Gilberto Rodríguez Gómez

Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
112/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Rodríguez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el acuerdo Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, la generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona ingresen al órgano jurisdiccional. Esto es, el acceso está condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. Además, dicho acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En mérito de lo anterior, respecto a su solicitud consistente en que se le expidan las copias fotostáticas que refiere, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que para su asistencia al órgano jurisdiccional es necesario generar el código QR mencionado, por lo que se dejan a salvo sus derechos, para que una vez que se dicte la sentencia correspondiente, solicite las copias que requiera. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRIMERA CERTIFICACION: EN CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EL LICENCIADO JESÚS HUMBERTO MUÑOZ ESCOTO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CERTIFICA: QUE EN VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE RECIBIÓ LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ANDRÉS GÓMEZ SANTAMARÍA, POR PROPIO DERECHO, CONTRA EL ACTO QUE HACE CONSISTIR EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DICTADA EN LA CARPETA JUDICIAL 97/2019, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE CONTROL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO DEMANDA DE AMPARO QUE QUEDÓ REGISTRADA CON EL NÚMERO 111/2021; ASIMISMO, HACE CONSTAR QUE DE IGUAL FORMA, EN ESA DATA SE RECIBIÓ LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR GILBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ POR PROPIO DERECHO, CONTRA EL ACTO QUE HACE CONSISTIR EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DICTADA EN LA CARPETA JUDICIAL 97/2019, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE CONTROL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO DEMANDA DE AMPARO QUE QUEDÓ REGISTRADA CON EL NÚMERO 112/2021. LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. EL SECRETARIO. SEGUNDA CERTIFICACIÓN. EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO LICENCIADO JESÚS HUMBERTO MUÑOZ ESCOTO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO; CERTIFICA: QUE DESPUÉS DE HABERSE REALIZADO BÚSQUEDA DEL REGISTRO DE CÉDULA PROFESIONAL A NOMBRE DE JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, SÍ SE ENCONTRÓ REGISTRADA SU CÉDULA PROFESIONAL, NO ASÍ DE JEIME ELIDETH DÍAZ DE JESÚS Y MA. DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ RAMÍREZ. LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. EL SECRETARIO. En cinco de abril de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito, con los escritos de demanda firmados por Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, por propio derecho y con las certificaciones secretariales que anteceden. Conste. EL SECRETARIO.Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vistos los escritos de demanda firmados por Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, por propio derecho, quienes promueven contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero y otra autoridad. Regístrense en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con los números 111/2021 y 112/2021, respectivamente y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo instaurada por Andrés Gómez Santamaría, por propio derecho, se advierte que señala como acto reclamado la orden de aprehensión, dictada en la carpeta judicial 97/2019, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Por su parte, de la diversa demanda de amparo promovida por Gilberto Rodríguez Gómez, por propio derecho, se advierte que señala como acto reclamado la orden de aprehensión, dictada en la carpeta judicial 97/2019, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. De esta suerte, se tiene que en el caso se trata de juicios promovidos por diferentes quejosos, contra la misma autoridad responsable y acto reclamado, por lo que en los mismos pudiera operar la figura de la acumulación. Luego, del análisis hecho a la Ley de Amparo aplicable al procedimiento en que se actúa, cabe destacar que no prevé la figura de la acumulación de juicios, por lo que en ese sentido, debemos remitirnos al artículo 2°, de la misma que dispone: ".Artículo 2o. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." Así, cabe destacar que los requisitos para que opere la supletoriedad de leyes, son: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que puedan aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente; c) Que la omisión o vacío legislativo hagan necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar el problema jurídico planteado; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, si no que sea congruentes con sus principios y con las bases que rigen la institución de que se trate. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, visible a página 1065, que a al rubro dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.". Requisitos que en el caso que nos ocupa se actualizan a cabalidad, en virtud que la Ley de Amparo en su artículo 2, establece expresamente que ley es supletoria a falta de disposición expresa en la misma, en el caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles; así también la Ley del Procedimiento no contempla la institución jurídica de la acumulación de juicios, y ante esa omisión es necesaria la aplicación supletoria del Código antes mencionado para solucionar el problema jurídico de que se trata, puesto que en sus artículos 72 y 73 establecen la figura de la acumulación de oficio de juicios que se encuentra ante un mismo tribunal, con lo cual se estima que no contrarían el ordenamiento legal de la materia que se suple, siendo congruente con sus principios y con las bases que rigen la institución a suplir. En ese sentido, es procedente entonces pronunciarse en relación a la acumulación respecto de las demandas de amparo de cuenta al tenor de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: ".ARTÍCULO 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. ARTÍCULO 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental.". De los artículos antes referidos, se desprende que la acumulación podrá decretarse de oficio o a instancia de parte en cualquier etapa del juicio, respecto de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, con la restricción que dichos juicios se encuentren en trámite a fin de evitar sentencias contradictorias, es decir, que no estén para verificarse la audiencia final en primera instancia. En esas condiciones, al reunirse los supuestos a que se refiere los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Vigente, se impone como consecuencia declarar procedente la acumulación de juicios. Esto es, el juicio de amparo 112/2021 deberá acumularse al diverso 111/2021, por que la acumulación es del juicio más nuevo al más antiguo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, Octava Época, octubre de mil novecientos noventa y dos, página doscientos sesenta y tres, de rubro: "ACUMULACIÓN. JUICIO MÁS ANTIGUO.". Dado que se declara procedente la acumulación, debe glosarse la demanda que dio origen al juicio de amparo 112/2021 al diverso que originó el 111/2021, en un sólo expediente para sujetar ambos juicios a una tramitación común y fallarlos en una sola sentencia. Se cita en apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 115-120, primera parte, página trece, que es del siguiente rubro: "ACUMULACIÓN DE AUTOS. NO IMPLICA FUSIÓN.". ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admiten las demandas propuestas. INCIDENTE. Con copia certificada del presente proveído, tramítese por separado y duplicado, el incidente de suspensión solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada una, multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Rodríguez González, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indican en sus escritos de cuenta, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además por así haberlo solicitado. No pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional que la parte quejosa señala como correo electrónico el siguiente lic.rjesus@gmail.com; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Asimismo, como los quejosos Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, están privados de su libertad, la notificación del presente proveído, deberá practicarse personalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el citado centro penitenciario, y notifique a los quejosos Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, el presente proveído; y a la brevedad posible devuelva la citada comunicación oficial. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de las demandas y copia certificada del auto admisorio de demanda, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 111/2021 y su acumulado 112/2021, promovidos por Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, por propio derecho, quienes promueven contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero y otra autoridad. INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes en que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá a cada uno, MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), tal determinación se apoya en los artículos 2381 y 260, fracción I de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia incidental en este asunto. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa. En ese sentido, los quejosos Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, señalan como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en la carpeta judicial 97/2019, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. D E CI S I Ó N: En ese orden, es necesario señalar que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 130 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que se deben tomar en cuenta, para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: 1. La naturaleza de la violación alegada. 2. La dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución. 3. Los que la suspensión origine a los terceros interesados. 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 5. Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso. Ahora bien, en virtud que del escrito de demanda, se aprecia que los quejosos están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el único efecto de que los quejosos Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez,queden a disposición de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, únicamente en lo que se refiere a su libertad en el lugar en que se encuentran recluidos, quedando a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort Guerrero, para la continuación del proceso que se les instruye, dado que del contenido de la demanda se aprecia que el delito que se les atribuye es el de desaparición forzada de personas en la carpeta judicial 97/2019, ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que para una mejor apreciación se transcribe: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Párrafo reformado DOF 19-02-2021.." En el entendido que la concesión de suspensión provisional durara hasta en tanto se notifique lo que se resuelve sobre la suspensión definitiva, quedando la parte quejosa a disposición de este juzgado por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de las autoridades ordenadoras por lo que se refiere a la continuación del procedimiento que se les instruye. Sin que pase inadvertido por este juzgador que los quejosos aducen que desconocen el motivo por el cual se les haya girado la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas; y al encontrase recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA", la medida suspensión únicamente es como ya se adelantó respecto a su libertad personal, y que ellos queden a disposición de las autoridades ordenadoras en el lugar de reclusión por lo que se refiere a la continuación del procedimiento que se les instruye; ello en virtud de que la sociedad está interesada en la investigación y cumplimiento de los delitos; aunado a que los quejosos no aportan mayores datos del porque se encuentran recluidos actualmente. Por las razones que expone, es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2017988 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: I.1o.P. J/4 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2182 Tipo: Jurisprudencia. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (ACTUALMENTE DEROGADO). LA NEGATIVA DEL ACTIVO A RECONOCER LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD O PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE EL PARADERO DE LA VÍCTIMA, ES UN ASPECTO CARACTERÍSTICO DE ESTE DELITO, QUE SI BIEN NO ESTÁ ESTATUIDO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE SU TIPIFICACIÓN, SÍ CONSTITUYE UNA CONDUCTA CON LA QUE SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO, RELATIVOS A "PROPICIAR DOLOSAMENTE EL OCULTAMIENTO" DEL PASIVO. El precepto mencionado establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. En ese sentido, los conceptos "propicie" y "mantenga" previstos en ese tipo penal -que de acuerdo con el proceso legislativo que lo originó, le dan un mejor contenido y alcance- son los verbos rectores en los que debe demostrarse dicho delito; sin embargo, esos conceptos, por sí solos, están truncos en la medida en que de ellos no es posible entender o explicar cuál es la finalidad que justamente se desea generar, esto es, "¿qué se propicia?", "¿qué se mantiene?", siendo que las respuestas que se den a estos cuestionamientos, dan pauta para conocer qué es lo que realmente prohíbe y castiga el derecho penal con la tipificación de este ilícito. Al respecto, por lo que hace al concepto "propiciar", el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo define como un verbo transitivo que implica "favorecer que algo acontezca o se realice". Luego, del texto del tipo penal en cuestión, puede advertirse que es aquello que la norma penal prohíbe favorecer para que acontezca o se realice (propicie), siendo esto que "dolosamente se oculte" al pasivo bajo cualquier forma de detención. Por tanto, para que se configure este ilícito, el activo debe propiciar dolosamente el ocultamiento del pasivo, siendo que por el vocablo "ocultar", de acuerdo con la fuente cultural y lingüística invocada, también es un verbo transitivo que significa "esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista; callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad". En ese sentido, "el ocultamiento", como se alude en el tipo penal en análisis, puede acontecer de diversos métodos o motivos, verbigracia y sólo de forma enunciativa mas no limitativa, desde que se niegue la detención o no se aporte o dé información sobre el paradero de la víctima o del lugar en el que se encuentra detenida o privada de la libertad; hasta que no se le permita el acceso a familiares, abogados o autoridades a la información conducente para la pronta localización y debida defensa de quien se aduce como desaparecido. Lo anterior, porque con esas acciones u omisiones "se esconde, tapa o se disfraza la verdad", siendo éstas, acotaciones del verbo "ocultar". Entonces, "el negar reconocer la privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y no dejar huellas o evidencias", pueden constituir formas de ocultamiento, siendo que esos elementos son característicos del delito de desaparición forzada de personas, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el hecho de que en nuestro sistema normativo no esté señalado como elemento integrante del delito en mención: "la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima", no significa que deba ser desconocido o, en el peor de los casos, considerar que no puede traerse a cuenta como forma de acreditación del ilícito; esto, porque como se ha dicho, la negativa referida es una característica esencial del delito y en su tipificación encuentra cabida, en la medida en que resulta ser una conducta con la que se favorece para que acontezca o se realice (propicie), el ocultamiento de quien resulta ser víctima. Con lo anterior, no se viola el artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que no se aplican la analogía ni la mayoría de razón para delimitar el alcance y contenido de determinados elementos del tipo penal, pues se colige que los conceptos "propicie" y "ocultamiento", son elementos normativos dentro de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, que si bien tienen un contenido claramente objetivo (descriptivo), en tanto que su descripción puede ser aprehensible por los sentidos, a la vez, suponen también un contenido que requiere ser precisado a la luz del derecho o de una cierta valoración cultural, en la que de acuerdo con lo que significan esos vocablos - interpretados lingüísticamente desde su verbo en infinitivo-, y a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado sobre el tema, es posible saber cuáles son sus contenidos, alcances y, sobre todo, se conoce qué es lo que realmente prohíbe y castiga el derecho penal con la tipificación del ilícito de referencia." DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Rodríguez González, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indican en sus escritos de cuenta, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además por así haberlo solicitado. No pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional que la parte quejosa señala como correo electrónico el siguiente lic.rjesus@gmail.com; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Asimismo, como los quejosos Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, están privados de su libertad, la notificación del presente proveído, deberá practicarse personalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de ProcedimientosCiviles de aplicación supletoria, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el citado centro penitenciario, y notifique a los quejosos Andrés Gómez Santamaría y Gilberto Rodríguez Gómez, el presente proveído; y a la brevedad posible devuelva la citada comunicación oficial. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese.

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