, por lo que se requirió a la autoridad responsable a efecto de que remitiera las constancias con las que acreditara el cumplimiento a la misma, o en su caso, remitiera las constancias de las que se advirtiera la imposición de las medidas de apremio que empleó a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia. Además, con el objeto de obtener el cumplimiento de la sentencia, se ordenó notificar dicho proveído de manera personal al quejoso Carlos Alberto Sánchez Lorenzo (fojas 201 a 203). Por oficio TECA400F/104010/A.I./2304/2023 recibido en este Juzgado Federal el uno de junio de la anualidad, (foja 218 a 234) el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada de diversas constancias para acreditar las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 218 a 234); por lo que en proveído de dos de junio siguiente, este órgano de control constitucional requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera total cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 235 y 236). Mediante escritos recibidos el doce y catorce de junio de dos mil veintitrés, el quejoso Carlos Alberto Sánchez Lorenzo, por conducto de su autorizado, realizó diversas manifestaciones relativas al incumplimiento de las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo (fojas 240, 241, 245 a 247); escritos que fueron remitidos a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para los efectos conducentes (fojas 257 y 258). Es así que por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable ordenadora para que informara el resultado de la diligencia señalada para las doce horas del doce de junio de dos mil veintitrés, solicitándole que adjuntara las constancias que acreditaran su dicho (fojas 248 y 249). Con relación a ello, a través del oficio TECA400F/104010/A.I./2542/2023 recibido el diecinueve de junio de la anualidad, en este Juzgado Federal (fojas 252 a 254) el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, por el que tuvo por recibido el escrito de la apoderada legal de la parte demandada en el juicio laboral de origen, a través del cual exhibió el título de crédito 0000751 por la cantidad de $49,770.40 (cuarenta y nueve mil setecientos setenta pesos 40/100 moneda nacional), a nombre del actor Carlos Alberto Sánchez Lorenzo, y ordenó dar vista a éste último a efecto de que compareciera a las oficinas de ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje a fin de llevar a cabo la entrega del citado documento. Asimismo, adjuntó a su oficio el citado escrito presentado en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle, Estado de México (fojas 252 a 254). En proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con dichas constancias a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 255). Posteriormente, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./2732/2023 recibido el veintiocho de junio de la anualidad, en este Juzgado Federal (fojas 259 a 261) el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el que dictó auto de requerimiento de pago y embargo, señalando las once horas del doce de julio del año en curso, para la práctica de dicha diligencia. En ese sentido, por auto de seis de julio del año en curso (fojas 264 a 267), este órgano jurisdiccional determinó que atendiendo que los efectos del fallo protector dictado en el presente asunto, consistieron en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realizara las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones para lograr el cabal cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 535/2018, de su índice; asimismo, que en la parte considerativa del fallo se estableció que aun cuando con fecha posterior a la presentación de la demanda, esto es, el quince de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió auto de requerimiento de pago y embargo contra la parte demanda, no obraba constancia alguna de la que se advirtiera su cumplimiento, empleando los medios de apremio que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; además, que de autos se advertía que por diversas circunstancias no se había llevado a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, no obstante que el tribunal responsable la había programado para diversas fechas; por lo que, se declaró que la sentencia de amparo no estaba cumplida. Por tanto, se requirió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a efecto de que en el término de tres días legalmente computado, remitiera copia certificada de la notificación al actor aquí quejoso Carlos Alberto Sánchez Lorenzo del proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen, por el que se le dio vista a efecto de que compareciera a las oficinas de ese Tribunal a fin de que se le entregara el título de crédito 0000751 por la cantidad de $49,770.40 (cuarenta y nueve mil setecientos setenta pesos 40/100 moneda nacional); así como de la notificación del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el que emitió auto de requerimiento de pago y embargo y, señaló fecha y hora para el desahogo de dicha diligencia. De igual manera se requirió a las autoridades responsables Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y actuario adscrito a dicho tribunal, para que una vez llevada a cabo la diligencia prevista para el doce de julio de dos mil veintitrés, remitieran las constancias con las que acreditaran el resultado de la misma, o bien, en caso de no llevarse a cabo, el tribunal responsable informara las medidas de apremio que en su caso determinó imponer a las partes por su incumplimiento. Lo anterior, dado que la sentencia por la que este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos Alberto Sánchez Lorenzo, se emitió desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, las sentencias deben cumplirse puntualmente, correspondiendo a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento llevar a cabo las gestiones necesarias para lograr tal fin. Por tanto, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./3070/2023 recibido el treinta y uno de julio de la anualidad, en este Juzgado Federal (fojas 272 a 274) el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del proveído de doce de julio del año en curso, en el que tuvo por recibido escrito de esa propia fecha por parte del apoderado de la demandada, al que adjuntó cheque número 0000810, dos copias simples, una póliza de cheque y dos recibos de nómina y cuyo título de crédito era de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, por un monto de $45,402.61 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 61/100 M. N.), de la cual fue retenida la cantidad de $19,458.25 (diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 61/100 M. N.), por concepto de Impuesto Sobre la Renta, cantidades que sumadas correspondían a un total de $64,860.86 (sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta pesos 86/100 M. N.), suscrito a favor de Carlos Alberto Sánchez Lorenzo. En consecuencia, dicha autoridad suspendió la diligencia de requerimiento de pago y embargo programada para las once horas del doce de julio de dos mil veintitrés, pues consideró que no era posible dividir la ejecución del laudo, toda vez que por la presentación de los títulos de crédito debía realizar la actualización para dictar auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad debidamente actualizada, ya que de no hacerlo se dejaría en estado de indefensión a la parte demandada por doble pago; por lo que, dio vista a la parte actora para que compareciera en las instalaciones que ocupa, para entregarle el cheque antes descrito, previa firma de la póliza respectiva. Asimismo, en vía de informe, dicho Tribunal ordenó remitir a este juzgado copia certificada del referido escrito y acuerdo de doce de julio del año en curso; sin embargo, únicamente remitió del auto de referencia. Aunado a que la responsable fue omisa en remitir las constancias que se le requirieron en auto de seis de julio de dos mil veintitrés, esto es, copia certificada de la notificación al actor aquí quejoso Carlos Alberto Sánchez Lorenzo del proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen, por el que se le dio vista a efecto de que compareciera a las oficinas de ese Tribunal a fin de que se le entregara el título de crédito 0000751 por la cantidad de $49,770.40 (cuarenta y nueve mil setecientos setenta pesos 40/100 moneda nacional); así como de la notificación del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el que emitió auto de requerimiento de pago y embargo y, señaló fecha y hora para el desahogo de dicha diligencia. En proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con dichas constancias a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 275). Mediante escrito presentado el dos de agosto siguiente, el autorizado de la parte quejosa señaló que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en la fecha establecida para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, pues la demandada realizó un pago parcial de $45,402.61 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 61/100 M. N.), por lo que se suspendió la diligencia. Asimismo, indicó que Carlos Alberto Sánchez Lorenzo acudió a las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de julio del año en curso, a recoger los cheques que dejaron a su disposición para su cobro, con la aclaración de que el cheque 0000451, por la cantidad de $54,623.00 (cincuenta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 00/100 M. N.), no fue posible cobrarlo ya que la parte tercera interesada tenía convenio de tiempo de cobro de chequera, por lo que fue regresado a la responsable para su conocimiento. Además, señaló que la parte actora sólo ha recibido la cantidad de $95,173.01 (noventa y cinco mil ciento setenta y tres pesos 01/100 M. N.), y no la que indicó la tercera interesada, por lo que debía declararse no cumplida la sentencia (foja 281). En proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó comunicar a las partes que los efectos de la sentencia de amparo consisten en que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones para lograr el cabal cumplimiento del laudo emitido en el expediente 535/2018; atribuciones entre las cuales se encuentra emplear los medios de apremio que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés (fojas 285 a 289). Por oficio TECA400F/104010/A.I./3934/2023 recibido el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, remitió copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo en el expediente 535/2018, de su índice (fojas 308 a 322), esto es: Auto de catorce de septiembre de dos mil veintitrés. Notificación a las partes del auto de veintidós de junio del año en curso. Diligencia de treinta de junio de dos mil veintitrés. Auto de doce de julio de dos mil veintitrés. Diligencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Escrito firmado por el apoderado de la parte actora. Auto de uno de septiembre de esta anualidad. Diligencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés. Entrega de cheque número 41742756. Diligencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés. Con dichas documentales se dio vista a las partes en proveído de veinte de septiembre de la anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 323). En proveído de veintiocho de septiembre de la anualidad este juzgado determinó que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, por lo que se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, informara el resultado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo prevista para esa fecha -veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés- como fue ordenado en proveído de uno de septiembre de la anualidad, e informara si en caso de incumplimiento, impuso alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; finalmente para que justificara las razones por las cuales no ha impuesto dichas medidas de apremio a pesar de que no se da dado cabal cumplimiento al laudo emitido en el expediente 535/2018 (fojas 327 a 335). Por oficio TECA400F/104010/A.I./4222/2023 recibido el seis de octubre de dos mil veintitrés, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, remitió copia certificada del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, del que se advierte que en virtud de que la demandada en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés exhibió a favor del trabajador pago parcial del laudo, se imposibilitó legalmente llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo previsto para esa fecha; por lo que señaló las doce horas del treinta de octubre de la anualidad para la diligencia de requerimiento de pago y embargo (fojas 356 a 360). Por oficio TECA400F/104010/A.I./4608/2023 recibido el trece de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, remitió copia certificada del auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que la demandada en fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés exhibió a favor del trabajador pago parcial del laudo, por lo cual se suspendió la diligencia de requerimiento de pago y embargo programada para esa fecha (fojas 401 a 404). Con estas últimas constancias se dio vista a las partes, en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 404). Ahora bien, no obstante que por autos de nueve, treinta, y treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (fojas 361 a 363; 382 y 383; 395 y 396)) se requirió a la autoridad responsable que diera cabal cumplimiento a la sentencia, así como a lo ordenado en auto de veintiocho de septiembre de la anualidad; la autoridad responsable ha sido omisa en atender los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional. Lo anterior, dado que hasta este momento la responsable no ha justificado las razones por las cuales no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, realizar las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones para lograr el cabal cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 535/2018, de su índice; entre las que se encuentra imponer las medidas de apremio establecidas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Ello porque, en la parte considerativa del fallo se estableció que aun cuando con fecha posterior a la presentación de la demanda, esto es, el quince de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió auto de requerimiento de pago y embargo contra la parte demanda, no obraba constancia alguna de la que se advirtiera su cumplimiento, empleando los medios de apremio que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Situación que continúa subsistiendo a la fecha, dado que la diligencia de requerimiento de pago y embargo programada por la autoridad responsable para diversas fechas no se ha llevado a cabo por circunstancias como que la parte actora no se asoció con el actuario (fojas 151, 162 y 195) o que la parte demandada exhibió pago parcial de laudo en favor del trabajador (fojas 260, 273, 348, 376 y 402), por citar algunas. Así, se advierte que aun cuando la responsable ha señalado fechas para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, la misma se ha suspendido dado que, previo al desahogo de la diligencia, la parte demandada exhibe cheques por pagos parciales, lo que ocasiona que se suspenda la misma y la responsable señale nueva fecha para su desahogo, que tampoco se lleva a cabo por la misma circunstancia (pago parcial); lo que de ningún modo puede considerarse como una gestión suficiente por parte de la autoridad responsable para lograr el cabal cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 535/2018, de su índice; pues se reitera, dentro de sus atribuciones se encuentra imponer las medidas de apremio establecidas en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que hasta este momento no ha hecho la responsable. No pasa desapercibido que la autoridad responsable ha señalado que la parte demandada ha mostrado disposición para acatar el laudo, por lo que no le ha impuesto las medidas de apremio; sin embargo, como ya se dijo, la autoridad está obligada a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento cabal (no parcial) al laudo emitido en favor del trabajador aquí quejoso; pues la conducta reiterada de la parte demandada de que previo a la diligencia de requerimiento de pago y embargo presente los pagos parciales en ningún modo impide a la responsable imponer las medidas de apremio en caso de no acatar las determinaciones que emita en cumplimiento a la sentencia de amparo para lograr el cabal cumplimiento del laudo. En ese tenor, considerando que el artículo 192 de la Ley de Amparo establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; y que en el presente asunto: 1) Transcurrió aproximadamente más de un año desde que causó ejecutoria la sentencia y se requirió por primera ocasión a las autoridades responsables el cumplimiento a la misma -veinticuatro de octubre de dos mil veintidós-; 2) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México ha dictado en diversas ocasiones auto de requerimiento de pago y embargo, señalando fecha para la diligencia, con el apercibimiento correspondiente para el caso de incumplimiento, diligencia que no se ha llevado a cabo por diferentes circunstancias; entre las que destacan los pagos parciales del laudo por parte de la demandada. 3) No se cuenta con constancia que acredite que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México impuso alguna de las medidas de apremio de las que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aun cuando está dentro de sus facultades imponerlas. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase por ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a fin de que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento cabal a la sentencia de amparo, esto es, realice las gestiones necesarias dentro de sus atribuciones para lograr el cabal cumplimiento del laudo emitido en el expediente 535/2018 de su índice. APERCIBIMIENTO En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se le informa que de constituirse en actitud omisiva, también se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Notifíquese como legalmente corresponda.
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