Gilberto Román Gallardo

Expediente 373/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
373/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Gilberto Román Gallardo
  • Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Gurrero, con residencia en Chilpancingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Por otra parte, de autos se aprecia que la autoridad responsable Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, adjuntó como sustento a su informe justificado en dos tomos de pruebas, relativos a los autos originales del toca número X-380/2016 y el duplicado de la causa penal 251/2004-II, de los que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, para los efectos legales que correspondan, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio actual, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se designó al licenciado Lino Román Quiroz como Titular de este juzgado Octavo de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO: 373/2018 CEIS Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 373/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO...se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gilberto Román Gallardo, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA GILBERTO ROMÁN GALLARDO Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA SUSANA ENALLANCY RUIZ MÉNDEZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... JUICIO DE AMPARO: 373/2018 CEIS Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 373/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Primero, Gilberto Román Gallardo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: 1) Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo. EJECUTORA: 2) Director del Centro Regional de Reinserción Social de Ometepec, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "Reclamo el dictado de la ilegal resolución recaído al toca Peal número X-380/2016, donde confirma el auto de formal prisión dictado por el C. juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo, deducido de la causa penal número 251/2004-II." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo 1208/2017. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1208/2017 y la admitió a trámite; solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, así como al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Sala responsable y en su oportunidad, a la parte tercera interesada; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el dieciocho de abril del año en curso, actuación en la que se declaró legalmente incompetente por cuestión de territorio, para resolver el juicio de amparo en comento y ordenó remitirlo al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, para ese efecto. TERCERO. Radicación y trámite del juicio 373/2018. Mediante oficio 9834/2018, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad el veintitrés de abril pasado y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, se remitieron los autos del juicio de amparo 1208/2017; y por acuerdo de veinticuatro de abril siguiente se aceptó la competencia para resolver del asunto, el cual quedó radicado en el libro de gobierno respectivo bajo el número de expediente 373/2018, se ordenó notificar lo anterior mediante exhorto a las partes quejosa y tercera interesada y se dejaron los autos listos para emitir la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por el quejoso contra el auto de formal prisión pronunciado en la causa penal que se le instruye, quien se encuentra interno en un centro de reinserción social que se ubica en la jurisdicción de este órgano de control constitucional; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso como inculpado dentro de la causa penal 251/2004-II, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de Susana Enallancy Ruiz Méndez, reclama la resolución pronunciada el seis de octubre de dos mil diecisiete por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal X-380/2016, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso Gilberto Román Gallardo, que confirmó el auto de formal prisión de dieciocho de noviembre de dos mil quince, que le decretó el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo; así como su ejecución. TERCERO. Oportunidad de la demanda. De las causa y toca penales 251/2004-II y X-380/2016, que allegó como apoyo a su informe con justificación la sala responsable, cuyo valor probatorio pleno quedará precisado en el considerando siguiente, se advierte que el seis de noviembre anterior se notificó a la defensa del inculpado la resolución reclamada. Por tanto, si conforme al artículo 15 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, número 357, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de cinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, se deriva que en materia penal, los plazos son improrrogables, y comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de su notificación; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió a partir del siete al veintiocho de noviembre del año próximo pasado, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis del mes en cita, por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veinticuatro de noviembre pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. SON CIERTOS los actos reclamados a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Director del Centro Regional de Reinserción Social de Ometepec, Guerrero, pues al rendir su respectivo informe con justificación, así lo reconocieron expresamente; manifestaciones que constituyen una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con el duplicado y los autos originales de la causa y toca penales números 251/2004-II y X-380/2016, respectivamente, que acompañó a su informe justificado la primera de las responsables, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita, para tener plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa. En ese sentido, el quejoso sostiene que la resolución sujeta a examen transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 1º, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a).- La resolución reclamada carece de la mínima motivación, ya que confirmó el auto de plazo constitucional, pese a que los elementos de prueba que se consideraron no eran aptos para acreditar su probable responsabilidad, ya que no se cumplió en forma estricta con la cadena de custodia, que es el conjunto de medidas que se deben tomar para preservar sin manipulaciones indebidas, las evidencias que forman parte de una escena del crimen, la cual incide en la objetividad de los resultados de los análisis periciales. b).- Que sobre esto último no se colmó aquella exigencia porque en el dictamen médico ginecológico, proctológico y de edad clínica probable, no se contiene en ninguna de sus partes una explicación suficiente y metodológica que sustente los estándares mínimos de indicios que permitan concluir que los residuos de espermatozoides y de fosfatasa acida correspondan al solicitante del amparo, pese a lo cual a dicho medio de prueba fue otorgado valor probatorio en forma genérica. c).- Igual proceder se efectuó respecto al dictamen en "materia de criminalística de campo", pues la denunciante refirió que fue sometida y agredida sexualmente en un terreno con mucho monte alto pero el resultado de la inspección ofrecida dio como resultado la existencia de un lugar distinto en dichas características, pese a lo cual aquel dictamen sirvió de fundamento para confirmar el auto de formal prisión apelado. d).- La autoridad responsable dio valor probatorio a la declaración de Carolina Regula Salinas Gómez, quien jamás demostró encontrarse en el lugar donde refirió la agraviada aconteció el hecho delictivo, y a pesar de ello, en forma genérica y concatenado con lo depuesto por la denunciante, se arribó a la convicción de que el quejoso es probable responsable del delito de violación. e).- En ese mismo sentido resulta indebida la valoración efectuada sobre el informe rendido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado, porque sólo se concretaron a entrevistar a la víctima, denunciante y testigos, pero sin siquiera constituirse en el lugar de los hechos, por lo que no debió otorgársele valor probatorio, habida cuenta que dichos elementos policiacos sólo efectuaron una investigación dogmática y genérica. Ahora bien, una vez precisados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, tomando en consideración que lo reclamado en la presente instancia se hace consistir en la resolución de segunda instancia dictada en el Toca Penal X-380/2016, por virtud de la cual se confirmó el auto de plazo constitucional dictado en su contra en la causa penal número 251/2004-II, este juzgado federal procederá al análisis íntegro de dicha determinación al tenor de los derechos fundamentales no sólo establecidos en el artículo 19 de la Constitución, sino también los contenidos en los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento. En ese contexto, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción anterior a la reforma constitucional mediante Decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho), establecen como requisito esencial que para el dictado de un auto de formal prisión -y por ende, también debe observarse por el tribunal de segunda instancia al resolver el recurso de apelación instado en contra de este último-, debe aparecer de lo actuado datos suficientes que acrediten los elementos del cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado, aunado a que como todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, tal y como se establece en la Jurisprudencia número 433, que aparece publicada en las páginas 251 y 252 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo II, materia penal, cuyo tenor literal expresa: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ELEMENTOS. Para dictar un auto de prisión preventiva, el artículo 19 de la Constitución General de la República, exige ciertos elementos de fondo y forma, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito de que se trate y para hacer probable la responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución." Asimismo, de las exigencias establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 87 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se desprende que para el legal dictado de un auto de bien preso, se requiere: a).- El inculpado haya rendido su declaración preparatoria, o bien, que conste en el expediente que se negó a declarar; b).- Se compruebe el cuerpo del delito que se impute y se acredite la probable responsabilidad del inculpado en su comisión; y, c).- Que en dicho auto se exprese claramente el delito que se impute, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. d).- Además, se insiste, como todo acto de autoridad, el auto de formal prisión debe estar debidamente fundado y motivado. Así, de los datos que obran en el sumario se deriva que ante el juez de la causa Gilberto Román Gallardo rindió su declaración preparatoria en audiencia pública el doce de noviembre de dos mil quince, en la que se siguieron las formalidades del caso, ya que se le hicieron saber los derechos fundamentales que a su favor establece el artículo 20 constitucional, así como los delitos que se le imputan; además, durante la citada diligencia el inculpado de mérito estuvo asesorado por el defensor público de esa adscripción Marco Antonio Jaimes Honorato. De igual forma, se tiene que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, resolvió la situación jurídica del inculpado dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas subsecuentes a su puesta a disposición ante la autoridad judicial; lo anterior, por haber solicitado expresamente -por conducto de su defensa-, al momento de rendir su declaración preparatoria la ampliación del plazo de setenta y dos horas que establecen los numerales 19 constitucional y 87, párrafo segundo, del código adjetivo penal del Estado de Guerrero. También se precisaron en el auto de formal prisión apelado el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito, y los datos que arrojó la averiguación previa que se consideraron como acertados para comprobar el cuerpo del delito que se imputa al encausado aquí quejoso, así como su probable responsabilidad penal en su comisión. En apoyo de esta consideración se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país que bajo el número 204, aparece en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Hasta este momento, es factible sostener que la resolución sujeta a examen observó los requisitos formales a los que ciñe la norma fundamental hipotética el proceder de las autoridades judiciales habida cuenta que el auto de formal prisión apelado colmó aquéllos, por lo que ahora procede verificar si la resolución de seis de octubre de dos mil diecisiete cumplió con las exigencias que en torno al fondo del asunto deben cubrirse a fin de comprobar correctamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del justiciado en su comisión. En ese sentido, conviene destacar en primer término que en el auto apelado, el juez de la causa sostuvo, luego de hacer un comparativo entre el Código Penal del Estado de Guerrero, publicado el uno de agosto de dos mil catorce, vigente a partir del treinta de noviembre siguiente y el Código Penal del Estado de Guerrero de mil novecientos ochenta y seis, vigente en la fecha en que acontecieron los hechos sujetos a debate -ocho de septiembre de dos mil cuatro- y estimar más benéfica para el inculpado este último; que el delito de violación que se le atribuye se encuentra previsto y sancionado en el artículo 139, del Código Penal del Estado de Guerrero abrogado, que a la letra señala lo siguiente: "Artículo 139.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de sesenta a cuatrocientos días multa. (.)". Del contenido de dicho dispositivo tanto el juez de la causa como la sala responsable establecieron que los elementos que integran el cuerpo del delito de violación que se imputa al quejoso, son los siguientes: a).- Una acción de cópula con persona de cualquier sexo; y, b).- Que para imponer la cópula se emplee la violencia física o moral. Luego, a la causa penal de origen se allegaron los siguientes medios de convicción: 1).- La declaración ministerial de la denunciante Rosa Olmedo Peláez, y de la menor agraviada Susana Enallancy Ruiz Méndez, recabadas en diligencia de nueve de septiembre de dos mil cuatro, así como del acta de nacimiento de esta última, de cuya intelección se deriva lo siguiente: 1.1).- Que la denunciante es abuela de la agraviada, quien por la razón ahí apuntada, quedó al cuidado de esta última y que ambas desarrollan la venta de comida -tamales-, en tanto que el día de los hechos -ocho de septiembre de dos mil cuatro- la agraviada tenía la edad de trece años de edad. 1.2).- Que con motivo de la aludida actividad comercial, la menor salió a vender tamales, y cuando iba rumbo al mercado de Cuajinicuilapa, Guerrero, se encontró al activo, a quien conoce porque en ocasiones había acudido a su casa; que el indicado Gilberto Román Gallardo luego de preguntarle qué vendía, le pidió que la acompañara al "Hotel Blejim", donde se encontraba hospedado junto con su esposa y familia para que ahí le compraran su mercancía; y luego de insistirle, la menor agraviada accedió a acompañarlo al referido hotel. 1.3).- Que al llegar a dicho lugar, Gilberto Román Gallardo se introdujo al hotel, mientras que la menor se quedó afuera, y que al salir el activo le comentó que su esposa y familia ya se habían retirado del lugar porque se adelantaron para hacer un día de campo en el lugar conocido como "segundos canales", y le pidió que fueran ahí ya que los estaban esperando para comer, a lo que luego de insistirle, terminó por acceder en acompañarlo por la promesa de que le iban a comprar todos los tamales, pero como no le alcanzaba para pagárselos ahí, además de que el activo le dijo que no tuviera miedo, que ya se conocían y que él mismo la llevaría y regresaría sin que nada le pasara. 1.4).- Que abordaron un taxi que los condujo a la entrada de "los canales", donde se bajaron y comenzaron a caminar, pidiéndole el activo a la menor que se apurara porque su familia de seguro ya tenía hambre, introduciéndose a un terreno con monte y la tierra estaba mojada; y que la menor al percatarse de que ahí no había nadie y darle miedo optó por darse la vuelta, pero el activo la sujetó y le dijo que la había engañado forzándola a caminar más, para finalmente pedirle que se quitara la ropa; como la pasivo estaba llorando y no quiso obedecer, Gilberto Román Gallardo le dio de cachetadas, le sacó la ropa a la fuerza y la acostó sobre la tierra mojada, posteriormente él también se desvistió y se subió encima de la pasivo. 1.5).- Que a pesar de que la pasivo intentó quitárselo, pues lo arañó y hacia fuerza para que la soltara, el activo la amenazó de muerte, por lo que dejó de resistirse por el miedo que le dio; que el activo primero le impuso la cópula vía vaginal, y después la colocó boca abajo e hizo lo mismo vía anal. 1.6).- Que cuando la pasivo se estaba arreglando la ropa, vio cómo Gilberto Román Gallardo comenzó a comer de los tamales que vendía, luego de lo cual se fue por el monte y finalmente la pasivo se retiró del terreno en cuestión para salir a la carretera, donde se subió a una combi para llegar a las instalaciones de la Policía Municipal y pedir ayuda, por lo que fue en compañía de elementos policiacos hasta el hotel pero al llegar fueron informados que Gilberto Román Gallardo ya se había retirado momentos antes. 1.7).- Y que al momento de rendir su declaración, la pasivo señaló que por indicaciones de la denunciante, no se había bañado hasta no ser revisada antes por un médico. 2).- Fe ministerial del estado físico, ginecológico, proctológico y de edad clínica probable de la menor Susana Enallancy Ruiz Méndez, del que se destaca que la autoridad ministerial advirtió que el cuerpo de la pasivo estaba parcialmente sucio, refiriendo la menor que era lodo secó. 3).- Certificado médico, ginecológico, proctológico y de edad clínica probable, de nueve de septiembre de dos mil cuatro, en el que el médico legista concluyó: 3.1).- Que Susana Enallancy Ruiz Méndez, es una persona de edad probable de trece años, por la ausencia del tercer molar así como por el desarrollo muscular, peso, talla y caracteres sexuales secundarios; púber, que presenta desgarros recientes en himen y ano, que revelan datos de coito, cópula anal recientes, con huellas de violencia física, asentando la observación de una laceración reciente en el periné por penetración del pene. 4).- Inspección ocular en el lugar donde la menor Susana Enallancy Ruiz Méndez indicó al personal actuante acontecieron los hechos, señalándose que se trataba de un terreno extenso frente al que se ubica un canal; que dicho predio se delimita con postes de madera y alambre de púas de cinco hilos, que presenta maleza abundante de un metro y medio de altura; que sobre el piso del terreno encontraron platos desechables de unicel color blanco y hojas de plátano que refirió la agraviada, eran de los tamales que se comió el activo el día de los hechos. 5).- Dictamen pericial en materia de psicología, en el que se concluyó que Susana Enallancy Ruiz Méndez presenta un daño psicoemocional moderado. 6).- Nueva comparecencia de la denunciante Rosa Olmedo Peláez, en la que exhibió dos impresiones fotográficas tomadas en la diligencia de inspección reseñada en el inciso 4). 7),- Dictamen pericial en materia de química forense, en el que se concluyó que los resultados obtenidos de las muestras analizadas se identificaron células espermáticas, con una reacción positiva del reactivo relativo a la fosfatasa acida, indicando presencia de líquido seminal. 8).- Informe rendido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, ratificados ante la autoridad ministerial, en el que asentaron el resultado de la entrevista que realizaron a la agraviada y denunciante. 9).- Declaración ministerial de Carolina Regula Salinas Gómez, recabada en diligencia de veinticinco de octubre de dos mil cuatro, de la que se deriva: 9.1).- Que la ateste trabaja como camarista en el "Hotel Blegim", que se encuentra en Cuajinicuilapa, Guerrero. 9.2).- Que conoce a la menor de edad agraviada únicamente de vista. 9.3).- Que el día ocho de septiembre de dos mil cuatro estuvo hospedado en la habitación número 22 de dicho Hotel Blegim", una persona del sexo masculino del que desconoce su nombre, pero que ahora sabia había violado a la menor de edad. 9.4).- Que en la referida data, vio parada afuera del hotel en cuestión a la mencionada menor de edad agraviada, y que continuó realizando sus labores; pero que aproximadamente a las seis de la tarde vio que regresó la indicada Susana Enallancy Ruiz Méndez junto con la Policía Municipal en busca de la persona del sexo masculino referido en el inciso anterior, quien ya no se encontraba porque quince minutos antes lo vio salir junto con una mujer que supone, es su esposa, así como de un niño de aproximadamente dos años de edad. 10).- Declaración preparatoria del inculpado Gilberto Román Gallardo, en la que negó su participación en el hecho delictivo, aduciendo que la agraviada le fue a ofrecer tamales al hotel donde se encontraba hospedado junto con su esposa; que no le compró dichos alimentos y que ese día se había ido con su esposa sin saber nada más de la menor agraviada, y que incluso Rosa Olmedo Peláez le había comentado que iba a retirar la demanda porque no era cierto que él había violado a Susana Enallancy Ruiz Méndez, ya que al otro día dicha menor se fue con su novio. 11).- Por otro lado, conviene señalar que la defensa del inculpado, en la audiencia de vista de siete de febrero de dos mil diecisiete, hizo valer como agravios en contra del auto de formal prisión de dieciocho de noviembre de dos mil quince, los siguientes: 11.1).- Que el auto apelado causa agravios al recurrente porque no se encuentran acreditados los elementos del tipo ni tampoco la probable responsabilidad del inculpado, ya que este último al rendir su declaración preparatoria negó los hechos que se le imputan, además de que en el momento que indicó la agraviada que aconteció el injusto, aquél se encontraba junto con su esposa Sandra Bibiana Marcial. 11.2).- Que lo declarado por la agraviada no es consistente con lo asentado por el médico legista que la auscultó, porque si bien en el dictamen relativo se asentaron los indicios de que Susana Enallancy Ruiz Méndez había mantenido relaciones íntimas recientemente, no refirió nada sobre lo que aquélla relató en el sentido de que fue penetrada vía vaginal y anal, por lo que existe la suposición de que en realidad sostuvo relaciones sexuales con su novio. Entonces, una vez que se ha precisado lo anterior, procede ahora dilucidar sobre la comprobación de los elementos del delito de que se trata; en ese sentido, es importante destacar que previo a ello, la sala responsable confirmó la decisión del juez de la causa en torno a la aplicación de la legislación abrogada y por ende, improcedente realizar la traslación del tipo a la luz de la norma vigente, ya que efectivamente es la primera la que mayormente favorece al procesado por prever una sanción pecuniaria menos gravosa que la norma vigente. Luego, en torno a la demostración del primero de los elementos del delito de violación, que como se indicó, consiste en la acción de cópula con persona de cualquier sexo, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado lo tuvo por acreditado con lo depuesto por Susana Enallancy Ruiz Méndez, a lo que otorgó eficacia demostrativa indiciaria en términos de lo dispuesto por el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, al estimar que se colmaron los requisitos previstos en el diverso ordinal 127 de la legislación en cita, porque de dicho testimonio se obtenían datos que revelaban que la víctima fue objeto de una agresión sexual, sin que por su edad pudiera restársele credibilidad al ser la persona que directamente sufrió tal agresión, aunado a que por su naturaleza, los hechos se suscitaron ante la ausencia de testigos. Dicha conclusión la robusteció con los dos criterios aislados que invocó en torno a la eficacia probatoria del dicho de la ofendida en tratándose de delitos de oculta realización, lo que además concatenó con lo depuesto por la denunciante -y abuela de la víctima, que ejercía su guardia y custodia- Rosa Olmedo Peláez, a lo que otorgó eficacia demostrativa con base en los ordinales ya citados, subrayando que si bien a éste no le constaron los hechos sujetos a debate, no podía soslayarse que tuvo conocimiento de los mismos directamente por voz de la víctima con la que guarda relación de parentesco. De ese modo, la relevancia probatoria de aquellos testimonios la sala responsable los fincó en relación con el restante caudal probatorio, al estimarlos verosímiles pues lo relatado por la víctima menor de edad, y que le manifestó a su abuela Rosa Olmedo Peláez, efectivamente dan cuenta de que se le impuso cópula al tenor de las circunstancias antes reseñadas, lo que es congruente con el resultado asentado en el certificado médico, ginecológico, proctológico y de edad clínica probable, de nueve de septiembre de dos mil cuatro, que revela precisamente huellas de esa agresión sexual; experticia a la que se otorgó valor probatorio de conformidad con el artículo 126 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Lo anterior, lo adminiculó con el resultado de la inspección ocular que realizó el Ministerio Público en diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, a la que se otorgó eficacia demostrativa plena conforme a lo dispuesto por el artículo 125 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, que daba cuenta de las características físicas del lugar donde aconteció la agresión sexual aducida por la víctima del delito. Por otro lado, en lo que corresponde al segundo de los elementos del delito de violación, que se hizo consistir en el uso de la violencia física o moral para realizar la acción de cópula, lo tuvo por demostrado esencialmente con lo depuesto por la propia víctima Susana Enallancy Ruiz Méndez, en tanto que de su relato se advertía que la víctima era menor de edad por tener trece años de edad; que el activo utilizó engaños para llevarla hasta un lugar apartado, y cuando aquélla pretendió huir de ese lugar, el activo la sujetó y la forzó a caminar más; que le propino cachetadas porque no accedió a despojarse de su vestimenta, lo que realizó a la fuerza el activo; que al colocarse encima de la menor de edad, ésta intentó defenderse pero ello fue inútil por la mayor fuerza del sujeto activo, que incluso la amenazó de muerte si no se dejaba penetrar, imponiéndole cópula tanto vía vaginal como anal, y luego de que terminó el acto sexual, la amenazó nuevamente de muerte para que no dijera nada de lo acontecido. Además, la sala responsable consideró el contenido del dictamen pericial en materia de psicología, en el que se concluyó que Susana Enallancy Ruiz Méndez presentaba un daño psicoemocional moderado, porque proyectaba depresión y vergüenza; medio de convicción al que otorgó eficacia demostrativa indicaría conforme a lo dispuesto por el artículo 126 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Ahora bien, de la confrontación del primero de los motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa en confrontación con lo reseñado con antelación, se estima que contrario a lo afirmado por Gilberto Román Gallardo, la autoridad responsable sí fundó y motivó su determinación para tener por demostrados los elementos del delito que nos ocupa con base en la intelección de los medios de prueba allegados a la causa penal, habida cuenta que los mismos resultan aptos para ello. Para arribar a dicha conclusión, y por ende, estimar verosímil lo depuesto por la víctima del delito de violación, es necesario tener presente que de su narración queda de relieve la ejecución del hecho punible en ausencia de testigos, tan es así que su narración revela por ejemplo, que el activo la forzó a caminar hasta el lugar donde finalmente le impuso cópula, lo que es indicativo de que se trataba de un paraje solitario, tanto así, que le dio tiempo no sólo de quitarle a la fuerza la ropa a la víctima, sino también al propio victimario e incluso ingerir alimentos después de finalizar el coito; circunstancias que dan preponderancia -dentro de los límites de la sana critica-, a lo narrado por la pasivo, máxime que la naturaleza propia de los delitos de índole sexual son de realización oculta. Sobre el particular, conviene citar la tesis aislada número II.1o.C.T. 174 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y De Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 325, del Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIÓN, DELITO DE. ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA. Es verdad que tratándose de delitos de naturaleza sexual, que se realizan casi siempre en ausencia de testigos, el dicho de la paciente del delito adquiere una marcada importancia, porque de nada serviría la denuncia del atropello sexual, si no se otorgara crédito alguno a la declaración de la víctima, sin embargo, el alcance probatorio de esa testifical sólo puede ser apto en la medida en que pueda estar corroborado con otras pruebas." De ese modo, el ejercicio de ponderación de la declaración de la pasivo efectuada bajo aquellas circunstancias, requiere inexorablemente que se entrelace con cualquier otro indicio, aunque no sea de la misma calidad, para que en conjunto se integre la prueba circunstancial de valor pleno. Así las cosas, en el caso la imposición de la cópula a la pasivo -vía vaginal y anal, según lo relató-, se encuentra robustecida con el certificado médico ginecológico que se le efectuó precisamente unas horas después de que ocurrió la agresión sexual que sufrió Susana Enallancy Ruiz Méndez, en el que se asentó que dicha ofendida presentaba huellas de coito reciente precisamente en ambas vías. Además, de lo depuesto por la denunciante como de la víctima se destaca el cuidado que tuvieron para conservar indicios que permitieran dar veracidad a su dicho, pues refirieron que la agredida no se bañó precisamente con ese fin, lo que además es congruente con lo asentado en la fe ministerial en el sentido de que se advirtió que el cuerpo de la menor presentaba huellas que refirió, se trataba del lodo que se había secado en su humanidad cuando fue agredida sexualmente. Por ende, de la intelección de los medios de prueba antes destacados cuyo alcance demostrativo precisó la sala responsable, queda de manifiesto el hecho de que horas después de que la pasivo señaló haber sido violada acudió a presentar su denuncia, por lo que si el médico legista al efectuar su auscultación encontró huellas recientes de que fue penetrada vía vaginal y anal, aunado a que por las características proporcionadas sobre el lugar en que aconteció la agresión sexual, se presentaron huellas en el cuerpo de la menor de que efectivamente había estado en un sitio con lodo donde se le forzó a que se acostara, de ello se sigue que la versión de la pasivo puede estimarse como verosímil, aunado a que también le consta a la denunciante que eso mismo que declaró ante la autoridad ministerial, le fue dicho de primera mano por aquélla con la que la une una relación de parentesco. Por otro lado, también resulta infundado lo esgrimido por el quejoso cuando sostiene que a virtud de una deficiente cadena de custodia, se alteró el resultado de la opinión emitida por el médico legista que auscultó a la ofendida. En efecto, en su segundo concepto de violación, la parte quejosa aduce que fue irregular la ponderación del aludido medio de convicción porque en el certificado médico relativo no se expuso una explicación suficiente y metodológica que permitiera concluir que los residuos de espermatozoides y de fosfatasa acida correspondan al solicitante del amparo; sin embargo, no puede soslayarse que esta última conclusión no se obtuvo del certificado médico, ginecológico, proctológico y de edad clínica probable, sino del diverso dictamen en materia de química forense. Además, en el certificado médico, ginecológico, proctológico y de edad clínica probable sí se expuso la justificación del sentido de lo ahí asentado, en tanto que se asentó que ello se obtuvo mediante la auscultación de la propia paciente para lo cual se emplearon guantes desechables estériles, y se le auscultó en la mesa de exploración en un espacio -consultorio- con buena ventilación e iluminación. De igual modo, por lo que ve al diverso dictamen pericial en materia de química forense, con independencia de que no fue citado por la sala responsable para justificar el sentido de su decisión, tampoco puede pasarse por alto que la conclusión alcanzada por el experto en dicha materia, derivó del resultado de la reacción química de la muestra recabada de la cavidad vaginal de la víctima precisamente para determinar la presencia de fosfatasa acida y células espermáticas, que son indicativas de líquido seminal, consecutivo a un acto sexual. Así las cosas, no se observa acertado lo que al efecto esgrime la parte quejosa en tanto que los aludidos dictámenes sí contienen los razonamientos con los que se justifica el resultado alcanzado por los expertos, y que por la mecánica explicada, no se advierte que se hubiere dejado de observar algún cuidado en la muestra recabada de la cavidad vaginal de la víctima o en la escena del crimen que produjera algún "falso positivo", amén de que la ofendida refirió que tuvo el cuidado por ejemplo, de no bañarse para evitar diluir o borrar potenciales indicios, como lo es la presencia de líquido seminal o rastros de espermatozoides. En otro orden de ideas, en lo que respecta al resultado de la prueba de inspección, que se infiere, corresponde a la prueba que el quejoso aduce en su tercer concepto de violación como dictamen en "materia de criminalística de campo", ya que no se allegó tal medio de convicción a los autos de la causa penal; tampoco se advierte que la sala responsable hubiera otorgado indebidamente valor probatorio a dicha inspección, o que de su resultado se tornara inverosímil la versión de los hechos expuesta por la pasivo. Lo anterior se estima así, porque el valor de ese medio de convicción -la inspección ocular- se encuentra preestablecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, en su artículo 125, aunado a que las características físicas expuestas por la autoridad ministerial sí son congruentes con lo relatado por la víctima en el sentido de que se trata del lugar donde se llevó a cabo el hecho delictivo, tan es así que incluso el personal actuante pudo observar rastros de platos de unicel y de hojas de plátano que indicó Susana Enallancy Ruiz Méndez, eran los tamales que le pretendió vender al activo. Por tanto, se estima fundado en razón lo decidido por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el sentido de estimar que los medios de prueba son aptos para demostrar los elementos del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 139, del Código Penal del Estado. Ahora bien, por lo que ve a la probable responsabilidad de la parte quejosa en la comisión del delito que se le imputa, debe destacarse que ello se tuvo por demostrado como resultado de la adminiculación lógica, natural y jurídicamente razonada de las pruebas que fueron allegadas a la causa penal, las cuales sirvieron de base para acreditar los elementos del cuerpo de ese injusto, en términos del artículo 13 del Código Penal del Estado de Guerrero, que establece que a nadie se le podrá atribuir un resultado típico si éste no es consecuencia de su acción u omisión, esencialmente con la imputación directa que hizo la agraviada Susana Enallancy Ruiz Méndez, que guarda congruencia con los demás elementos de prueba allegados, a partir de todo lo cual sitúan a Gilberto Roman Gallardo como la persona que por sí misma el día ocho de septiembre de dos mil cuatro, al tenor de las circunstancias destacadas en líneas precedentes, impuso cópula a la menor de referencia. En este punto, contrario a lo señalado por el quejoso en su cuarto concepto de violación, no se advierte que la demostración del extremo de que se trata, se haya realizado a partir de lo depuesto por la testigo Carolina Regula Salinas Gómez, quien si bien, como lo aduce el quejoso, no se encontraba en el lugar donde refirió la agraviada aconteció el evento delictivo, sí expuso acontecimientos correspondientes a los hechos anteriores y posteriores a la violación denunciada, en tanto que de su relato se puede advertir la presencia de la pasivo en el hotel donde labora y posteriormente cuando regresó dicha víctima en compañía de la policía a ese lugar en busca de la persona que ahora sabe responde al nombre de Gilberto Roman Gallardo, a quien vio salir quince minutos antes, lo que es congruente con lo relatado por Susana Enallancy Ruiz Méndez. De igual forma, en lo que corresponde al análisis del quinto concepto de violación, no se advierte que la ponderación del informe policial provoque infracción alguna en los derechos sustantivos del quejoso, en tanto que la demostración de la probable responsabilidad parte del señalamiento directo que hizo la pasivo en su contra al identificarlo como su agresor sexual, de ahí que incluso prescindiendo de aquel medio de convicción, de todos modos no podría arribarse a la conclusión de que tal imputación devenga inverosímil o falaz, dada la concatenación del restante caudal probatorio; fundando así la participación de Gilberto Roman Gallardo, en la comisión del delito en términos de lo dispuesto por el numeral 17, fracción II, del ordenamiento legal en cita, al haber sido reconocido como el autor material del hecho punible. Por otro lado, se estima acertada la determinación de la autoridad judicial responsable de demeritar el alcance de las pruebas ofertadas por la defensa, esto es, que al rendir su declaración preparatoria Gilberto Roman Gallardo haya negado su participación en el hecho que se le atribuye, porque como lo sostuvo la autoridad responsable, ello no es suficiente para demeritar el alcance demostrativo de los indicios reseñados con antelación cuya intelección permiten identificar al quejoso como la persona que desplegó la conducta típica en agravio de Susana Enallancy Ruiz Méndez. Entonces, hasta este punto es factible sostener que sí existen indicios suficientes que adminiculados y valorados en los términos reseñados con antelación, acreditan los elementos del tipo del delito que se atribuye a Gilberto Roman Gallardo, y su probable responsabilidad en su comisión, de modo que la determinación de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado se estima fundada en razón bajo los lineamientos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la Carta Magna, en lo que corresponde a tales extremos. Por otro lado, en lo que atañe a la antijuridicidad, debe decirse que al momento en que el inculpado de mérito realizó la conducta típica que se le reprocha, no la efectuó al amparo de alguna causa de licitud y, por ende, el mismo resulta imputable, ya que a la fecha en que se cometió el delito éste tenía la capacidad para conocer lo ilícito de su proceder pues contaba con edad suficiente para ello, no obstante consintió su realización y aceptó sus consecuencias. Tampoco aparecen en el sumario datos de los que pudiera advertirse que actuó bajo un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le haya quitado la capacidad de querer y entender. Y en relación con su probable culpabilidad en la comisión del delito que se le imputa, en autos también se acreditó, ante la ausencia de prueba que conduzca a sostener que se está ante alguno de los casos previstos en el artículo 22 del Código Penal en vigor, máxime que ello por ser benéfico para el indiciado, compete a quien le favorezcan demostrar las causales excluyentes de responsabilidad, de conformidad con la Jurisprudencia número II.3o. J/46, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 41, del Tomo 63, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. DEBEN DEMOSTRARSE PLENAMENTE Las excluyentes de responsabilidad penal deben comprobarse en forma plena, a fin de que el juzgador pueda otorgarles el valor absolutorio que legalmente les corresponde." Asimismo, ilustra sobre el particular la jurisprudencia integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo." Por tanto, también deviene infundado lo que aduce el peticionario en el sentido de que no existen pruebas suficientes que acrediten su probable responsabilidad penal, ya que conforme con los elementos de convicción allegados quedó acreditado de manera probable aquel extremo con lo que se estima colmada la exigencia constitucional, en concatenación con los diversos criterios que sobre el particular han pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diversos Tribunales Colegiados de Circuito, que consideraron que para dictar un auto de formal prisión no se requiere prueba plena de responsabilidad; de ahí que como se ha expuesto a la largo de este apartado, las pruebas aportadas se estiman suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito en estudio y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 463, Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, Octava Época, Apéndice 2000, que señala: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ÚNICAMENTE DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. En el auto de formal prisión solamente debe puntualizarse el o los delitos por los cuales se continuará el proceso y determinar, si está demostrada la corporeidad del ilícito o ilícitos correspondientes; si existen pruebas que hagan probable la presunta responsabilidad en su comisión, pero de ninguna manera deberá precisarse que ésta se justificó plenamente, toda vez que esto es lo que constituye el objeto del proceso y materia de la resolución definitiva; sostener lo contrario, equivale a rebasar las exigencias a que se contrae el artículo 19 constitucional." De igual forma, se cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado." En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, y no existir queja deficiente que suplir en los términos previstos por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó Gilberto Roman Gallardo, en contra de la resolución de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal X-380/2016 por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por virtud de la cual confirmó el auto de formal prisión emitido dentro de la causa penal 251/2004-II, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, por el delito de violación cometido en agravio de Susana Enallancy Ruiz Méndez. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Ometepec, Guerrero, por no haberse combatido por vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gilberto Román Gallardo, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... "; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS DE FECHA DIEZ Y VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO...

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