Gilberto Rodwell Hulse Peña
Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gilberto Rodwell Hulse Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
Audiencia constitucional. En Mazatlán, Sinaloa, a las doce horas con veinte minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga lugar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 547/2020. El licenciado Ricardo Borrego Pérez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, Encargado del Despacho por vacaciones autorizadas al titular mediante oficio CR./CJD./001/4315/2020, firmado electrónicamente por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, asistido del secretario de juzgado, licenciado Osmar Abraham Lara Piñón, con quien actúa y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Módulo "Agenda visita a OJ", opción Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. El secretario procede a hacer relación de las constancias de autos: demanda de amparo y anexos, promovida por Gilberto Rodwell Hulse Peña y María Laura Peña Farber o María Laura Elena Peña Farber de Hulse, en su carácter de heredero adjudicatario y albacea de la Sucesión a bienes de María Isabel del Refugio Peña Farber, respectivamente; auto admisorio de diez de noviembre de dos mil veinte; informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Director de Ingresos, Tesorero y Presidente del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, Congreso, Director General del Instituto Catastral, Director del Periódico Oficial y Gobernador, todos del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; y pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Acto seguido, el secretario encargado del despacho acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos del juicio en que se actúa, descritas en el apartado que precede y, conforme a lo previsto en el ordinal 117 del propio ordenamiento legal, rendidos los informes con justificación de referencia. Abierto el período de pruebas: el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, así como con la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones ofrecidas por la primera en cita. A lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidos y desahogados los referidos medios de convicción, mismos que podrán ser tomados en consideración en su oportunidad. Sentado lo anterior, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos: el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento. A lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: se tienen hechas las manifestaciones vertidas por la parte procesal de mérito. Con lo que concluye el periodo de referencia. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 547/2020, promovido por Gilberto Rodwell Hulse Peña y María Laura Peña Farber o María Laura Elena Peña Farber de Hulse, en su carácter de heredero adjudicatario y albacea de la Sucesión a bienes de María Isabel del Refugio Peña Farber, respectivamente; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, recibido el nueve siguiente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Gilberto Rodwell Hulse Peña y María Laura Peña Farber o María Laura Elena Peña Farber de Hulse, en su carácter de heredero adjudicatario y albacea de la Sucesión a bienes de María Isabel del Refugio Peña Farber, respectivamente, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Congreso, Gobernador, Director General del Instituto Catastral y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como del Ayuntamiento de Mazatlán, Tesorero y Director de Ingresos, éstos dos últimos, del aludido órgano colegiado, con asiento en esta ciudad, que estimaron violatorios de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hicieron consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- Del CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA: La aprobación del decreto número 44, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa, que contiene la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, así como de su modificación mediante reforma publicada, en el referido medio de comunicación oficial, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, específicamente de los artículos 35, fracción I, y 36, de dicho ordenamiento legal, que prevén la tarifa y mecánica para el cálculo del impuesto predial. 2.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA: La promulgación y orden de publicación del decreto número 44, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa, que contiene la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, así como de su modificación mediante reforma publicada, en el referido medio de comunicación oficial, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, específicamente de los artículos 35, fracción I, y 36, de dicho ordenamiento legal, que prevén la tarifa y mecánica para el cálculo del impuesto predial. 3.- Del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA: * La expedición del acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2014, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 15 de diciembre de 2014, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2015. * La expedición del acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 18 de diciembre de 2015, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2016. * La expedición del acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2016, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 21 de diciembre de 2016, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2017. * La expedición del acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2017, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 15 de diciembre de 2017, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2018. * La expedición del acuerdo que contiene la tarifa del Impuesto Predial utilizada para su cálculo en el año 2019. * La expedición del acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 16 de diciembre de 2019, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2020. 2.- Del DIRECTOR O JEFE DEL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA": * La publicación de fecha 15 de diciembre de 2014 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", del acuerdo reclamado en el inciso anterior que contiene la tarifa que rige el impuesto predial para el año 2015. * La publicación de fecha 18 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", del acuerdo reclamado en el inciso anterior que contiene la tarifa que rige el impuesto predial para el año 2016. * La publicación, de 21 de diciembre de 2016, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", del acuerdo reclamado en el inciso anterior que contiene la tarifa que rige el impuesto predial para el año 2017. * La publicación, de 15 de diciembre de 2017, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", del acuerdo reclamado en el inciso anterior que contiene la tarifa que rige el impuesto predial para el año 2018. * La publicación, de 16 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", del acuerdo reclamado en el inciso anterior que contiene la tarifa que rige el impuesto predial para el año 2020. 3.- Del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA, así como, del TESORERO MUNICIPAL y del DIRECTOR DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA: * La aplicación, en mi perjuicio, del acuerdo de 11 de diciembre de 2014, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 15 de diciembre de 2014, expedido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2015. * La aplicación, en mi perjuicio, del acuerdo de 11 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 18 de diciembre de 2015, expedido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2016. * La aplicación, en mi perjuicio, del acuerdo de 13 de diciembre de 2016, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 21 de diciembre de 2016, expedido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2017. * La aplicación en mi perjuicio, del acuerdo de 12 de diciembre de 2017, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 15 de diciembre de 2017, expedido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2018. * La aplicación en mi perjuicio de la tarifa utilizada para el cálculo del Impuesto Predial en el año 2019. * La aplicación en mi perjuicio del acuerdo de 12 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 16 de diciembre de 2019, expedido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que contiene la tarifa del Impuesto Predial para el año 2020. Evento que se materializó, como primer acto de aplicación, a través del pago realizado el 15 de octubre de 2020, por la cantidad de $165,927.89 (ciento sesenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 89/100 moneda nacional), a fin de liquidar, el impuesto predial de los periodos correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en relación al inmueble listado en la sucesión a bienes de la señora MARÍA ISABEL DEL REFUGIO PEÑA FARBER, con clave catastral número 011- 000-002-002-016-001 y que fue adjudicado al señor GILBERTO RODVVELL HULSE PEÑA mediante sentencia de 11 de marzo de 2020." SEGUNDO. Radicación. Correspondió conocer de la demanda de amparo, por razón de turno, a este juzgado de distrito, y en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, la registró con el expediente 547/2020, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención que le compete, quien formuló pedimento. Seguido el juicio, la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, dado que se reclama una norma de carácter local, cuyo acto de aplicación tuvo lugar dentro de los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previamente a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa lo hizo consistir en lo siguiente: I. Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Sinaloa, con asiento en Culiacán, reclamó la aprobación, promulgación y orden de publicación, respectivamente, del Decreto número 44, publicado en el Diario Oficial "El Estado de Sinaloa", el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa, que contiene la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, así como su modificación, mediante reforma publicada en el referido medio de comunicación oficial, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, específicamente de los artículos 35 fracción I, y 36, que prevén la tarifa y mecánica para el cálculo del impuesto predial. II. Del Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, en Culiacán, reclamó la emisión de los Acuerdos publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", a través de los cuales se dio a conocer las tarifas del impuesto predial aplicable en los años dos mil quince a dos mil veinte, respectivamente. III. Del Director del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con sede en Culiacán, reclamó la publicación de los Acuerdos señalados en el punto anterior. IV. Del Ayuntamiento de Mazatlán, Tesorero y Director de Ingresos, éstos dos últimos, adscritos al primero en cita, con asiento en esta ciudad, reclamó la aplicación de los aludidos acuerdos, con motivo del pago realizado el quince de octubre de dos mil veinte, por la cantidad total de $165,927.89 (ciento sesenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 89/100 moneda nacional), por concepto de impuesto predial de los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos del criterio contenido de la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, abril de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Así, no son ciertos los actos reclamados al Ayuntamiento, Tesorero y Director de Ingresos, éstos dos últimos, adscritos al primero en cita, con asiento en esta ciudad, consistentes en la aplicación de los acuerdos reclamados, con motivo del pago realizado el quince de octubre de dos mil veinte, por la cantidad total de $165,927.89 (ciento sesenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 89/100 moneda nacional), por concepto de impuesto predial de los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil veinte, mediante recibo de pago con número de operación 2020-223542 (foja 28). Para arribar a la citada conclusión, es necesario precisar que tratándose del tema de constitucionalidad de normas que se reclaman con motivo de un acto de aplicación, se requiere que dicho acto sea el primero en la esfera de derechos del quejoso; en este aspecto, la aplicación puede darse de tres maneras: A través de un acto volitivo del quejoso en cumplimiento con la norma impositiva. Por conducto de un particular en auxilio de la administración pública; y, Por una autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio. Bajo esa perspectiva, la existencia de un acto de autoridad no puede válidamente derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, de modo tal que la circunstancia de que si el quejoso cumple voluntariamente con un precepto normativo, entonces, su actuar no conduce a acreditar la aplicación de la legislación cuestionada a través de las responsables, sino que se traduce en una colaboración de su parte con el Estado y por ello justifica la aplicación de la norma para efectos de la promoción del juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por otra parte, si un particular por imperativo de ley, está constreñido al auxilio de las autoridades que tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo, entonces, su actuar materializa la aplicación del precepto normativo en perjuicio de la impetrante. El criterio del cual se da noticia es el contenido en la jurisprudencia 5/2006 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." Finalmente, la última de las hipótesis de aplicación de las normas reclamadas, se atribuye a las autoridades que por imperio de ley y en el ámbito de sus atribuciones, impone una situación de hecho concreta al gobernado, con base en dichos preceptos. De esa manera, una ley solo puede considerarse aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 18/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN. Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuestos previstos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley." Bajo esa perspectiva, si como ocurre en la especie, la existencia de un acto deriva de la actitud del particular frente al mandato legal, de tal modo que la circunstancia de que la parte quejosa haya realizado el pago de un impuesto, ello no conduce a tener por ciertos los actos que atribuyó a las autoridades en cuestión; a saber, la aplicación de los acuerdos reclamados, con motivo del pago realizado el quince de octubre de dos mil veinte, por la cantidad total de $165,927.89 (ciento sesenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 89/100 moneda nacional), por concepto de impuesto predial de los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil veinte, mediante recibo de pago con número de operación 2020-223542 (foja 28). En tanto que dichos actos fueron consecuencia del pago voluntario realizado por la parte quejosa al momento de liquidar el impuesto predial para los referidos ejercicios fiscales. Por tanto, respecto de los actos y autoridades a que se hace relación en este considerando, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que ello implique, desde luego, que en la eventualidad de que el amparo solicitado sea concedido a la parte quejosa, las referidas autoridades puedan estar conminadas a su cumplimiento dada su vinculación, conforme al criterio establecido en la jurisprudencia 47/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, julio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Con la salvedad anterior, con el contenido de los informes justificados quedó plenamente acreditada la certeza de los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Director General del Instituto Catastral y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, consistentes, respectivamente, en la aprobación, promulgación y orden de publicación, respectivamente, del Decreto número 44, publicado en el Diario Oficial "El Estado de Sinaloa", el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa, que contiene la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, así como su modificación, mediante reforma publicada en el referido medio de comunicación oficial, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, específicamente de los artículos 35 fracción I, y 36, que prevén la tarifa y mecánica para el cálculo del impuesto predial; la emisión de los Acuerdos publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", a través de los cuales se dieron a conocer las tarifas del impuesto predial aplicables en los años dos mil quince a dos mil veinte, y la publicación de dichos Acuerdos. Máxime que, por una parte, los actos reclamados recaen en disposiciones generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba y que son materia propia de conocimiento de este juzgador de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2° y, además, con apoyo en la tesis V.2o.214 K, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, cuyo rubro es el siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA." Así como las jurisprudencias 2ª./65/2000 y 278, sustentadas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubros: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Improcedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Primera causa de improcedencia En la especie, en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable Director del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con sede en Culiacán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. El numeral referido en primer término, establece que el juicio de amparo es improcedente, no solo cuando se actualiza alguna de las hipótesis expresamente contempladas, sino también cuando ésta resulte de alguna disposición de la propia Ley o de la Constitución; mientras que, el segundo de ellos dispone que a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general reclamada o en su publicación les resulta responsabilidad para los efectos del juicio de amparo, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que el quejoso no hizo valer conceptos de violación en contra de la publicación de la norma general reclamada; por tanto, en la especie no asiste el carácter de autoridad responsable al Director del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", con sede en Culiacán, a quien se atribuye la publicación de los acuerdos reclamados, en términos de lo establecido por el artículo 108, fracción III, de la referida Ley de Amparo; de ahí que respecto a dicho acto se actualiza la causal de improcedencia en estudio y, por consiguiente, resulte procedente SOBRESEER en el juicio respecto de dicho acto y autoridad con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo además, por compartir su contenido, en la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, octubre de 2015, tomo III, Materia Común, página 2248, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." II. Segunda causa de improcedencia Por otra parte, la diversa autoridad responsable Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, solicitó que se sobreseyera en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al aducir que los actos reclamados no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, pues contrario a lo que refieren los peticionarios del amparo, no le fueron aplicadas las tablas de valores contenidas en los acuerdos que aquí se reclaman. En relación a ello, y en una reflexión sobre el tema, se estima que se trata de cuestiones íntimamente ligadas con el fondo del asunto, de ahí que se desestime el alegato de improcedencia que se atiende. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de 2002, página 5, de la voz y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Expuesto lo anterior, el suscrito no advierte de oficio la actualización de alguna diversa causa de sobreseimiento; por tanto, se procede a analizar el fondo del presente juicio constitucional. SEXTO. Técnica de estudio de los conceptos de violación. No se trascriben, toda vez que la Ley de Amparo no contiene precepto que lo establezca como obligación, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Es aplicable, la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Además, por cuestión de técnica jurídica, los conceptos de violación podrán ser examinados en su conjunto cuando guarden estrecha relación, o en un orden diverso al propuesto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5, de rubro (registro 2011406): "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." Asimismo, el estudio de los aludidos conceptos de violación se realizará bajo el principio de estricto derecho, toda vez que en la especie no se actualiza el supuesto de procedencia de suplencia de la queja previsto en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que los artículos 35, fracción I, y 36 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, aplicables para los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil veinte, en que se fundan los actos reclamados no han sido considerados inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Pleno de este Decimosegundo Circuito. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son, por una parte, inoperantes y por otra, infundados, por las siguientes razones: En primer término es necesario precisar que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de un acto de aplicación, como ocurre en la especie, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, una vez determinado que es procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación derivado del pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil quince a dos mil veinte, debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del aludido acto de aplicación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 191311, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la diversa jurisprudencia 221 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 389674, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Precisado lo anterior, en su primer concepto de violación, la parte quejosa alegó, esencialmente, que las tarifas contenidas en las tablas de valores catastrales para la determinación del impuesto predial aplicable para los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil veinte, contenidas en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se otorga un tratamiento desigual a los contribuyentes del impuesto predial urbano, por el hecho de que el predio esté baldío o edificado, situación que coloca a los contribuyentes en un plano de desigualdad, no obstante que gozan de las mismas características objetivas, esto es, ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de inmuebles). El referido concepto de violación es inoperante por las siguientes razones: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gilberto Rodwell Hulse Peña y María Laura Peña Farber o María Laura Elena Peña Farber de Hulse, en su carácter de heredero adjudicatario y albacea de la Sucesión a bienes de María Isabel del Refugio Peña Farber, respectivamente, contra los actos reclamados precisados en los considerandos tercero y quinto, por las razones dadas en los propios apartados.SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gilberto Rodwell Hulse Peña y María Laura Peña Farber o María Laura Elena Peña Farber de Hulse, en su carácter de heredero adjudicatario y albacea de la Sucesión a bienes de María Isabel del Refugio Peña Farber, respectivamente, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Director General del Instituto Catastral del Estado, todos con asiento en Culiacán, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente sentencia.TERCERO. Cúmplase con lo establecido en el considerando octavo de esta resolución.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el expediente 547/2020-II-7, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba programada para las catorce horas del treinta de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que el sumario en que se actúa quedó suspendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO en el expediente en que se actúa, así también, se deja sin efecto la audiencia constitucional previamente programada, y se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el pedimento número 320/2020, firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por medio del cual formula diversas manifestaciones a título de alegatos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. - Por otro lado, del estado de los autos, se aprecia que aún no obran las constancias de notificación de los oficios 14594/2020 y 14596/2020, dirigidos a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y Director del Periódico Oficial del "Estado de Sinaloa", ambas con sede en Culiacán, a través de los cuales se les solicitó rindieran su respectivo informe justificado; en consecuencia, para dar margen a que las anotadas responsables se impongan del contenido de los mismos y estén en aptitud de rendir su informe, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere a fin de que tenga verificativo a las doce horas con veinte minutos del once de enero de dos mil veintiuno.
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