GILDA BERENICE ANTONIO RUIZ y Otros.
Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- GILDA BERENICE ANTONIO RUIZ y Otros.
- Antonio de Jesús Vidal Jiménez
Actuaciones
- Principal
MESA II. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 309/2022. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que de la demanda de amparo se advierte que los disidentes ***y ** reclaman el acto siguiente: Del Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combaten: La negativa de expedir copias de todo lo actuado en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A 19/2022 solicitadas en su comparecencia de catorce de marzo de dos mil veintidós. Enseguida, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por *** y ***, porque en relación con el acto reclamado al Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la negativa de expedir copias de todo lo actuado en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A 19/2022 solicitadas en su comparecencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que esa determinación no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el segundo numeral inserto dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre esa base, debe destacarse que la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual deben reclamarse tanto violaciones de fondo, como del procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de los derechos humanos del impetrante, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Por tanto, al establecer el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiéndose aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, también en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, página 196, Novena Época (registro 184435), del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." De conformidad con lo expuesto, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento y, como excepción, procede el amparo, aun y cuando no se haya dictado la resolución que ponga fin al procedimiento cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación. En este punto, se debe entender como actos cuya ejecución es de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que, esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. Por lo que en estos casos puede acudirse al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte la resolución final en el procedimiento administrativo, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aun cuando el afectado obtuviera una decisión favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal (como sucede con el acto impugnado en este asunto), cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer; o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una resolución favorable a los inconformes. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental tutelado por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el procedimiento, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo. Con base en lo anterior, debe precisarse que la actuación que los inconformes reclaman del Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, atinente a la negativa de expedir copias de todo lo actuado en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A 19/2022 solicitadas en su comparecencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, se trata de un acto que conforme a lo establecido por el artículo 107, fracción III inciso b), de la ley de la materia, por el momento en el que se dictó no es de imposible reparación y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y son susceptibles de repararse si obtiene resolución favorable y, en el caso contrario, pudiera ser procedente la vía indirecta contra esta última decisión. En efecto, se advierte que la actuación impugnada tiene su origen en el procedimiento de investigación al que los inconformes se encuentran sujetos por probables faltas al régimen disciplinario, por lo que únicamente se trata de instrumentarlo para decidir sobre la imposición de alguna de las sanciones previstas por el numeral 182, fracciones I, II y IV, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, porque de lo que los justiciables expusieron no se detecta que se esté ante un procedimiento de remoción y tampoco de separación previstos por los ordinales 169, 171, fracciones I y II, 172, 188, fracción III, y 188 de la citada reglamentación; de ahí que el acto reclamado tiene el carácter de intraprocesal y no causa afectación de imposible reparación. Con base en lo anterior, es factible sostener que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa aun cuando alega una transgresión a su prerrogativa de defensa y, por ende, no puede considerarse como una actuación dentro del procedimiento de investigación cuyos efectos sean de imposible reparación, pues como los propios disconformes lo reconocen se trata de un procedimiento de investigación al cual se encuentran sujetos por posibles faltas al régimen disciplinario, es decir, que no les está imponiendo alguna medida disciplinaria, ni hay una suspensión de la relación administrativa que los une con la institución policial a la que pertenecen y tampoco se está ante los procedimientos administrativos de remoción o de separación de sus cargos. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia XV.4o. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2426, Materia Común, Décima Época (registro 2019368), del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación. Por tanto, por notoriamente improcedente este medio extraordinario de defensa se desecha de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que la actuación atribuida al Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la negativa de expedir copias de todo lo actuado en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A 19/2022 solicitadas en su comparecencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, no constituye un acto de imposible reparación. Representante común de los quejosos. En términos de lo previsto por el normativo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de la parte quejosa a **. Autorizados y forma de realizar las notificaciones. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que señala en su demanda, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho y porque así lo solicitó expresamente. Se autoriza a los justiciables para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre del usuario "ArturoGDiaz" que proporciona, porque manifiestan expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, circunstancia que se privilegia en lugar del domicilio procesal que señalan, dada la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país derivado del virus Covid-19. En razón de lo anterior, no se autoriza el domicilio que los agraviados señalan para oír y recibir notificaciones, porque no pueden coexistir dos formas de notificación de las resoluciones judiciales que se dicten en el presente medio extraordinario de defensa, sin que esa determinación deje en estado de indefensión a los inconformes, porque las notificaciones personales se realizarán por la vía electrónica. En otro punto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "ArturoGDiaz" a fin de que se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Por otro lado, se tiene a los inconformes por señalados el correo electrónico y el número telefónico que proporcionan, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Exhortación para el señalamiento de Exhortación para el señalamiento de correo electrónico. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las demás partes para que proporcionen un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que de ser posible continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese a la parte quejosa por la vía electrónica.
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