Gilberto Navarro Jauregui

Expediente 952/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
952/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Navarro Jauregui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Designación de correo electrónico. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo1, y punto 8, párrafo tercero, de la Circular SECNO/7/20202, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizarse a la autoridad responsable oficiante, se lleven a cabo a través del correo electrónico proporcionado, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Estado de autos. Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de proveer la eficaz ejecución forzosa del laudo, al no enviar oficio personalizado a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, así como apercibirlos conforme al artículo 140 de la Ley Burocrática, y emitir el auto de requerimiento y embargo, en autos del expediente laboral 503/2008/M-4, específicamente dar contestación a los escritos de veinticinco de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente del Tribunal responsable, a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 503/2008/M-4, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que en dicha data, la autoridad responsable emitió el acuerdo de contestación a las peticiones de la parte quejosa presentadas el veinticinco de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós, y dictó auto de requerimiento y embargo, ordenando girar oficio personalizado a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, apercibiéndolos conforme el artículo 140 de la Ley Burocrática. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio que se remita a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que en el presente juicio de amparo no obra el informe justificado de la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de estar debidamente notificado el doce de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, en virtud de que del término de quince días que concede el artículo 117 de la ley de amparo, no pueden ser descontados aquellos que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles cuando no estén previstos en la legislación de la materia. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la legislación invocada, téngase por omisa a la autoridad responsable al no rendir su informe de ley. Requerimiento. Asimismo, a efecto de emitir una sentencia conforme a derecho, apegada a la situación real que impera respecto del quejoso ante la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que se le notifique este proveído, remita las constancias en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de toda y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Diferimiento de audiencia constitucional. En esa tesitura, a fin de que autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe justificado, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Administración Postal "Tangamanga" de Correos de México en esta ciudad, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene manifestando que los acuses de recibo de los oficios que refiere ya fueron devueltos a este órgano jurisdiccional, lo cual se corrobora con las constancias que obran agregadas en autos.

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