Gilberto Vargas Martínez
Expediente 826/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 31 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 16/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gilberto Vargas Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 389), ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billetes de depósito al no obrar en autos. Por otra lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documento aportado por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente. Por tanto, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala el original de expediente laboral 541/2013, de su índice, mismo que remitió en cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad federal, previa certificación de desglose que se haga en autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicho auto y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa, para que dentro de los veinte días siguientes, al en que surtió efectos la notificación del proveído de treinta y uno de enero del presente año, publicará los edictos para emplazar al tercero interesado Farmacia "San José" Genéricos y Similares, y demostrara que tramitó su publicación, sin que así lo hubiere hecho; por tanto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo, lo que permite su sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, la aludida omisión de la parte quejosa de publicar los edictos ordenados para emplazar al tercero interesado Farmacia "San José" Genéricos y Similares, y no demostrar dentro de los veinte días siguientes, su tramitación correcta, pone de relieve que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 de la Ley de Amparo, 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), de la citada ley, mismos que establecen: De la interpretación de los preceptos transcritos se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, incluso fuera de audiencia, toda vez que incumple con un presupuesto procesal -emplazar al tercero interesado- que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de una de las partes interesadas en el mismo, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la omisión de publicar los edictos ordenados correctamente, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a la tercera interesada aludidos en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, en proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó el emplazamiento a juicio, del tercero interesado Farmacia "San José" Genéricos y Similares, mediante la publicación de los edictos correspondientes. Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para recoger y publicar los edictos a fin de emplazar al tercero interesado Farmacia "San José" Genéricos y Similares, sin que así lo hubiera hecho, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento del quejoso de publicar los edictos para emplazar a la parte tercera interesada y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean a la parte quejosa para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal el que debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que en todas las materias -incluso en la penal- se debe tener en cuenta las particularidades de la parte quejosa para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en estas premisas, se sostuvo que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones que se desprenden de la parte atinente de la ejecutoria de mérito, que es del tenor siguiente: "(.) Como puede advertirse, tal norma presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero perjudicada en un juicio de amparo, siendo las siguientes: a) Existencia de un tercero perjudicado respecto del cual se desconoce su domicilio (imposibilidad de emplazarlo a juicio). b) En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte (en cumplimiento a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Ley de Amparo, que obliga al promovente cumplir con tal requisito en su demanda de garantías, y 146 del mismo ordenamiento que ordena prevenirlo para cumplir con tal formalidad). c) De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero perjudicado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen con la finalidad de que no quede paralizado el procedimiento (obligación que se fundamenta en el numeral 157 de la Ley de Amparo). d) Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza, y que a manera ejemplificativa puede ser la Policía Judicial; el Registro Federal de Causantes; el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; el Instituto Federal Electoral; acudir al directorio telefónico, entre otros. e) Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero perjudicado se lleve a cabo por medio de edictos a costa del quejoso (fracción II del artículo 30 de la ley de Amparo), requiriéndolo para que los recoja en el local del juzgado, con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio que se estimen pertinentes en caso de no acatar tal decisión. f) En la hipótesis de que a pesar de ello el promovente del juicio no acuda a recoger los edictos para su publicación, en cumplimiento a la jurisprudencia citada al inicio del presente considerando, el Juez de amparo está en posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, pues de acuerdo a tal criterio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicha consecuencia, es decir, el sobreseimiento dictado fuera de audiencia, no necesariamente debe ser decretado por el simple hecho de que el quejoso no recoja los edictos para su publicación, tomando en consideración que la Segunda Sala emitió el criterio relativo a que dicho incumplimiento por parte del promovente del juicio, no opera en materia agraria, ya que la regulación específica tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, a quienes pertenecen a la clase campesina, lo que obliga al juzgador a considerar los aspectos que rodean el incumplimiento de mérito. En ese contexto, de autos se tiene que el quejoso no acreditó su imposibilidad para cubrir la publicación de los edictos, dado que fue omiso en acreditar la insuficiencia económica para sufragar su pago, aún y cuando lo haya solicitado, el mismo no comprobó su incapacidad económica (foja 369), tal como se advierte en el proveído de siete de marzo del año en curso. Lo que lleva a concluir que la parte quejosa no atendió al requerimiento realizado en auto de treinta y uno de enero del presente año, y por tanto, debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y sobreseerse en el juicio. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa no acreditó haber tramitado la publicación de los edictos ordenados para emplazar al tercero interesado Farmacia "San José" Genéricos y Similares, y tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir la publicación de los mismos; procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de los artículos 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61, 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, se acordó no favorable la petición de la parte quejosa en el sentido de tener por acreditada su insolvencia económica, ya que fue omisa en acreditar con prueba idónea su insolvencia económica. En atención a lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto al contenido del acuerdo citado en el párrafo que antecede, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, se requirió a la tercero interesada Carla Leal Hernández, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal.
- Principal
Vista la diligencia que antecede, se tiene a Gilberto Vargas Martínez, ratificando el escrito presentado el veintiséis de febrero del año que transcurre; mediante el cual se le tiene realizando diversas manifestaciones, en las que señala ser insolvente económicamente para sufragar los gastos de publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación, para efectuar el emplazamiento del tercero interesado Farmacia "San José" Genéricos y Similares. Al respecto, es improcedente la petición efectuada, dado que del escrito presentado por la parte quejosa es omiso en acreditar su insolvencia para sufragar los gastos de la publicación de edictos a su costa en los periódicos de mayor circulación, ya que únicamente declara que carece de capacidad económica. Además de que de conformidad con el artículo 27, fracción III, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, la publicación de los edictos debe realizarse de la siguiente manera deberán ser publicados por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico diario de mayor circulación a nivel nacional como son: La Prensa, El Universal, Reforma, La Jornada y El Excélsior, para que en el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído acredite: a), recogerlos, b), entregue para su publicación y c), acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (efectuar las gestiones tendientes a su publicación); o bien, acreditar dentro del lapso señalado su incapacidad económica para realizar la publicación respectiva. En mérito de lo anterior, dígasele al quejoso que no ha lugar a acordar favorable su petición, porque si bien intenta demostrar su insolvencia económica, lo cierto es que no acredita dicha circunstancia con ninguna constancia, y el escrito que presenta para acreditar su insolvencia no resulta un documento idóneo para demostrar la incapacidad económica a que hace referencia. Por lo tanto, dígasele al quejoso que se subsiste el apercibimiento decretado en los plazos y términos indicados en los autos de treinta y uno de enero del presente año.
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