Gilberto Vladimir Montalvo González
Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/05/2019
Partes del expediente
- Gilberto Vladimir Montalvo González
- Congreso de la Unión y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
5) Vista la copia simple del oficio SEADS/555/2019 de 24 de abril de 2019 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal mediante el cual hace del conocimiento la readscripción del Juez Francisco René Olivo Loyo, a este órgano jurisdiccional con efecto a partir del 16 de mayo del 2019 por así haberlo determinado el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de 15 de abril de 2019, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que desechó la demanda de amparo Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, se comisiona al (la) Secretario(a) para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que la desechó, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
5.- Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el que la parte quejosa **** solicita el acceso y consulta del expediente electrónico. Consulta expediente electrónico Dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de 14 de febrero de 2019, donde se autorizo la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario **** por encontrarse registrado en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil diecinueve. Oficio. El Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 185/2019, y testimonio de la ejecutoria dictada el 28 de marzo de 2019, en el conflicto competencial 2/2019, de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se declara la legal competencia del (titular o secretario en funciones de ) Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para conocer del juicio de amparo promovido por *. SEGUNDO. Se ordena la remisión de los autos al Juez a que se refiere el punto que antecede, para que se avoque a su conocimiento." Acuse. Acúsese el recibo de estilo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Cuaderno de Antecedentes. Glósese el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del conflicto competencial. Cumplimiento de la ejecutoria. Vista la ejecutoria de mérito, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Causa de improcedencia. Falta de interés jurídico En la especie, una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. En primer lugar, el precepto que contiene la causal de improcedencia referida establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Del numeral reproducido se advierte que uno de los presupuestos jurídicos procesales, para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración de la afectación del interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a favor del titular, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva. En otras palabras, como lo reconoce la jurisprudencia, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo objeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado es un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado), que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado, que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Luego, de conformidad con lo establecido por los preceptos mencionados, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueva haya resentido un agravio (principio de agravio personal directo), pues, en efecto, sólo así puede acudir al juicio de amparo, debiendo ser titular del derecho que alega infringido y como consecuencia de esa violación, resulta afectado en sus intereses jurídicos. Esto, porque el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos constitucionales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de la parte peticionaria de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Caso concreto. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 479 de la Ley General de Salud, los cuales no le causan agravio personal y directo alguno al impetrante del amparo, ya que resulta evidente y manifiesto que por la sola entrada en vigor de la porción normativa cuestionada, no se lesiona su interés jurídico, pues no produce por sí solo una afectación en la persona o en los derechos del agraviado. En principio, es importante transcribir el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." De la interpretación del artículo transcrito, se advierte, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en el caso concreto, el solicitante del amparo reclama en esencia la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, no obstante, que no refiere acto de aplicación alguno de dichos numerales al quejoso, ni se advierte que los efectos de los mismos le hayan causado perjuicio, aun cuando ya fueron declarados inconstitucionales por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma lo anterior, ya que la normativa en cuestión corresponde a las facultades del legislador federal para normar lo relativo a salubridad general, de conformidad con el artículo 73, fracción XVI de la Constitución General, la cual en términos del artículo 3, fracciones XXI y XXII, de la Ley General de Salud, que comprende la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia, así como el control sanitario de productos y servicios para su importación y exportación, incluyendo dentro de éstos, las sustancias mencionadas. Tales disposiciones prevén un conjunto de normas administrativas, bajo el cual, todos los actos relativos al uso y consumo de la marihuana y, consecuencia, la respectiva autorización sanitaria, se encuentran prohibidos, con la única salvedad que sean para fines médicos o científicos. Por todo lo anterior, se afirma que las normas que establecen la regulación sanitaria de estupefacientes y psicotrópicos, así como un listado para determinar qué sustancias deben considerarse como tales, y la sanción que se pudiera llegar a imponer al infractor, requieren de un acto de aplicación a partir del cual, la norma combatida genere un perjuicio, como lo sería la negativa a otorgarle al quejoso la autorización sanitaria respectiva, toda vez que corresponde a la Secretaría de Salud emitir las autorizaciones relativas a los actos que se refiere el artículo 247 de la Ley General de la Salud. Ahora bien, el quejoso señala que le causan agravio los preceptos impugnados toda vez que es consumidor del estupefaciente denominado cannabis sativa o marihuana, su resina, extractos, preparados y semillas, así como del psicotrópico "TCH" y sus variantes estereoquímicas, por lo tanto le es necesario el consumo individual o auto consumo con fines lúdicos o recreativos, por lo que la aplicación de dichos preceptos es de manera implícita; sin embargo, al tratarse de las normas que establecen la regulación sanitaria de estupefacientes y psicotrópicos, así como un listado para determinar qué sustancias deben considerarse como tales, para su aplicación sería indispensable que con fundamento en tales dispositivos se le hubiera negado la autorización de su uso con los fines que pretende. Así, el quejoso no ofreció algún medio de convicción con el que justificara la aplicación de los numerales precisados, que tilda de inconstitucionales; es decir, no demuestra un acto de aplicación de esas porciones normativas. Por tanto, en el supuesto de que se le concediera el amparo, no podría materializarse la concesión, pues no habría un acto que dejar insubsistente ni una autoridad a la cual vincular al cumplimiento de la sentencia de amparo. Es decir, en el caso, es necesaria la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice el perjuicio; por ende, si el gobernado no justificó la existencia del primer acto de aplicación de las citadas normas impugnadas, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que carece de interés jurídico. Además, en ningún momento se realiza un examen ni mucho menos se determina la naturaleza de las normas impugnadas, sino que solo se analizan en el contexto que propone la parte quejosa. En ese contexto también debe decirse que el quejoso, tampoco cuenta con interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional, pues vistos los actos reclamados conjuntamente con la narración integral de los antecedentes que -señala- les dieron origen, no producen en su esfera particularmente jurídica o material alguna afectación. Al resolverse la contradicción de tesis 69/2002-SS por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo referencia a las características que permiten identificar el interés legítimo y que son las siguientes: A Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. B Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. C Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. D El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. E- Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. a. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Es particularmente relevante lo anterior puesto que, de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama y, por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Dicho de otro modo, al hacer pasar los actos reclamados bajo el tamiz del parámetro de razonabilidad al que se ha hecho referencia, es factible arribar a la incuestionable e incontestable conclusión acerca de que, incluso si se abriera la posibilidad de llevar este asunto por el muy particular proceso de instrucción probatorio que caracteriza al juicio de amparo, lo cierto es que en modo alguno se vería beneficiada la situación o estado jurídico o material del quejoso si lograra obtener una sentencia protectora. Es cierto que, por regla general, el primer auto que se emite en el juicio de amparo no parece ser el momento procesal oportuno para analizar los presupuestos de la causa en torno al interés jurídico o legítimo, sin embargo, a juicio de este órgano de control constitucional, las circunstancias particulares que se advierten de la integridad de la demanda permite desprender una manifiesta e indudable excepción a aquella regla, en tanto que el quejoso dice ser tener la calidad de consumidor habitual de marihuana, lo que de suyo carece de los méritos suficientes para estimar que cuenta con algún interés jurídico o legítimo, para que se analice en esta instancia constitucional la legalidad de los actos reclamados, pues en todo caso se trata de un interés simple, cuya cuestión probatoria no está sujeta para acreditar o verificar un perjuicio en su esfera de derechos que deba ser reparado a través del juicio de amparo. Es importante destacar que la apreciación que este órgano jurisdiccional realiza del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en este juicio, no depende únicamente de las manifestaciones del quejoso, es decir, la sola afirmación de éstas, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque aun de admitirse a trámite el juicio no sería posible llegar a una conclusión diversa; máxime que la referida causa deriva de la naturaleza del acto reclamado, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. Bajo esa tesitura, se reitera que sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza del acto reclamado no variará, razón por la cual, la convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará, pues el quejoso cuenta sólo con un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia publicada el 22 de febrero de 2019, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD.", cuya inaplicación reclama el quejoso; sin embargo, aun cuando en su texto se señale la inconstitucionalidad de los preceptos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 479 todos de la Ley General de Salud, ello no exime al quejoso de solicitar ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud-, la autorización para el consumo de uso personal del estupefaciente denominado cannabis sativa. Por lo tanto, en caso de que no obtenga una respuesta favorable a su petición, está en posibilidad de hacer valer sus derechos en vía correspondiente. Conclusión. En consecuencia, toda vez que el quejoso carece de interés legítimo y jurídico para promover el juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por último, cabe destacar, que la presente decisión judicial no implica detrimento del justiciable respecto del derecho fundamental de tutela judicial efectiva al accionar el juicio de amparo indirecto. Esto es así, dado que atendiendo al principio pro actione que conlleva la interpretación más favorable a la persona, su cumplimiento no conlleva que los órganos jurisdiccionales nacionales al ejercer la función respectiva, dejen de observar los diversos principios y restricciones que prevé la Constitución Federal en relación a los presupuestos procesales que rigen el juicio de amparo como recurso judicial efectivo. Notifíquese en forma electrónica a la parte quejosa.
- Principal
5.- Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de 21 de febrero de 2019, dictado en el conflicto competencial número 2/2019, del que se advierte que se admitió a trámite el conflicto suscitado; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.
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