Gilberto Torres Alvarado
Expediente 2229/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2229/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gilberto Torres Alvarado
- Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del acuerdo dictado el veinticuatro de febrero del año en curso dentro del presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de doce de febrero del año en curso, dictado dentro del juicio laboral **, así como de las constancias de notificación realizadas a las partes; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dieciséis de febrero del año en curso, por lo que, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en dicho proveído Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral **. Ahora bien, la Presidenta de la Junta responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que mediante auto de doce de febrero del año en curso, se pronunció respecto de los medios de convicción ofrecidos por las partes, dentro del juicio laboral multicitado; remitiendo para tal efecto copia certificada del citado auto, así como de las constancias de notificación practicadas a las partes, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, y ésta ya se pronunció, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de emplazar a la parte demanda ya se ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la de admisión y desechamiento de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiocho minutos del nueve de marzo de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
En dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el oficio identificado con el folio 4907.- Conste.Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a través del cual, remite copia certificada del número de cheque 0000407 de fecha cuatro de febrero del año en curso, expedido a nombre de la parte quejosa José Guadalupe Ávila Ojeda, por la cantidad de $1,735.89 (mil setecientos treinta y cinco pesos 89/100 M.N.), debiendo ser el correcto José Guadalupe Avilés Ojeda; por tanto, solicita se le requiera de nueva cuenta a la responsable a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, requiérase a la autoridad responsable en mención, para que, en el término de cinco días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente auto, remita copia certificada del título de crédito con el nombre correcto del aquí quejoso, lo anterior, a efecto de que este Juzgado de Distrito, se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Luis Mariano Sánchez Martínez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, derivada de la sesión celebrada el dos de febrero de dos mil dieciséis, ante el licenciado Juan Gonzaga Sandoval, que autoriza. Doy fe.
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