Gilberto Perez Agustin

Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
71/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Perez Agustin

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 71/2023, promovido por ***. ANTECEDENTES Manifiesta el quejoso que en diligencia de apertura de lista de sucesión de quince de diciembre de dos mil veintidós, efectuada por el Registrador del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, a petición de su hermana, resultó ser el sucesor para adquirir los derechos agrarios que en vida correspondieron a su extinto padre en el poblado comunal denominado San Pedro Huamelula, Municipio de su mismo nombre, distrito judicial de Tehuantepec, Oaxaca. Mediante formato FF-RAN-01 de quince de diciembre de dos mil veintidós, solicitó la expedición a su favor del certificado de derechos sobre tierras de uso común, del poblado comunal denominado San Pedro Huamelula, municipio de su mismo nombre, distrito judicial de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, recibiéndose dicha solicitud en la ventanilla de oficialía de partes del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, con sello de recepción y folio 019843. El dieciséis de enero de dos mil veintidós, se presentó a las instalaciones del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, a darle seguimiento a su petición, donde no le permitieron el acceso a la Oficialía de Partes o ventanillas de atención, al exterior de dichas instalaciones salió una persona del sexo masculino quien dijo ser el encargado de dar pase de entrada a personas a dichas instalaciones, a quien le mostró su acuse de recepción, indicándole que esperara en el exterior de las oficinas en comento, y que no existía respuesta a su trámite y además le indicaba que lo más probable tardaría aproximadamente de seis meses a un año, sin darle mayor explicación. Por lo que, ante tal omisión y actuación de las autoridades responsables que estima violatorio de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Gilberto Pérez Agustín, presentó un escrito el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra los actos reclamados al encargado del Despacho de la Representación en el Estado de Oaxaca del Registro Agrario Nacional y otra autoridad. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1° párrafo tercero, 8º, 14 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por auto de diecinueve de enero del año en curso, se registró bajo el expediente 71/2023, admitiéndose a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa y las autoridades responsables ejercen jurisdicción donde este juzgado tiene competencia. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: "Al Ciudadano encargado de despacho de la Representación en el Estado de Oaxaca del Registro Agrario Nacional, autoridad también conocida como Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca y al Ciudadano Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, de manera conjunta les reclamo: La violación a mi derecho de a una respuesta relativa a la petición presentada ante dichas autoridades con fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, con sello de recepción y folio a tinta 010843 (cero, uno, cero, ocho, cuatro, tres), mediante formato FF-RAN-01, relativo a la expedición de certificado de derechos sobre tierras de uso común, del poblado comunal denominado San Pedro Huamelula, municipio de su mismo nombre, distrito judicial de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, así como la omisión de dar de alta dicha solicitud en el sistema denominado Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR). La inconstitucionalidad de la retención del certificado de derechos sobre tierras de uso común que me corresponde en el poblado denominado San Pedro Huamelula, municipio de su mismo nombre, distrito judicial de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, en sucesión de los derechos agrarios del extinto EFRAIN PÉREZ GARCÍA. El no ejercicio de las facultades constitucionales de las ahora autoridades responsables, consistentes en no respetar mis derechos humanos de petición y seguridad jurídica documental, respecto de la solicitud antes indicada". De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados en relación con las autoridades responsables. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, aceptó parcialmente el acto reclamado, manifestando que previa búsqueda en su sistema registral y control documental, encontró registro de solicitud ingresada el quince de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la expedición del certificado de uso común por sucesión a favor de Efraín Pérez García, del núcleo agrario de San Pedro Huamelula, informando a las diversas autoridades y público en general sobre su período vacacional comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil veintitrés, indicándole al aquí quejoso que cada trámite que se ingresa tiene un plazo de sesenta días naturales, correspondiente a dos meses, por corresponder a su trámite ingresado el quince de diciembre y regresar a las labores el dos de enero de dos mil veintitrés, informándole que únicamente habían transcurrido veinte días y su trámite aún se encontraba en proceso de revisión de documentos y conforme a resultado se expedirá respuesta a su trámite ingresado. Sin embargo, debe tenerse cierto en su totalidad el acto reclamado a las autoridades responsables, no obstante que lo hayan aceptado parcialmente, pues enseguida realizaron manifestaciones tendentes a justificar la constitucionalidad de tal motivo de disenso. Además, la certeza de esa actuación se patentiza con las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. Por lo cual, los actos que se le atribuyen deben tenerse por ciertos en su totalidad. PROCEDENCIA Las cuestiones de improcedencia son de orden público, por lo que merecen estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia identificada con el número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, del Apéndice de 1995, publicada bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6° de la propia legislación, que disponen lo siguiente: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo y que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del ordinal 5° de la citada legislación; en ese sentido, el quejoso puede ejercer la acción de amparo por sí, por conducto de su representante legal o por su apoderado. Asimismo, debe traerse a la vista el contenido del artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el cual cita: "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." Del precepto transcrito se desprende que el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, consagrara a favor de los gobernados y examinará bajo su responsabilidad uno de los documentos y actos jurídicos e impone el deber de las autoridades de respetar el ejercicio de esa prerrogativa, así como también prevé que la autoridad a quien va dirigida la petición deberá resolver lo conducente en un plazo que no excederá de sesenta días naturales. En el caso, el justiciable reclama del encargado del Despacho de la Representación en el Estado de Oaxaca y del Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, la violación a su derecho a una respuesta a su petición presentada ante dichas autoridades el quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante formato FF-RAN-01, relativo a la expedición de certificado de derechos sobre tierras de uso común, del poblado comunal denominado San Pedro Huamelula, municipio de su mismo nombre, distrito judicial de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, así como la omisión de dar de alta dicha solicitud en el sistema denominado Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR). Tal situación se destaca porque el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, estatuye que el tiempo para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda respecto de una petición que formule un gobernado es de sesenta días naturales, lapso que se entiende como el que racionalmente se requiere para estudiar la petición y acordarla. Ahora, se tiene en cuenta que a la fecha en la que se promovió este juicio de amparo -el diecisiete de enero de dos mil veintitrés- sólo habían transcurrido quince días naturales desde que el inconforme presentó ante las autoridades responsables el formato que contiene su petición, por lo que las citadas entidades públicas hasta ese momento aún se encontraban dentro de los días hábiles que la ley les confiere para emitir la contestación respectiva. En ese contexto, al momento en que el disidente promovió su demanda de amparo la omisión atacada no causaba una afectación a la esfera jurídica que la legitimara para ejercer la acción constitucional, porque aún no transcurría el plazo previsto legalmente para que las responsables dieran una respuesta a la solicitud que formuló, por lo que esa situación da pauta a considerar que este medio extraordinario de defensa resulta improcedente de manera indudable y manifiesta. Sobre el particular resulta conveniente invocar la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, del Tomo IV, Septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6° del propio ordenamiento, respecto del acto combatido a las autoridades responsables de que se trata, este Juzgado Federal determina que lo procedente es sobreseer en este juicio. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los actos y autoridades precisadas en los considerandos IV y V, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por*** contra los actos, autoridades y motivos señalados en los apartados IV y V de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba del encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, las documentales que remite para tal efecto. Con el informe y la documental referida con antelación, dése vista a las partes. En términos del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable de cuenta designando como delegados a las personas que indica y por señalado el domicilio que refiere para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 71/2023. Admisión. Con fundamento en los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos reclamado al encargado del despacho de la Representación en el Estado de Oaxaca del Registro Agrario Nacional, autoridad también conocida como Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca y otra autoridad. Incidente de suspensión. Tramítese este expediente sin incidente de suspensión, toda vez que no solicitó la suspensión del acto reclamado, ni se está en alguno de los supuestos en que deba tramitarse de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que rinda(n) su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su(s) informe(s) fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá(n) ser tomados en cuenta si el quejoso(a) estuvo en posibilidad de conocerlo(s) y, en el supuesto de no rendirlo(s) se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibida de que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, las autoridades deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto, o alguno diverso relacionado con la carpeta judicial. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe o dirigir su oficio, respectivamente a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación a las autoridades responsables. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5o, fracción IV, 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Domicilio de la parte quejosa. Se autoriza al justiciable para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre de usuario MAZFRO que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En razón de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico adscrita a este órgano jurisdiccional para que realice las acciones necesarias para dar de alta el nombre de usuario indicado y puedan realizarse las notificaciones a la parte quejosa por la vía electrónica. Autorizados de la parte quejosa. Se autoriza al justiciable para recibir notificaciones el domicilio que refiere en su escrito de demanda y por autorizados para tales efectos con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Félix Roberto Mancera Zárate, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con el número 8705054; y para los mismos efectos e imponerse de los autos sin las demás facultades que confiere dicho artículo a las restantes personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue presentada personalmente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes o apoderados legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las persona que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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