Gilberto Padilla Paez
Expediente 145/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gilberto Padilla Paez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
EL PRESENTE ASUNTO ESTÁ TOTALMENTE CONCLUIDO, SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DE LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZADA, Y TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE; SIN NECESIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LAS PARTES PARA QUE RECOJAN DOCUMENTO ALGUNO, EN TANTO NO LO EXHIBIERON, A JUICIO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE QUE SUSCRIBE, DADO QUE NO ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL DIVERSO NUMERAL 15 DEL INVOCADO ACUERDO; DE AHÍ QUE SEA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, INCISO A) DEL PLURICITADO ACUERDO.
- Juicio de Amparo Directo
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR **** EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, EN EL EXPEDIENTE DEL TOCA ****, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL ****, DEL ÍNDICE DE LA SALA CIVIL COLEGIADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN LA SESIÓN VIRTUAL DE REFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA PARTE CONSIDERATIVA QUE EN SINTESÍS DICE: "Sobreseimiento. Es innecesario analizar la litis constitucional, ya que en la especie se actualiza el supuesto de la fracción II del artículo 63, en relación con el arábigo 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Aquel precepto establece que debe sobreseerse el juicio de amparo cuando la parte quejosa no demuestre, sin causa razonable, haber entregado los edictos para su publicación. En el caso a estudio, como se relató de manera detallada en el resultando segundo de este fallo, ocurrieron los siguientes hechos: - Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio donde podía ser localizada la tercera interesada ***, sociedad anónima de capital variable, toda vez que no fue posible emplazarla. - En acuerdo de diecisiete de septiembre del mismo año se hizo constar que el quejoso no desahogó el requerimiento que se le formuló, a efecto de proporcionar a este órgano jurisdiccional el domicilio donde pudiera ser localizada la tercera interesada ***, sociedad anónima de capital variable; en tales condiciones, se ordenó requerir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Durango "1" del Servicio de Administración Tributaria, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Durango, a efecto de que informaran si existe registro sobre la constitución, cambio de denominación, fusión, extinción y, en su caso, domicilio, de dicha sociedad, en sus respectivas bases de datos. - El veintitrés de septiembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informó el domicilio fiscal registrado de la persona moral tercera interesada ***, sociedad anónima de capital variable; ante lo cual, se comisionó a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que llevaran a cabo la notificación personal del auto de radicación de diez de agosto de la misma anualidad a dicha tercera interesada. - Igualmente, en proveído del día siguiente, esto es, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Durango, por el que informó que en el Sistema Integral de Gestión Registral se encontró registrada la sociedad ***, sociedad anónima de capital variable. - De la información proporcionada por dicho sistema, este órgano jurisdiccional advirtió el nombre y domicilio del administrador único de dicha sociedad, por lo que también se comisionó a cualquiera de los actuarios a fin de que llevaran a cabo la notificación personal del auto de radicación de diez de agosto de la misma anualidad a dicha tercera interesada. - Dado que en las razones actuariales que obran en autos se hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento encomendada en los proveídos de veintitrés y veinticuatro del mismo mes y anualidad, relativa al emplazamiento de ***, sociedad anónima de capital variable; por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara a este Tribunal Colegiado de Circuito el domicilio actual y correcto de dicha tercera interesada, apercibida que de no cumplir con dicho requerimiento se ordenaría la notificación respectiva por medio de edictos. - Mediante escrito de ocho de octubre siguiente, el impetrante de amparo solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento y se ordenara la notificación respectiva por medio de edictos, ya que desconocía el domicilio de mérito. - Así, en proveído de trece de octubre de la misma anualidad, se ordenó el emplazamiento a la persona moral tercera interesada por medio de edictos, a costa del quejoso, por lo que se le requirió para que se apersonara ante este órgano jurisdiccional a recibir los edictos, en la inteligencia de que debía cumplir con la carga procesal de acreditar, ante la presencia judicial, haber entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al en que se pusieran a su disposición, apercibida que de no hacerlo se sobreseería el juicio de amparo. - A las diez horas con cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte se levantó acta de comparecencia del autorizado en términos amplios del quejoso, para recibir los edictos ordenados en el acuerdo a que se hace mención en el párrafo inmediato anterior, y se requirió a la parte quejosa, por conducto de dicho compareciente, para que dentro del plazo de veinte días acreditara haber entregado los edictos de referencia para su publicación, apercibida que de no hacerlo se sobreseería el medio de defensa constitucional, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el término de veinte días que se concedió al quejoso para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos ha transcurrido en exceso, pues corrió del veintiséis de octubre al veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Sin que a la fecha el quejoso haya demostrado haber entregado los edictos de referencia para su publicación dentro de dicho plazo, ni ha manifestado causa razonable alguna que justifique dicha omisión. En tales circunstancias, al no haber dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el citado proveído de trece de octubre de dos mil veinte y en el acta de comparecencia de veintitrés del mismo mes y año, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dichos autos. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación con el cardinal 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Sobre el tópico, se comparte la tesis I.10o.P.1 K (10a.), del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. Es menester precisar que de autos no se advierte que la parte quejosa sea de "escasos recursos", entendido esto último como una persona cuya economía se vería gravemente afectada por el pago de la publicación de edictos de que se trata. Toda vez que el análisis minucioso y exhaustivo de las constancias que obran como anexos a este asunto no revela, ni aun de manera indiciaria, que aquella carezca de los medios económicos para sufragar dicho gasto. Apoya lo antepuesto, la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso".
- Juicio de Amparo Directo
ACORDE A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO DIVERSO NUMERAL 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TÚRNESE ESTE ASUNTO AL MAGISTRADO PRESIDENTE QUE SUSCRIBE, A EFECTO DE FORMULAR EL PROYECTO RESPECTIVO Y SEA EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL DE AMPARO QUIEN DETERMINE LO CORRESPONDIENTE
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