Gilberto Rivera Castañeda

Expediente 361/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
361/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Rivera Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que precede, de la que se advierte no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de revisión contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, suscrito por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión principal número 74/2021-II, formado con motivo del recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, asimismo, devuelve los autos originales del expediente 880/2020-I, consecuentemente, acúsese el recibo de estilo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, comuníquese lo anterior a las partes, haciéndoles saber que el contenido de los puntos resolutivos del testimonio en cita, son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Karen Viridiana Guerrero Ramírez, representando a su menor hoja F.E.C.G, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultado primero de esta ejecutoria." En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y/o su autorizado, acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificarle por lista la determinación de treinta de marzo de dos mil veintidós, que dice: "A sus autos agréguese(nse) el(los) comunicado(s) de cuenta, a través del(de los) cual(les) se rinde(n) el(los) informe(s) justificado(s) requerido(s) mediante oficio(s) 8006; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tiene(n) como delegado(s), al(a los) que designa(n) en su informe de ley, la(s) autoridad(es) oficiante(s), en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora, con apoyo en lo previsto por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no se tiene a la(s) citada(s) autoridad(es) invocando la(s) causal(es) de improcedencia. En relación con el ofrecimiento de pruebas, se provee como a continuación se expone: ? Documental(es). Se tiene(n) por presentada(s) la(s) anexa(s) al(a los) informe(s) respectivo(s), la(s) cual(es) se tiene(n) por admitida(s) y desahogada(s) en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación con la misma en la audiencia, aunque no exista gestión expresa del interesado. Lo anterior de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Mismas documentales a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Por ende, atento al contenido del informe ya las documentales anexas a éste, es evidente la inexistencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de febrero de dos mil veintidós -foja 1-), ya que el mismo consistente en: ? La falta de respuesta a la solicitud de trámite realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno con folio 14210009232. Dado que la solicitud de referencia fue acordada y le fue calificada en once de enero del dos mil veintidós, resultando positiva, llevándose a cabo su inscripción en la fecha antes citada bajo el folio número 14083007127111936R, llevándose a cabo la cancelación del certificado número 1043688, y generándosele el nuevo con el número 1055232 a favor del quejoso Gilberto Rivera Castañeda, el cual ampara la parcela número 267, de la zona 1, polígono 3/14, del ejido Cuisillos, ubicado en el municipio de Tala, en el estado de Jalisco, por lo que resulta evidente la inexistencia de la omisión que se reclama. En esa tesitura, se advierte la actualización de la causa manifiesta e indudable de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, dispone: " Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]". Efectivamente, del citado numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1. De las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2. Cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las mencionadas hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario, como acontece en la especie. Conforme a lo anterior, ese motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba puede desvirtuarse, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Como apoyo de lo anterior, resulta aplicable la tesis que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2019142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.16o.T.7 K (10a.) Página: 2646 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". Por tanto, de conformidad con los artículos 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" y que en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que en el caso no se dé vista a las partes con la recepción del informe de cuenta (y en su caso, con las constancias remitidas), este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que las partes no hayan conocido del informe justificado durante el plazo de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado de este acuerdo y, ante ese panorama, de otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente determinación. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable por las razones que informa el criterio del rubro que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 164217 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Página: 312 "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo o en este caso, del acuerdo de sobreseimiento, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conviene puntualizar que el acto reclamado en sede constitucional constituye un acto dilatorio. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en el caso en particular, aunque se otorgue a las partes los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ningún beneficio obtendrían, puesto que aun concediéndolo, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios contra los que ya obran en autos (que tienen valor probatorio pleno), a fin de demostrar que el acto reclamado subsiste. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que el acto dilatorio reclamado subsiste. Por ende, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso en particular, de ordenar la vista con el informe de cuenta, lo único que se produciría es el retardo en la solución del asunto. Sin que el caso tampoco proceda dar vista a la parte quejosa con la respuesta dada por la autoridad responsable, toda vez que, de las constancias remitidas se advierte que se proveyó favorablemente su solicitud. En otro orden, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento, por lo que en este momento se levanta dicha reserva y se provee como a continuación se expone. De conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, por no estar en ninguno de los supuestos establecidos por el citado numeral. Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior".

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, incorpórese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el comunicado de cuenta, a través del cual el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, informa que ha perdido vigencia la emisión del resultado único derivado de la evaluación a la que fue sujeto el aquí quejoso por conducto del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. ?????????????? Por otra parte, del estado de autos se advierte que en proveído de veintitrés de los actuales, se recibieron constancias requeridas a las responsables, por ende, a fin de dar oportunidad de que las partes (principalmente la quejosa) se impongan del contenido de ellas, se difiere de manera anticipada la audiencia constitucional señalada para el día treinta y uno del mes y año en curso (foja 265 vuelta) y, en su lugar, se fijan las once horas con seis minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.

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