Gilberto Mendez Díaz
Expediente 1602/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1602/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2019
Partes del expediente
- Gilberto Mendez Díaz
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
EN ATENCION AL AVISO DE DIECISEIS DE DICIEMBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil diecinueve. REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por Gilberto Méndez Díaz, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1602/2019-IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancinco, Estado de México, con residencia en Ixtapan de la Sal, lo siguiente: La sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación que confirmó el auto de treinta de octubre del año en curso, dictado dentro del expediente 212/2015, del índice del Juez señalado como responsable, en el que se dijo al demandado estarse a lo proveído el cinco de septiembre de los cursantes, al no ser procedente su solicitud de decretar la caducidad de la instancia. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación que confirmó el auto de treinta de octubre del año en curso, dictado dentro del expediente 212/2015, del índice del Juez señalado como responsable, en el que se dijo al demandado estarse a lo proveído el cinco de septiembre de los cursantes, al no ser procedente su solicitud de decretar la caducidad de la instancia; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, en virtud de que solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior, se sustenta en la medida que un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse como aquel que afecta materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, teniendo tal carácter la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Como se dijo, en el caso se considera que el acto reclamado se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable, o en su defecto, podrá combatirse en el amparo uniinstancial (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al señalarse como acto reclamado la referida determinación. En efecto, el acto aquí reclamado sólo se puede afectar los derechos procesales o adjetivos de la parte quejosa, pero no así aquellos de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, en virtud de que los efectos de tal actuación no se traduce al exterior del procedimiento en el que se practicó, sino que -se insiste- tiene únicamente efecto de carácter adjetivo o procesal, susceptibles de repararse en la sentencia que ponga fin al procedimiento. Luego, se insiste, será en su caso hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta ese entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, siempre y cuando la sentencia sea adversa a los intereses legales de la parte quejosa. En tales condiciones, ese tipo de actuaciones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino que deben hacerse valer como violación procesal hasta el amparo directo, para el caso de que sea adversa la sentencia definitiva; y, en el supuesto de que sí sea favorable al quejoso, lo podrá plantear en el amparo adhesivo, conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, por tanto, se procede a desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Gilberto Méndez Díaz. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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