Gilberto Pérez Gutiérrez
Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gilberto Pérez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del dos de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; por tanto, archívese como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, se requiere al impetrante para que dentro del plazo de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este juzgado federal a recoger los documentos originales que exhibió con su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en su oportunidad serán destruidos. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito informando que admitió el impedimento planteado por este órgano de control, el cual registró con el número 6/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; atento a su contenido, hágase del conocimiento a la superioridad que mediante oficio 7994/2022 se remitieron vía Estafeta las constancias originales del sumario constitucional 217/2022-I; a efecto de mejor proveer, remítasele copia de la carta porte respectiva; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 217/2022-I. Ahora, de la de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este Juzgado de Distrito existe la causa penal 78/2015, en la que el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia condenatoria en contra de ******, al considerarlo penalmente responsable en la comisión de un delito fiscal en la hipótesis de quien oculte totalmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar, previsto y sancionado en el artículo 111, fracción III, en relación con los numerales 28, 30 y 53, todos del Código Fiscal de la Federación, y 29 de su reglamento, en relación con el artículo 133, fracciones II y IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 32, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en términos del numeral 95, fracción II, del código mencionado, en la que se le impuso una pena de tres meses de prisión. Antecedentes relacionados que constituyen hechos notorios para quien esto juzga, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de dicho ordenamiento. Por otra parte, el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." Bajo esa tesitura, en el caso particular se estima que se actualiza la causa de impedimento prevista en la porción normativa transcrita; y por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se encuentra impedido para conocer de esta demanda. Lo anterior es así, al tomar en cuenta las circunstancias enumeradas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que obliga a la excusa forzosa del funcionario a quien corresponde conocer de una demanda o un juicio de amparo en la cual se advierte que no se actúa con la imparcialidad requerida según la hipótesis comprendida en la fracción VIII del artículo 51 de la citada ley de la materia, en cuyo caso debe admitirse como legal dicha excusa. En efecto, de la interpretación sistemática de la fracción VIII de la citada disposición legal, se advierte que el legislador federal tuvo como propósito que los servidores públicos de que se trate se excusaran del conocimiento de aquellos asuntos en los que, no solamente fueran imparciales, sino que, simplemente pudiera afectarse su imparcialidad, por lo que cuando exista un serio factor que pudiera influir, inconscientemente o subconscientemente, el ánimo del juzgador al resolver o participar en la resolución, es imperioso que se declare impedido frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo juez debe emitir sus decisiones, transparente y ajenas de cualquier influencia o perturbación. Postura que se asume, toda vez que de una interpretación sistemática y armónica de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el Estado, para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, contempló la carrera judicial, en cuyo caso se nombraran en esa tarea sólo a personas con conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, a efecto de que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las actividades que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos son afectadas por razones particulares, de modo que inhiben al juzgador, caso en el cual, no pueden ejercerlas, además de que las normas procesales les imponen la obligación precisa de abstenerse o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, quienes están al frente son también personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más pertinente en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una disminución propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de titular del órgano en el que recae la función jurisdiccional. Por consiguiente, en el ejercicio de dicha función, que incide en la persona del juzgador, éste se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones como sujeto que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, respecto del cual media el interés personal de quien lo ejerce en un caso concreto; de ahí que precisamente esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en lo que aquí interesa, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial. Además, el artículo 51 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de las demandas de amparo o juicios en que intervengan deberán manifestarlo, pues al darse las circunstancias correspondientes, resulta forzosa la excusa del funcionario, en la medida que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, de ahí que el legislador le niega taxativamente idoneidad y da por hecho que no existe neutralidad para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, lo que evita una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que la porción normativa transcrita exige que el servidor público que conozca o deba conocer de una demanda de amparo no deba encontrarse en una situación de riesgo que pueda poner en pugna su imparcialidad, ya que ante la sociedad y los propios justiciables puede resultar inadecuado que el mismo órgano juzgador que en su momento impuso una condena privativa de la libertad al ahora quejoso en diverso proceso, resuelva el juicio de amparo, dado que en su momento determinó que era penalmente responsable del delito que se le imputó, circunstancia que genera el riesgo de la perdida de la imparcialidad. En las relatadas condiciones, se justifica que este órgano de control se declare impedido legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, toda vez que de no hacerlo así, se estima que existiría riesgo en la pérdida de la imparcialidad y decoro del que goza este Juzgado Federal, al haber condenado al quejoso de referencia en la causa penal 78/2015, por haberlo encontrado penalmente en la comisión de un delito fiscal en la hipótesis de quien oculte totalmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar, previsto y sancionado en el artículo 111, fracción III, en relación con los numerales 28, 30 y 53, todos del Código Fiscal de la Federación, y 29 de su reglamento, en relación con el artículo 133, fracciones II y IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 32, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en términos del numeral 95, fracción II, del código mencionado, en la que se le impuso una pena de tres meses de prisión. Lo anterior debido a que obra el antecedente referido y para el caso de que el presente juicio no se resolviera favorable a los intereses del quejoso, se controvertiría la resolución que en su oportunidad dicte este órgano jurisdiccional, pues ante los ojos de la sociedad o de un observador razonable pudiera advertirse que existía motivo para pensar que no se resolvió con imparcialidad. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, en turno, y envíesele la demanda relativa al juicio de amparo 217/2022-I, así como las actuaciones mencionadas en este proveído, para que tenga a bien resolver sobre el impedimento planteado. En consecuencia, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano colegiado al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa, para su substanciación. Se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con este para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver este asunto. Por otra parte, se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. Ahora bien, el quejoso señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito, toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con datos de localización: Época: Novena Época, Registro: 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, Materia(s): Común, página: 1067, con el siguiente rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho durante las vacaciones del titular en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con registro digital 164525; autorizada en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/2931/2022, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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