Gilberto Mercado Sosa
Expediente 1156/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gilberto Mercado Sosa
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dejó a disposición de la parte quejosa **********, el billete de depósito número **********, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $********.88 (********** 88/100 moneda nacional), en virtud de que a esta fecha ha transcurrido el término de dos años, previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, con el objeto de que la referida parte quejosa se presentara para hacerle la devolución del citado billete de depósito, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, remítase el billete antes citado debidamente transferido a la Tesorería de la Federación, para que lo haga efectivo en favor del Erario Federal; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por último, dese de baja el referido título del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Presidente Constitucional del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México y otras autoridades, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1156/2023-IV. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el peticionario de amparo, reclama lo siguiente: La visita de verificación de uno de septiembre de dos mil veintitrés, relacionada con el expediente administrativo número DDU/SDU/356/23, realizada a fin de conocer el cumplimiento de los ordenamientos en materia de Desarrollo Urbano y que las autoridades facultadas esten en posibilidad de determinar el inicio o no del procedimiento administrativo correspondiente. El procedimiento administrativo con número de expediente DDU/SDU/356/23 y la omisión de las autoridades de emitir una resolución en el propio procedimiento. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala en síntesis como actos reclamados: La visita de verificación de uno de septiembre de dos mil veintitrés, relacionada con el expediente administrativo número DDU/SDU/356/23, realizada por el notificador en el predio ubicado en Carretera de Coacalco Tultepec, número treinta y dos, en el Fraccionamiento Bosques del Valle, municipio de Coacalco de Berriozábal, 55717, Estado de México, con el propósito de hacer del conocimiento del buscado que deberá presentar diversos documentos ante la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Coacalco de Berriozábal, a fin de conocer el cumplimiento de los ordenamientos en materia de Desarrollo Urbano y que las autoridades facultadas estén en posibilidad de determinar el inicio o no del procedimiento administrativo correspondiente. Así como el procedimiento administrativo con número de expediente DDU/SDU/356/23 y la omisión de las autoridades de emitir una resolución en el propio procedimiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, contra los actos reclamados por el quejoso, procede el recurso de inconformidad o bien, el juicio contencioso administrativo, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior es así, ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé al gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad que no sea tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, no tienen el carácter de tribunal administrativo. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales puedan ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o procedan contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal con los cuales puedan ser modificados, revocados o anulados, con ello se da oportunidad al gobernado para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja la gobernada. Luego, como se advierte del contenido de la demanda y toda vez que los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, determinan que los actos reclamados son recurribles a través del recurso de inconformidad, o bien, a través del juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; (.)" En esa tesitura, previo a intentar el presente juicio de amparo, la parte quejosa estaba obligada agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de recurrir el acto o resolución administrativa que refiere, máxime que la ley que regula dicho juicio, contempla la suspensión de los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, según se advierte de lo dispuesto por los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Es importante advertir que los actos de autoridad que por esta vía se intenta combatir, implica cuestiones de legalidad que pueden ser combatidas a través de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rigen los actos reclamados, tal y como quedó señalado en párrafos que preceden, por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la causal de procedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente. En otro contexto, háganse las notificaciones al quejoso por lista electrónica, en virtud de que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, por única ocasión se comisiona a alguno de los actuarios judiciales adscritos, a efecto de que se constituya en el domicilios referido en la demanda que se cuerda, y notifique al quejoso esta determinación, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Acorde con lo anterior, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias personales que en su caso se ordenen en este asunto, ello con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberá contar con el registro correspondiente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Gil García Sánchez141/2021
- Gil Muñoz Romero y Otros.604/2023
- Gil Raúl Caballero Patrón1342/2021
- Gilberto Chávez Támez1582/2015
- Gilberto Francisco García Espinoza1168/2019
- Gilberto Francisco Zorrilla Valdelamar514/2022
- Gilberto Rivas Lemus1314/2018
- Gilberto Zenón Pedro600/2021
- Gilda Vergara Moreno y Otros.1201/2021
- Gildardo Cossío Rocha16/2023
- Gildardo Jiménez Jiménez1108/2022
- Giovana Valdovinos Arias1213/2023