Gilberto Reyes Lara
Expediente 2279/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2023
Partes del expediente
- Gilberto Reyes Lara
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, tomando en consideración que a la fecha en que se actúa ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se desechó la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintitrés, en tales condiciones hágase del conocimiento a las partes que la fecha y hora correcta son las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por ********, ambas de apellidos ********, contra actos del juzgado Segundo de lo Familiar del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2279/2022-V; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ********, ambas de apellidos Reyes Castillo, señalan como acto reclamado: La omisión del juzgado Segundo de lo Familiar del Estado de Puebla de dictar sentencia dentro del expediente 542/2022. Precisado lo anterior, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que, con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, no obstante que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional, sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Cabe precisar que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio de origen, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra la inactividad procesal, se estima que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución que se pronuncie con el objeto de continuar la tramitación y que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador ya estableció en la ley un lapso preciso (noventa días hábiles) para que el juzgado oficiosamente, o a petición de parte, provea lo necesario a fin de que el procedimiento continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por cualquiera de las partes, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Asimismo, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudiera entrañar el acto reclamado referido, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que la omisión reclamada en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan al promovente un perjuicio irreparable. En ese orden, este órgano jurisdiccional no advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó el propio promovente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, se advierte que la omisión que en esta vía reclama comenzó a partir del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que se ordenó turnar los autos del expediente 542/2022 del índice de la autoridad señalada como responsable, a fin de dictar la resolución correspondiente; entonces, si la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial el dieciséis de diciembre del año en curso, se aprecia que ha transcurrido un lapso de ochenta y ocho días; en este sentido, al no exceder el lapso de noventa días hábiles, a la presentación de la demanda, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento de origen, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas por inactividad procesal en materia civil, derivas den un juicio tramitado ante los tribunales del Estado de Puebla, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada y que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción de las partes. Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura integral del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo se advierte que los quejosos, en quince de noviembre de la presente anualidad, solicitaron por escrito que se dictara la sentencia correspondiente; sin embargo, aun tomando en consideración que en diecinueve de septiembre del año en curso, se turnaron los autos del expediente de origen al titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Estado de Puebla para el dictado de la sentencia correspondiente, no ha fenecido el término de noventa días aludido en párrafos anteriores. Entonces, si el acto reclamado consiste en la omisión de dictar sentencia dentro del expediente 542/2022, la cual se turnó para su dictado desde el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial el dieciséis de diciembre del año en curso, se advierte que ha transcurrido un lapso de ochenta y ocho días; en este sentido, al no exceder el lapso de noventa días, a la presentación de la demanda, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento de origen, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********, ambas de apellidos *******, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ********. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Además de que dicha solicitud podrán presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS se autoriza la utilización de medios electrónicos para reproducir las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. RESERVA DE INFORMACIÓN este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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