Gilberto Sandoval Avila

Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
609/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Sandoval Avila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la promoción registrada en la oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 22637. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita le sea remitido el tomo original del toca civil 134/2021 a la autoridad responsable; ello, para estar en aptitud de seguir con la secuela procesal correspondiente; al respecto, del estado de autos se advierte que en proveído de trece de julio del año en curso, el presente asunto se archivó como totalmente concluido; por tanto, es innecesario que dicho anexo continúe a disposición de este juzgado federal; atento a lo anterior, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe. rpsb Número de oficio (s): 4252

  2. Principal

    En trece de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el estado procesal del presente juicio de amparo. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se desprende que mediante proveído de veintidós de junio del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este sumario; sin embargo, hasta la presente data la referida autoridad no ha cumplido con la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, se requiere a la citada autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las responsables, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo (artículo 193 de la Ley de Amparo). Apercibimientos A la autoridades responsable, en caso de incumplimiento: Se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para continuar con el trámite para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, bajo la precisión de que dicho trámite puede concluir con la separación de su puesto y su posterior consignación (artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo). Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil veintidós, la unidad de Medida y Actualización equivale a noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional ($96.22); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cien veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con siete minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 609/2022-VII, promovido por Gilberto Sandoval Ávila, por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido de Alejandro Barradas Morales, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio; constancias de notificación de las partes e informe justificado; asimismo, con la promoción presentada el día de ayer, registrada en el libro correspondiente con el número 12100 El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, el cual será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Con fundamento el artículo 124 de la Ley de amparo, agréguese a los autos el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación por medio del cual formula alegatos; dichas manifestaciones serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Abierto el periodo probatorio, el secretario certifica que la autoridad responsable ofreció las documentales que consideró necesarias. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [2] El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las documentales de mérito, dada su propia y especial naturaleza. Sin que haya diligencia pendiente por desahogar, se cierra el período de pruebas. A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito los vertió. El Juez acuerda: Con fundamento el artículo 124 de la Ley de amparo, se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegatos, los cuales serán tomado en cuenta en el momento procesal oportuno; asimismo, téngase por precluído el derecho de las partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el periodo de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 609/2022VII, promovido por Gilberto Sandoval Ávila, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa, promovió en la vía ordinaria, juicio civil contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la declaración de que dicho instituto incumplió con las obligaciones establecidas Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [3] Amparo indirecto 609/2022-VII en la Ley del Seguro Social, así como el pago económico derivado de lo anterior; al respecto, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, Nayarit, dentro del expediente 473/2021, declaró que no era competente para conocer de la acción pretendida en razón de la materia, por derivar de acciones de carácter administrativo; contra esa determinación, se promovió recurso de apelación, respecto del cual conoció la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien dentro del toca civil 134/2021, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, modificó el auto apelado, pero confirmó el tópico de la incompetencia por parte del juez recurrido, sin pronunciarse sobre cuál órgano resultaba competente para conocer del asunto. Esta determinación constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 12). Admisión sin incidente de suspensión: Veintiocho de abril de dos mil veintidós (fojas 13 a 16). Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación: Veintinueve de abril de dos mil veintidós (foja 17), quien no formuló pedimento. Celebración de la audiencia constitucional: Diecisiete de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [4] Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza civil, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes: 2 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 2 Es aplicable la jurisprudencia que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Con datos de localización, registro digital: 192097, instancia: Pleno, Novena Época, materias(s): Común, tesis: P./J. 40/2000, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XI, Abril de 2000, página 32, tipo: Jurisprudencia. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [5] Amparo indirecto 609/2022-VII Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. a) La resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 134/2021, la cual modificó el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 473/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, Nayarit, pero confirmó el tópico de incompetencia por parte de dicho juzgado civil, en razón de que consideró que el asunto radica en la materia administrativa, sin pronunciarse sobre cuál autoridad resultaba competente para conocer del asunto. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit El citado inciso a) Acepta 26 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su respectivo informe justificado, aceptó expresamente la existencia del acto reclamado, argumentando que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dentro del toca civil 134/2021, También apoya lo expuesto la jurisprudencia que dice:"SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto.". Con datos de localización, registro digital: 200066, instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, tesis: P./J. 49/96, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo IV, Agosto de 1996, página 58, tipo: Jurisprudencia. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [6] emitió la resolución combatida; por lo que con dicha afirmación, se tiene plenamente probada su existencia.3 Asimismo, la existencia del acto se corrobora con las documentales que se allegaron al presente juicio de amparo, consistentes en copia certificada de los autos que integran el toca civil 134/2021 y expediente civil 473/2021, las que al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. CUARTO. IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo.5 3 Por su aplicación es de invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número doscientos setenta y ocho, en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". 4 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" 5 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 6 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917540, que dispone: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN.- Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [7] Amparo indirecto 609/2022-VII Para lo anterior, resulta conveniente transcribir los antecedentes del acto reclamado los cuales resultan los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno (foja 1 a 13, del anexo II de pruebas), el aquí quejoso, promovió en la vía ordinaria civil, juicio contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la declaración judicial que determine que dicha institución incumplió con sus obligaciones, consistente en proporcionar el servicio médico de urgencia; así como por el pago de la cantidad de $285,696.44 (doscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional). 2. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 14 y 15 del anexo II de pruebas), el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, Nayarit, determinó que no había lugar acordar de conformidad la solicitud del promovente -aquí quejoso-, en razón de que las prestaciones que reclamaba, no derivaban de alguna obligación de carácter civil, por tanto, determinó que no era competente para conocer de la acción pretendida por razón de la materia, por derivar de acciones de carácter administrativo. 3. Inconforme con dicha determinación, el promovente -aquí quejoso-, interpuso recurso de apelación en su contra (fojas 18 a 27 ibídem), respecto del cual conoció la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con el número de toca civil 134/2021; alzada que mediante resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, confirmó el tópico relativo a que la competencia para conocer el asunto se fincaba en la materia omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 609/2022-VII [8] administrativa; y, modificó el auto recurrido, para el efecto de que el órgano de primera instancia determinara qué órgano jurisdiccional en materia administrativa resultaba competente para conocer del asunto y ordenara la remisión de los autos a dicho órgano (fojas 8 a 15 del anexo I de pruebas), resolución de segunda instancia en la cual, en lo que interesa, resolvió: (.) Por último, respecto al cuarto agravio, el recurrente señala sustancialmente que se violan los artículos 14 y 17 constitucionales y 40 "B" de la ley adjetiva vigente en el Estado, porque el juez no remitió las actuaciones al órgano jurisdiccional que consideró competente. Al efecto, el numeral 40 B del código estatal de procedimientos civiles establece en lo conducente: ARTÍCULO 40 "B".- En ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia, pero el juez que se estime incompetente podrá inhibirse del conocimiento del asunto, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, remitiendo el expediente al que considere competente. De lo anterior, resulta inconcuso que el agravio es fundado, ya que si bien el juez de origen se estimó incompetente para conocer del asunto, es evidente que omitió remitir el expediente al competente, señalando solo que se dejaban a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer ante la autoridad competente. En este orden de ideas, se modifica el auto apelado, para los efectos, de que una vez recibida la presente, el juez de origen dicte auto en el que determine que órgano jurisdiccional resulta competente para conocer del asunto y ordene la remisión de los autos a dicho tribunal. En esta tesitura, los agravios primero y segundo del apelante resultan inoperantes, el tercero infundado y el cuarto fundado, en consecuencia, se modifica el auto apelado, de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez tercero civil, dentro del juicio civil ordinario 473/2021, promovido por Gilberto Sandoval Ávila, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para los efectos señalados en la parte final de la presente resolución. (.) R E S O L U T I V O S Primero. Los agravios primero y segundo del apelante resultan inoperantes, el tercero infundado y el cuarto fundado, en consecuencia, Segundo. Se modifica el auto apelado, de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez tercero civil, dentro del juicio civil ordinario 473/2021, promovido por Gilberto Sandoval Ávila, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para los efectos señalados en la parte final de la presente resolución. Tercero. Notifíquese. (.). En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que más adelante se citará. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, se observa que en forma genérica indica la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Sentada esta base, debe decirse que en relación a los juicios de amparos promovidos contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o conocimiento de un asunto, hipótesis de procedencia prevista por la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido que para resultar procedente su promoción, dichas determinaciones deben tener el carácter de definitivas, lo cual sucede, al producir una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que sucede, una vez que la autoridad a favor de la cual se declinó competencia, la acepte y no antes. En ese sentido, debe decirse que la sola declaratoria de incompetencia, no constituye una determinación susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, al resultar un acto cuya afectación no se ha materializado, ya que la decisión mediante la cual una autoridad declina competencia a favor de otra, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la misma. En consecuencia, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, consistente en la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, dentro del toca civil 134/2021, que confirmó el tópico relativo a que la competencia para conocer el asunto se fincaba en la materia administrativa; y, modificó el auto recurrido, para el efecto de que el órgano de primera instancia determinara qué órgano jurisdiccional en materia administrativa resultaba competente para conocer del asunto y ordenara la remisión de los autos a dicho órgano, no resulta ser un acto definitivo, al no existir en este juicio, constancia que acredite que el correspondiente órgano en materia administrativa al que eventualmente le corresponda conocer del asunto, se haya pronunciado respecto de la competencia que le fue declinada. Se concluye lo anterior, pues como se advierte en autos, en la resolución de alzada, se ordenó al órgano de primera instancia se ocupara de ese tópico, es decir, de pronunciarse en relación a cuál órgano en materia administrativa, le declina competencia y hecho que sea, le envié los autos para que se pronuncie al respecto. Por lo tanto, al estar pendiente tanto el pronunciamiento del juez civil, como la respuesta correspondiente del órgano en materia administrativa respectivo, es decir, en relación a si acepta o no la competencia declinada, le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada6. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA ESTABLECER LA DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS QUE DETERMINAN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SE PRONUNCIE SOBRE LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR. Conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO 6 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, del rubro y texto siguientes "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Registro digital: 2009721, Instancia: Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , página 5, Tipo: Jurisprudencia. INDIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sólo puede ocasionarse una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, siempre y cuando la determinación que declina o inhibe la competencia o el conocimiento de un asunto sea definitiva. En ese sentido, si el Juez de primera instancia se declara incompetente para conocer del asunto y deja a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma correspondientes e inconforme con esa determinación el actor interpone recurso de apelación y la Sala responsable determina modificar esa resolución para el efecto de que los autos del juicio se remitan al tribunal administrativo correspondiente, ello actualiza la posibilidad de un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada, porque el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional autónomo tiene la facultad de negarse a aceptar la competencia declinada en su favor. En conclusión, es necesario que el tribunal administrativo efectúe su pronunciamiento sobre la competencia, pues ello otorga el carácter definitivo necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo.7 Mas aún, en el supuesto en estudio, el amparo indirecto únicamente sería procedente si la determinación de segunda instancia que estimó fundada la incompetencia por declinatoria, ordenara remitir los autos a otro Juez común sujeto a la misma jurisdicción y materia, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces, adquiriendo así el carácter de definitiva. Sin embargo, ello no sucede en el particular, dado que la resolución combatida, confirma la diversa de primera instancia que declina la competencia a favor de un órgano en materia administrativa, en ese sentido, al no obligar al eventual órgano declinado la resolución del Tribunal Superior en comento, ésta no tiene el carácter de definitiva, ya que, tendrá que ser hasta que el órgano declinado en aquélla materia, quien acepte o 7 Registro digital: 2021060, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: VII.2o.C.65 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2417, Tipo: Aislada. rechace la competencia; por consiguiente, será aquélla resolución, o la del recurso que la confirma, en caso de que proceda, la que adquiera el carácter de definitiva, pudiéndose combatir en amparo indirecto8. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en examen, conforme a la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Sin que este juzgado esté obligado a ocuparse de los conceptos de violación, relacionados con el fondo del asunto, en razón del sentido de esta resolución9. 8 Aplica al caso por analogía, la tesis que dispone: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCIÓN DICTADA EN APELACIÓN, CUANDO ESTIMA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO. Del análisis relacionado de los artículos 106 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, 114, fracción IV de la Ley de Amparo y 32, 33, 35 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se infiere que si bien es cierto que una resolución de esa naturaleza debe considerarse como un acto dentro del juicio que, conforme al artículo 114, fracción IV citado, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto, cuando es de imposible reparación, que ocurre cuando la resolución de segunda instancia estima fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado y ordena remitir los autos a otro Juez común sujeto a la misma jurisdicción, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces. Sin embargo, ello no sucede cuando se declina la competencia a favor de un Juez común de otra jurisdicción o de un Juez de Distrito, pues al no obligarlos la resolución del Tribunal Superior ésta no causa perjuicio irreparable, ya que, tendrán que ser ellos los que acepten o rechacen la competencia. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación del Tribunal Superior. Por otra parte, si el Juez de Distrito o el Juez común, de otra jurisdicción a la del Tribunal Superior que dictó la resolución que estimó fundada la excepción de competencia por declinatoria, aceptan la misma, será su resolución, o la del recurso que la confirma, en caso de que proceda, la que causa perjuicio irreparable, pudiéndose combatir en amparo indirecto. Si, por el contrario, el Juez común o el Juez de Distrito no aceptan la competencia, así lo comunicarán al Juez requirente y, como éste se encuentra obligado por la resolución dictada en apelación, tendrá que remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva el conflicto competencial. Si su decisión es en el sentido de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, contra ella no procederá el amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción I de la Ley de Amparo, pero ello resulta irrelevante puesto que el motivo de esta disposición radica en que la controversia es resuelta por el Máximo Tribunal ante el que pueden llegar los conflictos, independientemente de la vía que se haya ejercido. Con datos de localización, registro digital: 164500, instancia: Tercera Sala, Novena Época, materias(s): Común, tesis: 3a. (7a. Época), fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010, página 5, Tipo: Jurisprudencia. 9 Aplica al caso la tesis que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Ningún agravio causa al inconforme, el hecho de no estudiar el a quo los conceptos de violación formulados tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Gilberto Sandoval Ávila, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandro Barradas Morales, Secretario que autoriza y da fe. sobreseimiento del juicio". C

  4. Principal

    En veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 9464. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por el quejoso Francisco Jesús Ortega Fernández, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual por las razones que en el mismo expone, informa que no están cargadas las constancias que integran el presente expediente; en consecuencia, solicita se carguen al expediente electrónico, en particular las relativas al informe justificado recibido en auto de diecisiete de mayo del presente año. Atento a lo anterior, instrúyase a la actuaria judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, licenciada Raquel Dorantes Vargas, para que coteje este expediente de manera física y electrónica, debiendo subsanar tal cuestión y así el tercero interesado pueda obtener la consulta del expediente electrónico. Asimismo, dígase al promovente que a fin de imponerse de las actuaciones que refiere, puede generar cita electrónica con su QR respectivo de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, para que acuda a este órgano jurisdiccional el día y hora que indique, para que pueda apreciar en su totalidad físicamente las constancias que aduce. Notifíquese; a la actuaria judicial adscrita Raquel Dorantes Vargas y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

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