Gilberto Morales Montemayor
Expediente 694/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Gilberto Morales Montemayor
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 694/2017/V, promovido por Gilberto Morales Montemayor, y la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado por este tribunal el diez de enero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en razón al cambio de situación jurídica, por virtud del auto de vinculación a proceso que se decretó en contra el agraviado; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en las carátulas de los cuadernos, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, procédase a la destrucción de este expediente. Tomando en consideración lo determinado en el presente proveído, resulta innecesaria la retención de los anexos que allegó el Juez de Control del Estado (cinco discos compactos); por tanto, hágase la devolución a la citada autoridad de los anexos de referencia. Dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no obre constancia de notificación realizada a la autoridad responsable foránea, atendiendo al hecho de que el sobreseimiento decretado dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. ......
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a diez de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio 880/2017 signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Uno en Montemorelos, Nuevo León, encargado del Despacho por orden superior, mediante el cual informa el domicilio de la tercera interesada Rosalinda Palomo de León. Por otra parte, del estado de autos se advierte que mediante escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ++++++++promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Estado y otras autoridades, de quienes reclamó el la ilegal orden de aprehensión, traslado del hospital donde se encontraba e internado en el Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", así como la prohibición de cambiar de hospital para continuar con la recuperación de su salud. La demanda se recibió el día de su presentación y se admitió a trámite, se concedió la suspensión de plano y se pidieron los informes justificados, se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, las autoridades responsables al rendir su comunicado de ley, lo rindieron de la siguiente manera: Foja AUTORIDAD ACTO RECLAMADO SENTIDO 14 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cierto. 24 y 25 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Uno en Montemorelos, Nuevo León. Cierto. 36 Juez de Control del Estado, con residencia en esta Ciudad. Cierto. Lo anterior, en virtud de que fueron coincidentes en decir que dentro de la carpeta judicial 14045/2017, iniciada contra +++++++++++++, el once de noviembre del año próximo pasado, se obsequió orden de captura al quejoso, por hechos constitutivos del ilícito de feminicidio. Certeza que fue corroborada con las constancias que el Juez responsable adjuntó a su comunicado, consistentes en copia certificada de la referida carpeta judicial, así como dos discos versátiles digitales en formato DVD, las cuales son reconocidas como medio de convicción por los numerales 129, 130, 197 y 202, de la codificación invocada, según lo establecido por el arábigo 2º de la Ley de Amparo, al haber sido expedido por un fedatario público en el uso de sus atribuciones. ...... Ahora bien, mediante sendo 57400/2017 enviado por el Juez de Control del Estado, con residencia en esta Ciudad, informó que mediante audiencia celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se resolvió la situación jurídica de +++++++, decretándose auto de vinculación a proceso, por hechos constitutivos del delito de feminicidio, imponiéndosele la medida cautelar prevista por el numeral 19 de la Constitución General de la República, 155, fracción XIV, en relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva oficiosa. Con lo anteriormente relatado queda de manifiesto que ha cambiado la situación jurídica del quejos +++++++, toda vez que en el particular, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanados de un procedimiento judicial que en virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Resulta conveniente citar la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". Como se obtiene de la anterior trascripción, en específico, del primer párrafo, de la fracción en comento, la causal de improcedencia invocada se actualiza cuando al emanar el acto reclamado de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, surge una nueva situación jurídica que hace que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo no puedan analizarse, sin afectar, precisamente, esa nueva situación jurídica. La regla general o interpretación literal, hace referencia a que las violaciones reclamadas hayan quedado irreparablemente consumadas con el cambio de situación jurídica. Empero, también existen casos en los que el cambio de situación jurídica, si bien no produce que las violaciones reclamadas queden irreparablemente consumadas, lo cierto es que las mismas igualmente devienen de imposible análisis en el juicio de amparo, puesto que de hacerlo indudablemente se vería afectada esa nueva situación jurídica que ahora rige en el procedimiento. Así pues, de acuerdo a una interpretación amplia y conforme a cada caso concreto, puede concluirse que realmente la existencia de dicha causal se basa en la creación de una etapa o estadío procesal diferente, que dejó al acto reclamado en una secuela procesal anterior, lo cual hace improcedente el juicio de amparo de que se trata, aunque no necesariamente en todos los casos queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. En efecto, de la misiva enviada por el Juez de Control del Estado, con residencia en esta Ciudad, se desprende que el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se resolvió la situación jurídica de Gilberto Morales Montemayor, donde se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Consecuentemente, se pone de manifiesto que ocurrió un cambio de situación jurídica, por virtud del auto de vinculación a proceso que se decretó contra el aquí agraviado, lo cual hace que ya no puedan analizarse mediante el presente juicio de amparo, las violaciones reclamadas que estimó se cometieron en su detrimento, por la determinación que dictó el Juez responsable, esto es, la orden de aprehensión. De ahí que, se sostiene que las posibles violaciones que dicho acto pudiera haber ocasionado al agraviado, ya no son analizables por haber ocurrido un cambio en la situación jurídica de esta última, quien por virtud del auto de vinculación a proceso dejó de ser buscado con motivo del mandamiento de captura, para ser imputado en el procedimiento penal de origen, por estar ahora formalmente vinculado al mismo. Por consiguiente, no podría válidamente analizarse la orden de aprehensión decretada, pues es evidente que al haber ocurrido esto último, es decir, el dictado del auto de vinculación a proceso, legalmente ya no puede emitirse pronunciamiento alguno en cuanto a la constitucionalidad de aquella orden de captura, sin afectar el nuevo acto por el cual ocurrió un cambio de fase o estadío procesal, como lo fue el auto de vinculación a proceso que al sujetar a proceso al hoy quejoso, tuvo como consecuencia el inicio formal de un procedimiento penal en su contra. Por todo lo antes expuesto, se ha venido señalando que el acto reclamado en este juicio ya no resulta analizable mediante el control constitucional en esta vía, pues en la controversia de origen, con el dictado del auto de vinculación a proceso, ha ocurrido un cambio de situación jurídica por haberse sustituido el procedimiento a otra etapa, lo cual impide dicho estudio sin que se afecte el nuevo acto; conclusión ésta la cual se sustenta en que cada etapa del procedimiento penal se rige por normas jurídicas autónomas, las que deben examinarse en forma separada, cuando son reclamadas en vía de amparo. ....... Cabe precisar que ante lo evidente e indudable de la causal de improcedencia que se ha actualizado, es innecesario esperar hasta la audiencia constitucional para resolver, sino que en aras de la pronta administración de justicia que contempla el artículo 17 constitucional, se impone resolverlo desde luego y fuera de la audiencia, máxime que ello constituye una causa notoria e indudable de improcedencia. ......Por tales consideraciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la existencia de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del numeral 61 de la citada ley reglamentaria, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En consideración a lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional programada para las diez horas con tres minutos del veintitrés de enero del presente año. ........
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