Gilberto Mercado Sosa

Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1122/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Mercado Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    III.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto que DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia dicho proveído ha causado estado...... Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido...... Este juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN; por lo que una vez transcurra el término de tres años, procédase en ese sentido. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido a la parte quejosa, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado o en los municipios conurbados a éste, en consecuencia, se ordena que la presente y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, o en los conurbados antes precisados para tal efecto. En ese sentido, notifíquesele el presente acuerdo y los subsecuentes mediante las listas que se publican en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con independencia de las diversas que se fijan en los estrados de este juzgado federal.

  2. Principal

    II- IV.- Agréguese el escrito del autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, del quejoso... En atención a su contenido, devuélvase el documento adjunto al escrito inicial de demanda, siendo éste el único exhibido en autos por la parte quejosa...

  3. Principal

    III.- Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, y se procede a notificar por lista, el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "08/09/2023.- Vista la demanda de amparo promovida por..por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México y otras autoridades..fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo.. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El procedimiento administrativo..que precisa le iniciaron las autoridades responsables pertenecientes al Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, respecto a lo que indica se trata de una visita de verificación señalada como información previa, solicitada el uno de septiembre de dos mil veintitrés, así como la próxima imposición de sellos de clausura o suspensión respecto del inmueble que refiere. Así, la suscrita estima que, en el caso, se actualiza manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Como consideración previa, es importante precisar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que violan los derechos fundamentales de las personas, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción citados, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recuro o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, salvo las excepciones previstas por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación, todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es importante mencionar que, de acuerdo con la interpretación de la improcedencia en comento realizada por el Máximo Tribunal de Justicia en el país, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí que, si en el caso el quejoso reclama el procedimiento administrativo..que precisa le iniciaron las autoridades responsables pertenecientes al Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, respecto a lo que indica se trata de una visita de verificación señalada como información previa, solicitada el uno de septiembre de dos mil veintitrés, así como la próxima imposición de sellos de clausura o suspensión respecto del inmueble que refiere, y conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el promovente debe agotar los recursos previstos por la ley aplicable a los actos aquí reclamados. Al respecto, es pertinente hacer mención el contenido de los artículos 186, 187, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente.. De lo transcrito, se observa que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En este contexto resulta evidente que en la especie la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente a acudir a este juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como lo establecen los numerales transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. De este modo, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México deben agotarse antes de la promoción del juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el caso no operan las excepciones al principio de definitividad previstas en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que, en principio el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, pues de los anexos que acompañó el quejoso a su demanda de amparo, se advierte que el oficio..en que el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, le solicitó a la moral ahí descrita, de la cual el quejoso señala es titular del inmueble donde se ubica físicamente, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, diversa información previa, a efecto de establecer si es o no procedente el inicio del procedimiento administrativo, de conformidad con lo que establece, entre otras disposiciones legales, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y el Código Administrativo para el Estado de México. Por otra parte, tampoco se actualiza el supuesto de excepción relativo al hecho de que se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa alega cuestiones de legalidad, pues en su concepto de violación, aduce que el acto reclamado es violatorio de los principios de formalidad, legalidad y debido proceso; en ese contexto, si bien argumenta transgresión de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades señaladas como responsables, violentaron su garantía de audiencia, toda vez que aduce, no ha sido llamado a un procedimiento, igualmente, expone aspectos que a su consideración violan los principios de formalidad y legalidad del debido proceso, pues al efecto señala que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10 del Código Administrativo del Estado de México; lo que de suyo implica que previo a acudir a esta instancia constitucional, debe agotar los medios de defensa ordinarios, en los términos precisados en párrafos que preceden. Finalmente, los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance la parte quejosa no se encuentran previstos en algún reglamento, en virtud de que, los prevé el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en consecuencia, al no actualizarse los supuestos de excepción al principio de definitividad analizados, la parte quejosa debe atenderlo antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, la obligación de apegarse al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, no constituye una negativa a dicha protección ni un eximente al cumplimiento de la obligación de tutela y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, ya que el sometimiento del caso al conocimiento de la autoridad competente en la vía ordinaria, no significa que esté exenta de realizar el análisis de los argumentos en los que la parte quejosa sostiene violaciones directas a derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales, en virtud de que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, es la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio contencioso administrativo, y se encuentra obligada a examinarlos y resolverlos conforme a derecho proceda en un control difuso de convencionalidad el cual también le compete y se encuentra obligado a ejercer. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por..por propio derecho. Máxime que el simple hecho de que mediante el oficio..en que el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, solicitó a la moral ahí descrita, de la cual el quejoso señala es titular del inmueble donde se ubica físicamente, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, diversa información previa, a efecto de establecer si es o no procedente el inicio del procedimiento administrativo, no es un acto que afecte de manera irreparable la esfera jurídica del impetrante del amparo, cuenta habida que el solo apercibimiento en ese sentido no ocasiona una afectación actual, real y directa, en virtud de que ello depende de la conducta que asuma el aquí quejoso en relación al apercibimiento decretado. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En otro orden, téngase como autorizado de la parte quejosa a la persona que señala únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Toda vez que el domicilio señalado por el promovente para oír y recibir notificaciones, se encuentra en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado México; esto es fuera del municipio en el que este juzgado federal, tiene su residencia, así como de la zona metropolitana o conurbada a éste como son: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, todos en el Estado de México, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso c, en relación con el 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que le notifique el presente acuerdo y lo requiera para que en el acto de la notificación señale uno en este Municipio de Naucalpan de Juárez, o bien en uno de los municipios conurbados citados, o en su caso, lo haga por escrito dentro de los tres días siguientes; apercibido que en caso de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le practicarán por medio de la lista que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles realice las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, capítulo tercero, se exhorta a la parte quejosa que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, promueva electrónicamente. En términos de lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico, además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y-o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a la parte quejosa el derecho que le asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos."

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