Gilberto Salazar Escoboza
Expediente 1268/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gilberto Salazar Escoboza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Admite recurso de revisión. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la resolución constitucional dictada en el presente sumario; asimismo, comunica que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 49********************, de su índice. Vinculación de expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que vincule el presente asunto con el toca del órgano colegiado de referencia, para privilegiar el trámite electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida en este sumario. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios respectivo, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese ******************** a la ******************** de la adscripción y a la parte ********************, por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las pruebas documentales e instrumental de actuaciones ofertadas por la parte quejosa y las constancias anexadas por la autoridad responsable a su informe justificado. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que la parte quejosa y tercera interesada hicieron manifestaciones. El juez acuerda: tómense en cuenta al momento de resolver el presente juicio, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** PC-CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito, Gilberto Salazar Escoboza por su propio derecho y en representación de Videxport, sociedad anónima de capital variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisará con posterioridad. Cumplida la correspondiente prevención señalada en autos, por proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se admitió la citada demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En determinación de quince de noviembre de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de terceros interesados a Israel Kaganas Gutman, Frances Lee Kertzman antes Frances Lee Kaganas, Vanessa Tamara Kaganas Lvovsky y Gary Hall Kaganas. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que el acto reclamado se ejecutó dentro del ámbito territorial sobre el cual este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Fijación de la litis Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La resolución emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós en autos del juicio ordinario mercantil 1274/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte de la lectura del informe con justificación rendido por la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias derivadas del juicio ordinario mercantil 1274/2017, que la juez responsable allegó con su informe justificado -tomos de pruebas I, II, III, IV y V-; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Previo a plasmar las razones que sustentan la improcedencia del presente juicio de amparo, como antecedentes del presente asunto, debe precisarse que de las constancias aportadas por la responsable se aprecia lo siguiente: En sentencia de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, se resolvió entre otras cosas lo siguiente: "(.) Asimismo, se condena a la pate demandada VIDEXPORT, S.A. DE C.V. y GILBERTO SALAZAR ESCOBOZA, a pagar a favor de la parte actora ISRAEL KAGANAS GUTMAN, FRANCES LEE KERTZMAN antes FRANCES LEE KAGANAS, VANESSA TAMARA KAGANAS LVOVSKY y GARY HALL KAGANAS, la cantidad de $7,559,434.76 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), suma que se reclama por concepto de capital o suerte principal, con números al corte del día diecinueve de febrero de dos mil catorce, importe que corresponde al capital vencido y no pagado. Igualmente, se condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $4,775,024.96 (cuatro millones setecientos setenta y cinco mil veinticuatro pesos 96/100 m.n.), por concepto de intereses moratorios vencidos y no pagados, con números al corte de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, a razón de la tasa moratoria pactada del 5% mensual, en los instrumentos base de la acción, más los intereses moratorios que se sigan causando sobre el importe total del capital adeudado y hasta la solución total del adeudo. (.) SEXTO.- Para el caso de que la parte demandada, no dé cumplimiento voluntario al presente fallo dentro de los tres días posteriores a que el mismo se eleve a categoría de cosa juzgada, hágasele el transe y remate de lo embargado y con su producto efectúese el pago de las prestaciones a que fue condenada, lo anterior de conformidad con los artículos 1408 y 1079, fracción VI, del Código de Comercio" En resolución de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en el toca civil 166/2018, se confirmó la sentencia mencionada. En contra de la resolución referida, la parte demandada en el juicio de origen, promovió amparo directo, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 293/2019, en el que se negó el amparo solicitado. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, entre otras cosas, se declararon bien y formalmente embargados los derechos de aprovechamiento, uso y extracción de aguas nacionales de subsuelo que ampararon los títulos señalados en el citado proveído. En determinación de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, entre otras cosas, se inició la preparación de remate de los derechos señalados en el párrafo que antecede. Por proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable, no tuvo lugar a admitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen -quejosa-. En contra de la referida determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado infundado e inoperante por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos. Precisado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Como se advierte en la fracción IV, en tratándose del procedimiento de remate, el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución dictada en ese procedimiento, esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. Asimismo, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País estimó que siendo el cumplimiento de las sentencias de orden público y de interés social, no puede paralizarse su ejecución con la promoción de diversos juicios de amparo, por lo cual debe aguardarse hasta la última resolución, para que pueda promoverse el juicio de amparo en su contra; ocasión en la cual podrán combatirse las violaciones que hayan existido en el procedimiento de remate, las cuales podrán ser reparadas en atención a los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. Así lo plasmó en el criterio 1a./J. 13/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por su parte, la fracción V establece que procede extraordinariamente el amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento relativo, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del solicitante de amparo (imposible reparación). Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Corte, ha sido claro en establecer los casos en que es procedente el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues determinó que dada la amplitud de la norma contenida en la fracción V en cita, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV transcrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, de los preceptos transcritos y de las jurisprudencias en cita, tenemos que el amparo indirecto es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, únicamente contra la última resolución, esto es, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, tratándose del procedimiento de remate, de acuerdo a la nueva Ley de Amparo, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. Atento a lo expuesto, se tiene que la determinación reclamada deriva de un juicio ordinario mercantil, en el cual los títulos embargados se encuentran en la etapa de remate, por lo que no puede entenderse como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, ya que, como se advierte de las constancias de autos, a la fecha de presentación de la demanda, no obra constancia en la cual se advierta el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los títulos referidos en párrafos que anteceden. En vista de lo anterior, es dable considerar que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ya que no es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, ni de aquéllos consideradas de imposible reparación. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracciones IV y V, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en este juicio. En esa tesitura, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantean los peticionarios de amparo. Lo anterior, conforme lo señala la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa y tercera interesada en vía de alegatos, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gilberto Salazar Escoboza por su propio derecho y en representación de Videxport, sociedad anónima de capital variable, contra el acto reclamado a la jueza responsable, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrita, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Apersona parte tercera interesada. Agréguese a los autos el escrito presentado por Isaías Wendlandt Monge, quien se apersona a juicio con el carácter de apoderado legal de los terceros interesados Israel Kaganas Gutman, Frances Lee Kertzman antes Frances Lee Kaganas, Vanessa Tamara Kaganas Lvovsky y Gary Hall Kaganas; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado al presente juicio, con el carácter que se ostenta. Domicilio. Como lo solicita, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en el escrito de cuenta. Autorizado. En cuanto a las persona que menciona en su ocurso, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Alegatos. En atención a las manifestaciones que realiza, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte el promovente, en los términos que indica, y tómense en consideración al resolverse el presente juicio. Invoca causal. En el entendido que en relación con la causal de improcedencia que invoca, habrá de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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