Gilberto Reyes Lara
Expediente 2258/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2023
Partes del expediente
- Gilberto Reyes Lara y Otros.
- Gilberto Reyes Lara
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo, de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el que, en atención al requerimiento realizado en autos, remiten copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes respecto del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias donde se adviertan las gestiones que sigue realizando para materializar la ejecución del laudo emitido en el conflicto laboral de origen. En el entendido que de omitir hacerlo, se impondrá a cada uno de los integrantes del Tribunal de Arbitraje responsable, la multa con la que se les previno en proveído de seis de junio del año en curso y se procederá en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
. . . con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en que se dictó el laudo en el procedimiento de origen, lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el veinticinco de noviembre del mismo año, en que se recibió en este juzgado el oficio ********************, y anexo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, dado que en párrafos anteriores, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, se dejan sin efecto las gestiones para realizar el cobro de dichas multas impuestas a las responsables en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.
- Principal
I. Creación del expediente. Con la demanda de derechos fundamentales a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ***, ambas de apellidos ***, por propio derecho, contra actos atribuidos al Juzgado Sexto de lo Familiar del Estado de Puebla, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número 2258/2022-II. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, de su análisis, se tiene que, el acto reclamado consiste, en: La omisión del Juzgado Sexto de lo Familiar del Estado de Puebla, de dictar sentencia definitiva en el expediente *** de su índice, relativo a la denuncia de la sucesión intestamentaria, no obstante que el quince de noviembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos a fin de dictar sentencia definitiva para resolver conforme a derecho. Acto que aducen los promoventes resulta violatorio del artículo 17 constitucional, pues vulnera su derecho a la impartición de justicia dentro de los términos establecidos en la ley. En la especie, en contra del especificado acto, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente a las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en "que afecten materialmente derechos", que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que, cuando un particular, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, como quedó precisado en líneas que anteceden, los quejosos combaten la omisión del Juzgado Sexto de lo Familiar del Estado de Puebla, de dictar sentencia definitiva en el expediente *** de su índice, relativo a la denuncia de la sucesión intestamentaria, no obstante que el quince de noviembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos a fin de dictar sentencia definitiva para resolver conforme a derecho. Pero, dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que puedan ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto. Es así, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del juicio natural, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación; en tanto que, sus consecuencias -atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia- no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos en la legislación ordinaria, solamente trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esas trasgresiones no impidan el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Además, conforme a lo señalado por los propios quejosos en la demanda, no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, en atención a que en el juicio de origen, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos a fin de dictar sentencia definitiva dentro del plazo previsto por el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece esencialmente que una vez turnado el expediente al juez de origen, la sentencia relativa deberá dictarse dentro del plazo de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término hasta por un periodo igual. Conforme a lo descrito, resulta que el juez de origen de presentarse las condiciones adecuadas, dispone de un plazo de quince días para la emisión de la resolución definitiva dentro del juicio de sucesión intestamentaria *** de su índice, plazo que podrá sumarse quince días más dependiendo el volumen de las actuaciones. No obstante, en el presente asunto, el lapso entre la fecha en que se turnaron los autos a fin de dictar la sentencia definitiva que corresponda en el aludido juicio de origen y los quince días con que contaba para la emisión de la resolución definitiva, transcurrieron del dieciséis de noviembre al siete de diciembre del año en curso; a dicha data se le podrá sumar quince días más dependiendo el volumen de las constancias, de conformidad con el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por lo que de ser este el caso aún se encuentra transcurriendo el plazo para que el Juez de la causa emita la resolución correspondiente, lo que además deberá sumarse que la citada responsable se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional de este año, reanudando labores el dosde enero de dos mil veintitrés. Por lo que, a la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de diciembre de dos mil veintidós), no evidencia abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio de la suscrita juzgadora no se verifica dicha hipótesis (abierta dilación); ello, derivado de lo establecido en los párrafos precedentes, pues si bien a la data en que se actúa ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, lo cierto es que se encuentran transcurriendo -sin contar los días que contempla el periodo vacacional- la ampliación del plazo permitido en el citado numeral. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podrían dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, ante su notoria improcedencia. III. Domicilio, autorizados y medios de comunicación no procesales. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y por autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona en el ocurso por así haberlo solicitado expresamente. IV. Autorización de medios electrónicos. En otro orden, se faculta a la parte quejosa, así como a sus autorizados, a imponerse de los acuerdos y resoluciones dictadas en este expediente, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, previa constancia que al efecto se deje en autos. V. Habilitación de días y horas. A fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. VIII. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.
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