Gilberto Mendoza Aragón

Expediente 744/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
744/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Gilberto Mendoza Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el trece de noviembre de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha determinación. Por otro lado, las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón asentada por el actuario adscrito el dieciocho del actual, en la que expone los motivos por los que no le fue posible realizar de manera personal la notificación que le fue ordenada en auto de trece de este mes, a la parte quejosa como fue, que no localizó el número ********** del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones a saber, calle *********************************, colonia *********** de la Ciudad de ****************; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar este proveído, así como el diverso de trece de noviembre en curso y los subsecuentes, por lista de acuerdos, que se publica en los estrados de este tribunal, hasta en tanto el quejoso aclare los datos de su domicilio, o bien, proporcione uno nuevo. Por similares razones, es aplicable la jurisprudencia 1a /J 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia(s): Común, página 238, con registro digital 169843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Notifíquese por lista electrónica; así como el acuerdo de trece de noviembre de esta anualidad. -----INSERCIÓN---- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ******************, contra actos del Jefe del Departamento Comercial de Suministros de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 744/2020. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. II. Desechamiento. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen. En el caso, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La inminente orden verbal o escrita para realizar el corte de suministro eléctrico de mi domicilio" Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado el peticionario de amparo, manifiesta lo siguiente: ".En ese sentido, vengo a señalar que por manifestaciones de algunos vecinos del lugar donde habito con mi familia desde hace aproximadamente 9 años, me manifestaron que en días previos, personas con el uniforme de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dijeron se (sic) inspectores les comentaron que iban a proceder a realizar el corte de suministro de luz en mi domicilio, sino (sic) pagaba cierta cantidad por concepto de ajuste de facturación, sin que a la fecha se me haya notificado cual es el motivo, razón y/o circunstancia para que se me corte el suministro de alumbrado eléctrico.." De lo anterior, se establece que en efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte que, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra actos de autoridad que violen o restrinjan los derechos humanos del quejoso. Por ello, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no se requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, en términos de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Por tanto, en el caso concreto, se reclaman actos que no provienen de autoridades para efectos del juicio de amparo y que tampoco pueden considerarse actos de particulares que se conducen como autoridades o equivalentes a los de autoridad, toda vez que los actos reclamados no derivan de actos cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que a quien se señala como autoridad responsable no le puede revestir el carácter de autoridad. Asimismo, se pone de manifiesto que la Comisión Federal de Electricidad, no tiene la calidad de autoridad responsable, pues la relación que existe entre ésta y la parte quejosa es de particulares y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. Más aún cuando en el caso de la lectura de la demanda se aprecia que la parte quejosa está en aptitud de acudir ante la Comisión Federal de Electricidad para resolver su diferencia comercial y aclarar su situación de pago, pues no le ha sido cortado el servicio de energía eléctrica; incluso, los hechos de la demanda en modo alguno revelan que el peticionario reclame actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o bien, que esté reclamando la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia, cuyo tenor literal es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Aunado a lo anterior, la causa de improcedencia en que se basa la presente determinación, resulta manifiesta e indudable, de acuerdo a la jurisprudencia Materia(s): Común, página 1008, número de registro 2019230, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En tales condiciones, con fundamento en artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, fundamentan la presente determinación el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 54/2019; así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este mismo Circuito, al resolver el recurso de queja 20/2019, las cuales al haber sido consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resultan ser un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. III. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, a las personas que señala, por no contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registrito Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VI. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VII. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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