Gilberto Palacios Hernández
Expediente 1872/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gilberto Palacios Hernández
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de la constancia levantada el seis de los corrientes, por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, mediante el cual informa que se constituyó en la comanda del cuartel de la autoridad responsable, y al entrevistarse con el directo quejoso GILBERTO PALACIOS HERNÁNDEZ, se reservó su derecho de ratificar la demanda de amparo interpuesta a su favor por JORGE LUIS EUÁN ORTEGÓN. En ese sentido, y dado que ya transcurrido el término de tres días para que el directo quejoso ratificara la demanda interpuesta a su favor, sin que lo hubiere hecho; con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de GILBERTO PALACIOS HERNÁNDEZ, para los efectos legales correspondientes; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los presentes autos. Déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior déjese sin efecto legal todas las medidas cautelares decretadas en autos del juicio de amparo en que se actúa, por las razones y fundamentos arriba señalados. Ahora bien, al no existir solicitud expresa en el sentido de ratificar la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, glósese a estos autos únicamente para obre como corresponda el oficio signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasin, Yucatán, sin hacer pronunciamiento alguno respecto de su contenido, en virtud de lo relatado líneas precedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que no se ha devuelto la comunicación con el que se mandó a emplazar a Juana Dzib Balam, progenitora de la tercero interesada, entonces menor de edad de iniciales E. B. U. D.; en ese tenor, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte la constancia actuarial de seis anterior, levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, mediante la cual notificó al quejoso Gilberto Palacios Hernández, el acuerdo de seis de los corrientes, quien al ser notificado, manifestó que se reserva su derecho a ratificar la demanda promovida a su favor Jorge Luis Euan Ortegon; por tanto, una vez que transcurra el término concedido en dicho proveído, acuérdese lo que en derecho corresponda. Asimismo, del acta levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, el seis de los corrientes, se advierte que al tener en su presencia al quejoso, hizo constar que éste refirió que fue golpeado en diversas partes de su cuerpo al momento de su detención. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; dése vista a la Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso Gilberto Palacios Hernández, entregándole para tal efecto, mediante atento oficio, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito."
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