Gilberto Villalobos Flores
Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gilberto Villalobos Flores
- Maria Guadalupe Rabadan Salgado
- MARIA GUADALUPE RABADAN SALGADO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México, acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas a través del oficio 16295, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual, remite el juicio de amparo directo 311/2022, de su índice, debido a que ese órgano colegiado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gilberto Villalobos Flores y María Guadalupe Rabadan Salgado, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ante esa virtud, acúsese el recibo de estilo correspondiente y en acatamiento a la determinación del referido tribunal colegiado, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto que se remite. Ahora bien, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que adjuntó el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, al rendir su informe (juicio ejecutivo mercantil 547/2017; incidente de nulidad de actuaciones del expediente 547/2017; cuadernillo derivado del expediente 547/2017 y un sobre cerrado), existe imposibilidad material para la digitalización de las mismas, motivo por el cual con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena mantener por separado las citadas constancias, mismas que se denominaran como cuaderno auxiliar I, II, III y IV. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 681/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 61, de la ley en cita. En el caso, los actos reclamados por los quejosos en esta instancia de control constitucional, se hacen consistir en: El proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 547/2017, en que se adjudicó el bien inmueble en que se trabó embargo, a favor del actor. El proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 547/2017, en que se determinó que adquirió firmeza el diverso en que se adjudicó el inmueble y en consecuencia, se requirió a la parte demandada para que entregue al actor la posesión del bien adjudicado. En virtud de lo anterior, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto de los citados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; - - - [.]". Luego, se precisa que los alcances de las normas jurídicas aludidas y su interpretación obligatoria, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 435, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, cuyo rubro y texto se citan: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material para su cumplimiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Precisado lo anterior, de la demanda de amparo y constancias con las que se aperturaron los cuadernos auxiliares, se desprende que el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, tramitó el juicio ejecutivo mercantil 547/2017, en contra de los aquí quejosos, dictando sentencia de condena, siendo que mediante proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, adjudicó el bien embargado, a favor de la parte vencedora, en tanto que, en diverso de trece de agosto de esa anualidad, se declaró la firmeza del pronunciamiento de adjudicación y se requirió a la parte vencida, a fin de que entregara la posesión de ese inmueble al actor; trámite respecto del cual los aquí quejosos formaron parte de la relación jurídico procesal y al que acudieron, debido a que el aquí quejoso Gilberto Villalobos Flores, dio contestación a la demanda y si bien a la quejosa María Guadalupe Rabadan Salgado, se le tuvo acusada su rebeldía para dar contestación a la demanda, compareció a desahogar confesional a su cargo. En este orden de ideas, es inconcuso que los actos que en esta instancia se reclaman, constituyen actos emitidos después de pronunciada la sentencia definitiva correspondiente, siendo que se sitúan dentro del procedimiento relativo al cumplimiento de sentencia, además de que éstos no se trata de la última resolución que pone fin al mismo, dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, pues de las constancias que fueron remitidas, se pone en evidencia que el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, motivo por el cual se está agotando el procedimiento correspondiente en el que se sitúa lo reclamado en esta instancia y que evidentemente se dictó como consecuencia directa de la etapa de ejecución. Por tanto, se concluye que los actos reclamados, sólo constituyen un trámite llevado a cabo en ese procedimiento de ejecución y/o cumplimiento de la sentencia dictada en los autos del juicio natural; de ahí que, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir los reclamos el último acto dictado en el procedimiento de ejecución, donde se apruebe o reconozca expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia dictada o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; máxime que no se trata de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, del rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, es ilustrativa la tesis aislada II.2o.C.389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1721 del Tomo XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese contexto, los actos que por esta vía se impugnan, fueron dictados después de concluido el juicio, tendentes al cumplimiento de la sentencia y que no se trata de la última resolución que pone fin a la misma. Bajo esa óptica, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no constituir los actos reclamados el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia. Aunado a lo expuesto, se afirma que los quejosos no tienen el carácter de terceros extraños a juicio por equiparación, dado que como ya se estableció en líneas que anteceden fueron parte de la relación jurídico procesal y acudieron a ese juicio dando contestación a la demanda y al desahogo de confesional, respectivamente. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J.6/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve Gilberto Villalobos Flores y María Gaudalupe Rabadan Salgado, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México.
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