Gilberto Mayo Rodríguez y Otros.
Expediente 571/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gilberto Mayo Rodríguez y Otros.
- Gilberto Mayo Rodríguez
- José Carlos Cruz Flores
- José Luis Bizarrón Cordero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Gilberto Mayo Rodríguez y otros; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 571/2020-IX, promovido por Gilberto Mayo Rodríguez, Pascual Hernández Zárate, José Luis Bizarrón Cordero, Itzel Ríos Solorio, José Carlos Cruz Flores, José Ramón Jiménez Ramírez, Alfonso Gómez Martínez y/o José Alfonso Gómez Martínez, Mario Alfredo Cárdenas Guerra y Cristian Fer Tejeda Ornelas, a través de su defensor particular Jesús Anaya Contreras, contra actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, los quejosos apuntados promovieron demanda de amparo contra la siguiente autoridad y por el acto que a continuación se menciona: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene el carácter de autoridad responsable el licenciado Eduardo Castillo Robles, en su carácter de Jue de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo. IV. ACTO RECLAMADO. Resulta como acto reclamado, el contenido de la resolución de fecha 2 dos de septiembre del año 2020 dos mil veinte." En ese ocurso, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se proveyó sobre la admisión de la demanda, proveído en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el once de marzo de dos mil veintidós, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclama una determinación dictada en materia penal por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal ??????????????? Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Morelia, Michoacán, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: ? El control de la detención de los quejosos realizada durante la celebración de la audiencia inicial de dos de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 446/2020 seguida en contra de los solicitantes del amparo por su probable responsabilidad en la comisión de los ????????????? delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. ? El auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia inicial apuntada, en la que se vinculó a los quejosos al proceso derivado de la comisión de los delitos apuntados. La precisión realizada obedece a que la resolución relativa al control de la detención y el auto de vinculación al proceso constituyen actuaciones procesales distintas, de ahí que deben analizarse como actos destacados autónomos; de tal manera que si los solicitantes del amparo formularon conceptos de violación en contra de ambas actuaciones, estas deben examinarse de manera separada como actos reclamados distintos. Lo anterior en términos de lo resuelto por la la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 1a./J.76/2018 (10a.), de observancia obligatoria y vinculante para este juzgador, cuyo rubro y texto indican: "Registro digital: 2018592 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 209 Tipo: Jurisprudencia "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su ??????????? demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención" . TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las constancias y con el disco compacto relativo a la causa penal 446/2020, que el jueza responsable hizo llegar al juicio de amparo. Medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resultan aplicables las tesis que se reproducen en seguida: Registro digital: 2015127 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 34/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I. Página 125 Tipo: Jurisprudencia "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la ??????????????? investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza ???????????? para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación formulados por los quejosos resultan infundados, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Resolución de control de la detención. a) Respecto del control de la detención de los solicitantes del amparo realizada en la audiencia de dos de septiembre de dos mil veinte, dichos quejosos alegan que a partir de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación seguida en su contra, quedó demostrado que fueron detenidos el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, por lo que se les trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en Apatzingán de la Constitución Michoacán a donde arribaron a las dieciséis horas, momento en el que se realizó el Informe Policial Homologado por parte de los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional que los habían detenido. Sin embargo, aducen que de manera injustificada fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora hasta las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del mismo día, de manera que permanecieron por un lapso de tres horas y media en las instalaciones de dicha fiscalía, aun cuando quedaron detenidos desde las catorce horas con treinta minutos, lo cual incluso refieren, puede corroborarse con el contenido del acuerdo de investigación signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Carlos Harín López Herrera y con la constancia de lectura de derechos de los imputados que se llevó a cabo hasta las veintiún horas con cinco minutos. Con esas bases, los promoventes indican que se violentó en su perjuicio su derecho fundamental a ser puestos a disposición inmediata ante el Ministerio Público, tal como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXXV/2013 (10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA ???????????? PUESTA A DISPOSICIÓN." Motivos de disenso que como ya se adelantó, resultan infundados. En principio, debe señalarse que el derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que "cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención" . Respecto de dicho tema, la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ha establecido la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas respecto del momento en que los detenidos por la comisión de delitos en flagrancia deban ponerse a disposición de la autoridad investigadora, sino que lo relevante es determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. En esa lógica, la Primera Sala explicó que se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Motivos razonables que únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos, reales, comprobables y, particularmente, lícitos, esto es, que estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo cual implica que los agentes de policía o elementos del ejército, que en principio son los obligados a realizar las detenciones en flagrancia, no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica, de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal. De manera que los aprehensores pueden simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la comisión de los delitos que se atribuyen a los detenidos para inculparlo a él o a otras personas. Con esas bases, nuestro Máximo Tribunal estableció que el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso respecto a la detención de los imputados, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en "la búsqueda de la verdad" o en "la debida integración del material probatorio" y, más aún, aquéllas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían "la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad" (la tortura) o "la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación" (la alteración de la realidad), entre otras. Tales consideraciones originaron la emisión del siguiente criterio jurisprudencial: Registro digital: 2003545 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CLXXV/2013 (10a.) ??????????????? Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 535 Tipo: Aislada "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras." Por otro lado, debe precisarse que tal como lo refirió el Juez responsable, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la trascendencia que tiene la violación del derecho fundamental apuntado respecto de la investigación de los delitos cometidos en flagrancia. En principio, indicó que el informe de la policía es esencial en un asunto penal, por los datos que comprende en relación con las circunstancias en que fue detenido el imputado, además en los casos de flagrancia los policías suelen adquirir dos calidades de actuación, la de testigos presenciales de la comisión de un delito flagrante y la de aprehensores; de manera que la información que aporten es trascendental para ????????????? respaldar la acusación, respecto de las circunstancias que motivaron su intervención en la captura del detenido y el aseguramiento de la evidencia. En ese sentido indicó que la violación al derecho fundamental en estudio, no afecta la licitud del parte informativo de la policía, en lo concerniente a la precisión de las circunstancias que motivaron su intervención, la forma en que se realizó la captura y el aseguramiento de evidencias relacionadas con el delito flagrante; ya que aquélla violación en todo caso afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público. Definió lo anterior, debido a que la detención de una persona y su puesta a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público, tratan de acciones distintas, pues primero tiene lugar la detención, que debe sujetarse a los supuestos constitucionales, luego, la policía deberá cumplir con el imperativo constitucional que la obliga a poner al detenido de inmediato a disposición del Ministerio Público. Bajo este esquema, nuestro Máximo Tribunal señaló que el parte informativo de la policía puede aportar no solamente las circunstancias físicas o específicas en las que fue asegurado el detenido, sino también las referentes a las acciones efectuadas como consecuencia de esa detención, entre las cuales se encuentran las condiciones en las que se mantuvo al detenido durante su traslado al Ministerio Público, las causas que en su caso justificaran la demora en la entrega del detenido e, incluso, las pruebas que se obtuvieron de dicha demora, la confesión del detenido o el material probatorio que fue recabado por iniciativa de la autoridad aprehensora. De manera que ante esta doble función, se debe fragmentar el contenido que se desprende del parte informativo, de manera que la ilicitud de una acción no debe afectar el material probatorio obtenido en la otra o viceversa; por lo que se deberán analizar, por una parte, los datos emanados de la detención y, por otra, los derivados de las acciones posteriores a la detención del quejoso, dándoles a cada uno el valor probatorio correspondiente. Así, cuando la detención del inculpado se realice acorde a los parámetros constitucionales aplicables, la calificación de legalidad de la detención debe subsistir, al margen de que se actualice la violación a la inmediatez en la puesta a disposición del detenido. De manera que en caso de que exista una demora injustificada en su puesta a disposición ante el Ministerio Público y en el informe policial se asienten las acciones de investigación que motivaron dicha demora, efectuadas fuera de control por parte de Ministerio Público, para generar o recopilar pruebas de incriminación relacionada con el delito que motivó la detención; entonces, en la apreciación del informe, para efectos de valoración probatoria, deberán tenerse en cuenta dos elementos substanciales: a) La descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquéllas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas, podrán ser objeto de valoración, siempre que la detención de la persona sea acorde al orden constitucional. b)En oposición a lo anterior, todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba ??????????????? obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, recopilados con motivo de la realización de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público, las cuales no deberán ser objeto de apreciación en la valoración probatoria, sino que ante lo evidente de su ilicitud tendrán que excluirse. Las anteriores consideraciones originaron la emisión del siguiente criterio jurisprudencial: Registro digital: 2012186 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 8/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 723 Tipo: Jurisprudencia "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN. Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia." Ahora, es importante precisar lo resuelto por el Juez responsable en torno a la violación alegada por los quejosos, en el sentido en que no fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras de manera inmediata después de su detención. Al respecto, el Juez Especializado en el Sistema Acusatorio señaló que atendiendo a lo manifestado por los propios imputados y las actuaciones que obraban en la carpeta de investigación, en autos quedó demostrado que los imputados fueron detenidos aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que posteriormente se les trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General de la ??????????????? República, con sede en Apatzingán de la Constitución, Michoacán, y que no fue hasta las diecinueve horas con treinta y nueve minutos que fueron puestos a disposición formalmente ante las autoridades investigadoras. Primeramente indicó que la dilación existente entre el momento en que se detuvo a los imputados y su llegada a las instalaciones de la fiscalía quedó justificada atendiendo a la distancia existente entre el poblado de el Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán, lugar en el que los ahora quejosos fueron sorprendidos en flagrancia y detenidos y la cabecera municipal de Apatzingán de la Constitución. En ese sentido, el responsable explicó que en términos de las consideraciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho fundamental de los detenidos de ser puestos a disposición de manera inmediata ante las autoridades investigadoras, el tiempo que medie entre la detención en flagrancia de los imputados y su comparecencia ante las autoridades ministeriales no debe ser tazado o fijo, sino que para determinar si existió dilación en el cumplimiento de dicho derecho fundamental deben tomarse en consideración las particularidades del caso. Con esas bases, el Juez responsable indicó que atendiendo a las condiciones particulares en que se ejecutó la detención de los imputados, fue razonable el tiempo que transcurrió entre la detención de los ahora quejosos y la llegada a las instalaciones de la fiscalía. Por otro lado, el Juez responsable consideró que injustificadamente se retuvo a los quejosos en las instalaciones de la Fiscalía General de la República de las dieciséis horas a las diecisiete horas con treinta y nueve minutos, momento en el que finalmente fueron puestos a disposición de manera formal ante las autoridades investigadoras; ello al no haberse demostrado en autos la razón por la que transcurrieron tres horas y treinta y nueve minutos desde su llegada a dicho edificio, hasta el inicio formal de la carpeta de investigación correspondiente. Sin embargo, el juez responsable indicó que aunque transcurrió ese tiempo de manera injustificada, en autos no quedó demostrado que en ese lapso tanto las autoridades que aprendieron a los ahora quejosos o las autoridades investigadoras hayan ejercido presión sobre los detenidos para aceptar la comisión del delito que les imputó o bien la actualización de alguna otra circunstancia que les pudiera perjudicar, o incluso obtener medios de prueba encaminados a comprobar su participación en dicho ilícito. Lo anterior al estimar que en términos de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actualización de una dilación injustificada en la puesta a disposición de los imputados únicamente trasciende en la investigación cuando con motivo de dicha tardanza se hayan actualizado alguno de los dos supuestos apuntados, es decir, que se haya ejercido presión en contra de los detenidos o se hayan obtenido medios de prueba para inculparlos. A partir de lo anterior, el Juez penal indicó que en autos no había quedado demostrado que la dilación de la puesta a disposición de los imputados haya tenido alguna de las finalidades apuntadas; de manera que aunque efectivamente no se justifica el tiempo que transcurrió entre la llegada de los quejosos a las instalaciones de la fiscalía y el inicio formal de la carpeta de investigación, ello, hasta este momento, no trascendía ni en la calificación de la legalidad de su ????????????? detención ni tampoco en la investigación realizada por las autoridades ministeriales. Finalmente ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que se investigara las circunstancias que generaron la dilación injustificada de la puesta a disposición de los quejosos una vez que arribaron a las instalaciones de la sede ubicada en Apatzingán, Michoacán. Con esas bases, este Juzgador considera que fue acertado lo resuelto por el juez responsable en torno a los planteamientos formulados por la defensa de los imputados. Ello en la medida en que efectivamente con atención a las reflexiones emitidas por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en torno al derecho fundamental de los detenidos de que les ponga a disposición de las autoridades investigadoras, para determinar si se violentó o no dicho derecho fundamental deben analizarse las particularidades de cada caso y examinarse si fue razonable el tiempo que medio entre la detención de los imputados y su puesta a disposición ante las autoridades investigadoras. Por ende, en primer lugar, debe tomarse en consideración la distancia que existe entre el lugar en que se sorprendió a los ahora quejosos en la comisión flagrante del delito que se les imputa y el municipio en que se encuentran las instalaciones de la fiscalía, de ahí que es razonable concluir que el derecho fundamental invocado por los quejosos no se les violentó con motivo del tiempo que transcurrió a partir de su detención y hasta el momento en que arribaron a las instalaciones de la fiscalía. Lo anterior porque es razonable afirmar que el tiempo que transcurrió entre el momento de su detención y su llegada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, obedeció precisamente al traslado entre el poblado del Aguaje a la cabecera municipal de Apatzingán de la Constitución, Michoacán, atendiendo precisamente a la localización de ambos lugares y las vías de comunicación que existen entre ellos. Por otro lado, también fue correcto lo resuelto en el sentido de que la dilación injustificada entre la llegada de los imputados a las instalaciones de la Fiscalía y el momento en que formalmente fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras, no trascendió respecto del control de la legalidad de la detención o bien en relación con los medios de prueba que se dejaron de atender. Pues precisamente, acorde a lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal, a partir de la distinción que realizó entre los dos momentos previos a la puesta a disposición de los detenidos ante las autoridades ministeriales, a saber, las circunstancias que envuelven propiamente la detención de los imputados y el tiempo que transcurre entre ese momento y su puesta a disposición ante las autoridades investigadoras, debe entenderse que con motivo de la demostración de una demora injustificada en la presentación de los detenidos ante las autoridades ministeriales, no deben atenderse las manifestaciones realizadas por los detenidos ni los medios de prueba recopilados durante ese lapso de tiempo por ser ilícitos, al haberse obtenido a través de una actividad que no fue controlada por la autoridad competente. De ahí que fue correcto que el Juez responsable concluyera que al no demostrarse alguna de esas circunstancias, ello no influía en la licitud de la detención de los quejosos, sino que únicamente restaba dar vista a la Fiscalía General de la República para investigar las razones por las que no se puso a ??????????????? los quejosos a disposición de la autoridad ministerial de manera inmediata, una vez que arribaron a las instalaciones de la Fiscalía en Apatzingán. b) En otra parte de su demanda, los quejosos alegan que los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional que detuvieron a los quejosos en su informe homologado, no adujeron el nombra de la calle en la que en un primer momento transitaban, pero luego señalaron que de ahí se trasladaron a la calle Emiliano Zapata y a la calle Francisco I. Madero, donde hicieron detenciones y, en la audiencia inicial la fiscalía precisó que los aprehensores realizaban un recorrido por la calle Justo Sierra, de la comunidad de El Aguaje, Aguililla, Michoacán, sin que esto se hubiese referido en el informe policial apuntado. Lo anterior lo pretenden corroborar con la transcripción del referido informe que se realizó en la demanda de amparo. Argumento que también resulta infundado, tal como se explica a continuación. Lo expuesto pues si bien el defensor particular de los quejosos indicó la existencia de la inconsistencia apuntada en la etapa correspondiente a calificar de legal la detención, lo cual reitera como concepto de violación en esta instancia constitucional. Empero, no es posible corroborar que en el informe policial homologado de treinta y uno de agosto de dos mil veinte efectivamente los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional hayan asentado que transitaban por la calle Emiliano Zapata y luego se dirigieron a la calle Francisco I. Madero, en donde se localizaba el inmueble en que detuvieron a los imputados. Ello toda vez que aunque en su demanda de amparo transcribió los hechos que, según su dicho, se plasmaron en el referido informe, lo cierto es que durante el desahogo de la audiencia inicial se hizo referencia al contenido del referido medio de prueba, a lo que la autoridad investigadora reiteradamente manifestó que en el informe apuntado se asentó que los militares que aprehendieron a los quejosos transitaban por la calle Justo Sierra, de la comunidad de El Aguaje, Aguililla, Michoacán, que se percataron que tres sujetos con armas largas se encontraban en una esquina, quienes al ver a dichos soldados corrieron hacia la derecha e ingresaron al domicilio en el que posteriormente fueron detenidos todos los imputados. Luego, para resolver, el juez de control se limitó a tomar en consideración lo que la fiscalía refirió durante la audiencia sin solicitar la remisión del informe homologado referido, contenido en la carpeta de investigación. De ahí que a pesar de lo manifestado por el defensor particular del quejoso en torno al contenido del informe policial, no es dable para este juzgado federal corroborar que efectivamente en dicho documento se hayan asentado los hechos que enmarcaron la detención de los quejosos de la manera que refieren, pues no se exhibió ni se solicitó ante el juez de control el contenido de dicho documento con el que demuestren que efectivamente la fiscalía, al referirse dicho medio de prueba, dio lectura a una dinámica de hechos diferente a la que inicialmente se asentó. Sino que únicamente se limitan a transcribir lo que ellos refieren, es el contenido del informe apuntado, lo cual es insuficiente para los fines que pretenden, pues la sola transcripción de constancias no constituye indicio suficiente, mucho menos prueba ??????????? plena para demostrar el real contenido del informe. Por ende, debe tenerse como contenido del informe policial los hechos que narró la autoridad investigadora durante el desahogo de la audiencia inicial. Máxime que de conformidad con el artículo 75, primer párrafo de la Ley de Amparo, el acto reclamado en este caso, debe analizarse en los términos en que quedó probado ante la responsable. Bajo esa línea de pensamiento, es dable afirmar que los quejosos no demostraron las contradicciones que refiere en el concepto de violación que se estudia. Razón por la cual resulta acertado lo señalado por el juez responsable al responder el argumento planteado por la defensa en torno a la legal detención de los imputados, en el sentido de que, contrario a lo alegado, en el informe policial homologado sí se asentó que los soldados que aprehendieron a los quejosos transitaban sobre la calle Justo Sierra, de la comunidad de El Aguaje, Aguililla, Michoacán y que el domicilio en donde se realizó la detención lógicamente se encontraba en una calle distinta, toda vez que los sujetos con armas largas que inicialmente visualizaron estaban en una esquina y corrieron hacia la derecha. Pues, se insiste, ante la falta de datos de prueba que acrediten que los militares que aprehendieron a los quejosos asentaron una dinámica de hechos distinta, debe entenderse que lo referido por los fiscales en la audiencia fue lo que efectivamente se plasmó en el informe policial apuntado. Apoya lo anterior el criterio jurisprudencial que se indica a continuación: Registro digital: 2018561 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 50/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 206 Tipo: Jurisprudencia "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se ???????????? dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva." Auto de vinculación a proceso. Ahora, es momento de analizar los conceptos de violación planteados respecto a la determinación consistente en vincular a proceso a los imputados, aquí quejosos. Al respecto, los quejosos alegan en su segundo motivo de disenso que incorrectamente se les vinculó a proceso por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea. En tanto que no se les debió de condenar respecto del delito de posesión de cargadores, pues únicamente debió de subsistir el de posesión de cartuchos, dado que en términos de la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, de rubro: "POSESIÓN DE CARTUCHOS Y CARGADORES DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. CUANDO SE COMETAN SIMULTÁNEAMENTE AMBOS DELITOS, SUBSISTE EL PRIMERO SOBRE EL SEGUNDO, CONFORME AL PRINCIPIO DE CONSUNCIÓN O ABSORCIÓN"1, cuando se cometen simultáneamente ambos delitos únicamente se actualiza la conducta relativa al último de estos ilícitos, por haberse cometido bajo las mismas circunstancias y se vulneró un mismo bien jurídico. De manera que al vincularse a proceso a los quejosos por ambos delitos, si eventualmente se emite 1 Registro digital: 201586. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Penal. Tesis: XI.P.21 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, página 2232. Tipo: Aislada ???????????? sentencia condenatoria en la causa penal de origen se les aplicará una sanción más lesiva en su contra, cuando el juez responsable tiene la obligación de aplicar la norma más favorable a los internos, conforme al principio de interpretación más favorable a la persona en materia de derechos humanos. Agregó que el vicio apuntado genera como consecuencia que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, pues asegura que los hechos no tienen la apariencia de delitos. Motivos de disenso que a criterio de este órgano jurisdiccional resulta infundado, sin que en el caso de advierta algún aspecto respecto al cual deba suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues la determinación combatida se emitió de manera fundada y motivada. Para justificar la conclusión apuntada deben realizarse las siguientes reflexiones en torno al auto de vinculación a proceso. 1) Requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso El artículo 19, en su primer párrafo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Del precepto constitucional en estudio se advierte que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. Los requisitos de forma consisten en que: debe dictarse dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas -si se solicita la duplicidad-, contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; asimismo, debe expresarse el delito imputado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo consisten en que deben concurrir datos que establezcan la realización de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, como sabemos, el auto de vinculación se emite después de que al imputado se le formuló la imputación y su objeto consiste en que el juez de control intervenga en la etapa de investigación para examinar si existe causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase: denominada investigación complementaria, esto es, si se cuenta con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión2. 2 Ver artículo 316, fracción III, segunda parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, actualmente en vigor en todo el país, el cual determina: "316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley ???????????? Una vez identificadas las exigencias constitucionales que se requieren colmar para emitir un auto de vinculación a proceso, ahora es necesario traer a colación algunas notas distintivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en torno al dictado del auto de vinculación a proceso. 2) Implicaciones de la reforma al artículo 19 constitucional Como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/20173, la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal generada a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil ocho, representa uno de los cambios más relevantes en los ámbitos legislativo e institucional de la historia de México. Se trata de la transición de un esquema procesal mixto, de carácter predominantemente inquisitivo -heredado de la época colonial- a otro modelo de corte acusatorio y oral, respetuoso del debido proceso y de los principios constitucionales que lo orientan, con lo cual se aspira a que la justicia penal evolucione de una concepción monolítica del proceso (que entendió al castigo como la única finalidad, al juicio como el único camino de solución, al Estado como el único decisor y que le dio tratamiento único a todas las conductas consideradas como delito) hacia señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y." 3 En sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve, por mayoría de tres votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, y los Ministros Luis María Aguilar Morales, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente). En contra de los emitidos por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reserva su derecho a formular voto particular, y el Ministro Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario Alejandro Alberto Díaz Cruz. una racionalidad motivada por la incorporación de la justicia restaurativa, que privilegia la reparación de daño causado a la víctima. Desde ese enfoque, la reforma constituye un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en esta materia: desde las cuestiones relativas a la infraestructura y gestión, hasta los aspectos normativos y de capacitación que exigen los sistemas procesales cuya metodología de trabajo se desarrolla a través de audiencias orales, concentradas, dirigidas por un juez y con puertas abiertas al público. Para conseguirlo, la reforma modernizó el procedimiento penal en el artículo 20 constitucional, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la clara intención de "dar cabida a los principios del debido proceso"4. Dicho precepto concentra el mayor número de componentes que diseñan la estructura del proceso penal acusatorio, adversarial y oral; sin embargo, no es el único, ya que dentro del sistema constitucional concurren otros preceptos de la Ley Fundamental que contribuyen al mismo propósito, como el artículo 19, que en su párrafo primero indica que el auto de vinculación a proceso se emitirá cuando concurran "datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Particularmente sobre el cambio de paradigma del estándar probatorio que ahora se 4 Ver dictamen de primera lectura, de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete. ??????????????? requiere para emitir un auto de vinculación a proceso, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 87/20165, estableció que el texto constitucional vigente contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral. Lo que se revela por la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. En ese sentido, la Primera Sala de la Corte, enfatizó que ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de 5 En sesión de uno de febrero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos, de los señores ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, por lo que se refiere al fondo del asunto. Secretarios Gabino González Santos y Horacio Vite Torres. prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia -puntualizó el Máximo Tribunal Constitucional del país- es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben ??????????????? considerarse para el dictado de una sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley6. Con esas bases es dable afirmar que para dictar el auto de vinculación a proceso solo se requiere que exista causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase: denominada investigación complementaria, esto es, que se cuentan con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión Una vez establecido el estándar de prueba requerido para dictar el auto de vinculación a proceso, enseguida se examinará el acto reclamado para comprobar que no contiene algún vicio formal que amerite la concesión del amparo en suplencia de la queja. Del contenido de la audiencia de vinculación a proceso reclamada se advierte que el juez responsable, en atención a los requisitos que exigen los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, identificó como hechos considerados como delitos los siguientes. - Que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas con veinte minutos, elementos de pertenecientes a la Secretaria de la Defensa Nacional realizaban un recorrido de vigilancia por la calle Justo Sierra, de la comunidad de El Aguaje, Aguililla, Michoacán, quienes 6 Las consideraciones apuntadas se reflejaron en la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)" criterio consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, página 360, con registro 2014800. se percataron que en una esquina más adelante se encontraban tres sujetos con armas largas, los cuales al visualizar a los militares corrieron hacia la derecha y se resguardaron en un domicilio, que se identificó se encontraba sobre la calle Francisco I. Madero, sin número, con coordenadas de localización 18.993666.- 102.710448. - Que al perseguir a tales personas hasta dicho domicilio, se percataron que se encontraba abierto el portón del citado inmueble, momento en que visualizaron que atrás de una camioneta pick up blanca, se encontraban en la cochera, estaban varios civiles portando armas de fuego. - Que los referidos elementos del ejército les indicaron que estaban rodeados y que debían entregar sus armas, por lo que después de tener un intercambio de palabras, mientras los civiles apuntaban sus armas hacia los militares, los primeros optaron por rendirse. - Que en consecuencia los militares ingresaron a la cochera del inmueble y se percataron que atrás del vehículo se encontraban ocho personas del sexo masculino y una del sexo femenino; que una vez que los militares procedieron a inspeccionarlos observaron que a los pies de cada uno de los ocho masculinos se encontraban armas de fuego largas, además que al inspeccionar a la única mujer se identificó que la misma portaba una bolsa de tela color rojo con azul que en su interior contenía diversos cargadores con cartuchos en su interior y otros cargadores desabastecidos. Armamento que se encontraba distribuido de la siguiente manera entre cada uno de los imputados: ??????????????? Imputado. Armamento. 1 José Carlos Cruz Flores. Arma de fuego larga, AK47 MAK-90 Sporter, Matrícula 90104043, abastecida con cargador metálico para treinta cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros. 2 Gilberto Mayo Rodríguez Arma de fuego larga, tipo fusil R15 MIP15, de matrícula ilegible, abastecida con cargador con treinta cartuchos calibre 5.56 x 35 milímetros. 3 José Ramón Jiménez Ramírez Arma de fuego larga, tipo fusil, R15, con matricula ilegible, abastecida con cargador metálico con treinta cartuchos calibre 5.56 x 35 milímetros 4 Mario Alfredo Cárdenas Guerra Arma de fuego larga, AK47, marca Radom, matrícula PAC1127285, abastecida con treinta cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros. 5 Pascual Hernández Zarate Arma de fuego larga, AK47, matrícula GP7564341, abastecida con treinta cartuchos calibre 7.62 milímetros. 6 José Luis Bizarrón Cordero Arma de fuego larga, fusil Barrett, matrícula AA002658, abastecida con diez cartuchos calibre 0.50 milímetros. 7 Cristian Fer Tejeda Ornelas Arma de fuego larga, fusil AK47, matrícula RAS47087531, abastecida con treinta cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros. 8 Alfonso Gómez Martínez Arma de fuego larga, fusil AK47, matrícula DC-3742- 10-RO, abastecida con un cargador metálico para treinta cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros. 9 Itzel Ríos Solorio - Cuatro cargadores metálicos con capacidad para treinta cartuchos, calibre 7.62 x 39 milímetros, cada uno con treinta cartuchos útiles del mismo calibre. - Un cargador metálico con capacidad para diez cartuchos útiles, calibre 7.62 x 39 milímetros, - Dos cargadores metálicos con capacidad para treinta y cinco cartuchos, calibre 7.62x39 milímetros, el primero con nueve cartuchos y el segundo con diez cartuchos del mismo calibre. - Seis cargadores con capacidad para treinta cartuchos útiles, calibre 7.62 x 39 milímetros, todos desabastecidos. - Dos cartuchos útiles de calibre 0.50 milímetros. En ese contexto, tal como lo estableció el juez responsable, los datos de prueba ofrecidos en la causa penal son suficientes para considerar indiciariamente que se cometieron hechos constitutivos de los siguientes delitos: 1. Acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, fuerza armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Bis, fracción II7, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y l) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente en ese momento8. En los preceptos legales invocados se 7 ARTÍCULO 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará: (.) II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea. 8 ARTÍCULO 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: (.) c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos. d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. (.) l).- Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. ???????????? establece que el delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, fuerza armada y fuerza aérea, se configura cuando se esté en posesión de más de cinco armas de esta naturaleza sin contar con el permiso correspondiente. El cual será sancionado con pena de prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, en el que caso de que el armamento en cuestión esté contemplado en la lista de armas que se refieren en el artículo 11 de la misma legislación, con excepción de los incisos a) y b). 2. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, fuerza armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II9, en relación con el diverso 11, inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Hipótesis normativa que indica que se sancionará con una pena de dos a seis años de prisión y de veinticinco a cien días multa, cuando se esté en posesión de cartuchos destinados para el uso de las armas listadas en el artículo 11 de la legislación en cita, con excepción de los incisos a) y b). 3. Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, fuerza armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos10. Numeral que establece que la posesión de 9 ARTÌCULO 83 Quat .- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: (.) II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. 10 ARTÌCULO 83 Quintus. Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará: (.) II.- Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores. cargadores de cartuchos destinados al uso de armas de fuego de uso exclusivo del ejercito, armada y fuerza aérea, tiene como sanción una pena de prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, en el caso de que se trate de más de cinco cargadores. Una vez establecido el marco normativo que debe atenderse en el caso, se estima que con los indicios referidos en la audiencia inicial es posible suponer que los hechos ilícitos sucedieron, además de la probable participación de los imputados y que, por ello, es necesario continuar la investigación en su fase complementaria. Es así pues como acertadamente lo señaló la juez de control, el Ministerio Público invocó los siguientes indicios de cargo: ? Informe policial homologado de folio 160101006310820201420 de treinta y uno de agosto de dos mil veinte signado por los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional que detuvieron a los ahora quejosos, en el que se narraron los hechos que enmarcaron la detención en flagrancia de dichas personas, en posesión de los artefactos bélicos indicados, de cuyo contenido dio cuenta la autoridad investigadora en los siguientes términos: "(.) Que siendo aproximadamente las catorce horas con veinte minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil veinte, los elementos militares ya referidos al realizar sus operativos de vigilancia, y ya que se encuentra adscritos a la base militar de Aguililla (.) efectuando dichas actividades de prevención en el poblado denominado el Aguaje, en el Municipio de Aguililla, Michoacán, al transitar sobre la calle de Justo Sierra, vieron que en la esquina se encontraban a veinte metros delante de ellos a tres sujetos que portaban armas largas de fuego, quienes ??????????????? al percatarse de la presencia militar emprendieron la huida con dirección hacia la derecha, por donde corrieron dichos sujetos y fueron seguidos por los elementos militares. Se observó que dichos sujetos se introdujeron en un domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero, sin número, con coordenadas con coordenadas de localización 18.993666.- 102.710448. Lugar en donde se introducen los sujetos que estaban armados y al posicionarse los elementos militares afuera del inmueble con un portón blanco que se encontraba abierto, observaron una cochera con vehículo color blanco tipo pick up, y que atrás del mismo vieron a varios civiles portando armas de fuego, a quienes en voz alta les refirieron "ejercito mexicano, tiren sus armas, están rodeados" a lo que los civiles respondieron "chinguen a su madre, entren por nosotros aquí nos vamos a matar". Por lo que en ese momento dichos sujetos cargaron sus armas, cortaron cartuchos y les apuntaron (.) que ante dichas conductas los soldados nuevamente insistieron y los invitaron a rendirse (.) que después de varios minutos de estar fuera del inmueble los civiles manifestaron "nos rendimos, no vayan a disparar". Que en ese momento lo elementos militares ingresaron a la cochera del inmueble y observaron que detrás del vehículo se encontraban ocho sujetos masculinos y una femenina (.)" Enseguida se refirió que al proceder a inspeccionar a dichos civiles se encontraron a aproximadamente a cincuenta centímetros de cada uno de ellos diversas armas largas en la distribución antes referida y que a la diversa imputada Itzel Ríos Solorio en una bolsa roja, los cargadores y cartuchos indicados en párrafos precedentes. ? Acuerdo de Aseguramiento del material bélico de dos de septiembre de dos mil veinte, en el que se refirieron las armas largas, cargadores y cartuchos que estaban en posesión de los imputados. ? Dictamen en materia de balística forense de uno de septiembre de dos mil veinte, en el que se asentó que el material bélico que se les aseguró a los quejosos efectivamente correspondían a armas de fuego de uso exclusivo del ejército, en el que se dio cuenta del siguiente armamento. Como indicio 1. Arma de fuego, tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros, marca Norinco, modelo MAK-90, matrícula 90104043, abastecida con cargador metálico para treinta cartuchos y treinta cartuchos del mismo calibre. Como indicio 2. Arma de fuego tipo fusil, calibre .223 (5.56 milímetros) marca Smith and Wesson, modelo MIP15, matrícula ilegible, abastecida con cargador para treinta cartuchos y treinta cartuchos del mismo calibre. Como indicio 3. Arma de fuego tipo fusil, calibre .223 (5.56 milímetros) marca Smith and Wesson, modelo MIP15, matrícula ilegible, abastecida con cargador metálico para treinta cartuchos y treinta cartuchos del mismo calibre. Como indicio 4. Arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros, marca Pioner Arms, modelo GQHELPUP, matrícula PAC1127285, abastecida con cargador metálico para treinta cartuchos y treinta cartuchos del mismo calibre. Como indicio 5. Arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros, marca Century Arms, modelo GP1975, matrícula GP7504341, abastecida con cargador metálico para treinta cartuchos y treinta ????????????? cartuchos del mismo calibre. Como indicio 6. Arma de fuego tipo fusil, calibre .50 BMG, marca Barrett, modelo 82 A1, matrícula AA002658, abastecida con cargador para diez cartuchos y diez cartuchos del mismo calibre. Como indicio 7. Arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros, marca Romarnn, modelo Draco, matrícula DC-3742-10RO, abastecida con un cargador metálico para treinta cartuchos y treinta cartuchos del mismo calibre. Como indicio 8. Arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros, marca Century Arms, modelo RAS 47, matrícula RAS47087531, abastecida con un cargador metálico para treinta cartuchos y treinta cartuchos del mismo calibre. Como indicio 9. Punto 1. Trece cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros, de los cuales diez eran para capacidad para treinta cartuchos, dos para treinta y cinco cartuchos y no de capacidad de diez cartuchos. Punto 2. Cargador para arma de fuego calibre .234 (5.56 milímetros), con capacidad para treinta cartuchos. Punto 3. Ciento treinta y nueve cartuchos de calibre 7.62 x 39 milímetros. Punto 4. Dos cartuchos de calibre .50. En dicho dictamen se clasificaron las armas de fuego indicadas en los indicios 2, 3, 4, 5 y 8 dentro de los artefactos contemplados en el artículo 11, inciso c) de la Ley de Armas de Fuego, así como los cargadores referidos en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9.1. Mientras que las armas restantes, referidas en el indicio 1 y 7 se clasificaron en el inciso d) del mismo numeral. Por otro lado, la totalidad de los cartuchos, con excepción de los referidos en los indicios 6 y 9.4, se clasificaron en el artículo 11, inciso f). Y finalmente se indicó que las armas y cargadores referidos en los indicios 6 y 9.4 correspondían a los artefactos indicados en el inciso l) del mismo numeral. ? Informe el materia de lofoscopía forense en el que se asentó que los aquí quejosos se negaron a recabar las impresiones dactilares y palmares. ? Dictamen en materia de fotografía forense en que se refirieron la totalidad del armamento asegurado a los imputados. ? Informe de investigación criminal 5156/2020 en el que se ordenó investigar el domicilio de los detenidos. ? Informe con número de oficio 5153/2020 de dos de septiembre de dos mil veinte en el que se refieren las inspecciones realizadas al material bélico asegurado, que contiene 42 imágenes fotográficas de las armas, cartuchos y cargadores asegurados. ? Informe con número 5155/2020, en el que se solicitó información a la Secretaria de la Defensa Nacional en el sentido de si las armas aseguradas estaban registradas y si los imputados eran o habían sido miembros de las fuerzas armadas, y por ende, si contaban con licencia para operar con dicho armamento, el cual se exhibió junto con el oficio 25335 que dio respuesta a dicha solicitud en sentido negativo. ? Informe 5152 que contiene las entrevistas realizadas a los elementos que detuvieron a los ahora quejosos, quienes fueron coincidentes en referir el acontecimiento de los hechos que presenciaron. ? Inspección realizada en el inmueble ubicado en las coordenadas 18.993279-102.710665 por un elemento de la Policía Federal Ministerial, del ???????????? que se obtiene que dicha propiedad se encontraba en una esquina y se trataba de una bodega con techo metálico. ? Inspección realizada en el inmueble ubicado en las coordenadas 19.993666.- 102.710448 por un elemento de la Policía Federal Ministerial, que corresponde al domicilio en el que se detuvo a los quejosos, del que se desprende que sus características coinciden con las referidas por los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, sin que se advierta que exista un segundo acceso como lo refirieron los imputados al rendir su declaración dentro de la audiencia inicial. ? Además cabe señalar que el juez responsable también tomó en consideración las declaraciones rendidas por cada uno de los aquí quejosos durante el desahogo de la audiencia inicial, las cuales desestimó por manifestar que fueron incongruentes entre sí respecto a qué estaban haciendo al momento en que los soldados ingresaron al inmueble en que fueron detenidos, a más de referir que efectivamente el armamento asegurado ya se encontraba dentro del inmueble y no poder justificar cuál era la procedencia del mismo. En el contexto apuntado, los datos de prueba invocados por el juez de control constituyen indicios razonables para suponer que ocurrieron los hechos ilícitos que se atribuyen a los quejosos, pues indicó que al menos indiciariamente quedó demostrado que estos fueron sorprendidos en posesión de armas de fuero, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, y que no contaban con el permiso respectivo para operarlas. Además indicó que respecto de las armas de fuego aseguradas se actualizaba el delito de acopio, en la medida en que se encontraron en posesión de más de cinco armas, de manera que al representar un mayor riesgo para el bien jurídico afectado por el uso de dicho armamento, a saber seguridad pública, los hechos narrados deberían clasificarse bajo dicha figura jurídica. De tal manera que tales elementos constituyen el material probatorio mínimo que justifica continuar con la investigación, ahora en su fase judicializada o controlada por un juez, con el propósito de que a través de dicha investigación complementaria se recaben mayores datos o medios de prueba para establecer de manera definitiva si efectivamente acontecieron no los delitos como lo indica, además de haberse comprobado al menos de manera indiciaria la probable participación de los imputados. En ese sentido, es claro que durante el desahogo de la audiencia inicial, el juez responsable tomó en consideración los hechos expuestos por la autoridad investigadora y engarzó los datos y medios de prueba expuestos en el desarrollo de la audiencia inicial de dos de septiembre de dos mil veintidós, los cuales contrastó con las declaraciones de cada uno de los imputados, a fin de determinar si era razonable o no que los hechos hubiesen acontecido de la manera en que lo hicieron, para finalmente resolver en el sentido en que lo hizo. Una vez precisado lo anterior, respecto del argumento planteado por los quejosos en el sentido de que incorrectamente se les vinculó a proceso por el delito de posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, pues al haberse cometido el diverso de ??????????????? posesión de cartuchos únicamente subsistía el primero de ellos, debe decirse que tal planteamiento resulta infundado pues en el caso no se actualiza ala hipótesis referida en dicha jurisprudencia. En principio, es necesario puntualizar que la circunstancia invocada por los quejosos fue abordado acertadamente por el juez responsable durante el desahogo de la audiencia inicial reclamada. Ello, dado que efectivamente dicho juzgador reparó en el contenido de la jurisprudencia invocada por los quejosos de rubro "POSESIÓN DE CARTUCHOS Y CARGADORES DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. CUANDO SE COMETAN SIMULTÁNEAMENTE AMBOS DELITOS, SUBSISTE EL PRIMERO SOBRE EL SEGUNDO, CONFORME AL PRINCIPIO DE CONSUNCIÓN O ABSORCIÓN."11 Al respecto precisó que si bien en términos de dicho criterio, de observancia obligatoria en este circuito, cuando simultáneamente se cometieran los dos ilícitos apuntados, debía de subsistir únicamente el relativo a la posesión de cartuchos, pues al afectar el mismo bien jurídico, a saber, la seguridad pública, y al quedar constituidos con los mismos hechos, al encontrarse los cartuchos dentro de los cargadores, ello atendiendo al principio de consunción, en el caso no se actualizaba dicha hipótesis respecto de seis cargadores que forman parte del material bélico asegurado en la aprehensión de los quejosos. 11 Registro digital: 201586. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Penal. Tesis: XI.P.21 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, página 2232. Tipo: Aislada En ese sentido, de manera correcta explicó que en autos quedó indiciariamente demostrado que durante la aprehensión de los quejosos se aseguraron siete cargadores de diversos calibres abastecidos con sus respectivos cartuchos, los cuales se encontraban dentro de una bolsa de color rojo cargada en el hombro por la imputada Itzel Ríos Solorio, respecto a los cuales efectivamente operaba la hipótesis contenida en dicho criterio jurisprudencial, pues en ese caso, los cartuchos efectivamente se encontraban dentro de su respectivo cargador. Sin embargo, el juez de control refirió que en la misma bolsa de tela se encontraban seis cargadores más, los cuales en ese momento se encontraban desabastecidos. En ese sentido, indicó que al no contener dicho armamento los cartuchos correspondientes, no era dable pensar que se actualizaba identidad de tiempo, modo y lugar respecto de la comisión de un delito simultáneo, pues, insistió, los cargadores se encontraban vacíos, motivo por el cual constituía un delito autónomo. Bajo ese esquema es evidente que lo alegado vía de amparo resulta desacertado, pues en principio, contrario a lo que alude, el juez responsable sí tomó en consideración lo establecido en dicho criterio jurisprudencial, al actualizar dicho supuesto respecto de los siete cargadores asegurados que se encontraban abastecidos con sus respectivos cartuchos, por existir identidad de tiempo, modo y lugar de ambos ilícitos, de manera que dicho razonamiento fue el que originó la vinculación respecto del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Además, dicho juzgador justificó adecuadamente porque, adicional a ese hecho ??????????????? aparente de ilícito, era posible vincular a los quejosos por el de posesión de cargadores, pues se insiste, indicó que como parte del material bélico asegurado durante la detención de los quejosos se identificó la existencia de seis cargadores diversos, los cuales se encontraban desabastecidos, circunstancia que no posibilitaba actualizar lo indicado en la tesis referida, toda vez que para ello era necesario que los cartuchos se encontraran dentro de sus respectivos cargadores. Por ende se insiste que acertadamente el juez responsable consideró que con motivo de dicha circunstancia se actualizaba un delito autónomo al no actualizarse identidad de tiempo, modo y lugar con un ilícito distinto; de manera que fue adecuado realizar la vinculación de los quejosos en el sentido en que lo realizó el juez responsable. Exclusivamente como criterio orientador se cita la tesis siguiente: "Registro digital: 2007746 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materia(s): Penal Tesis: PC.XV. 1 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 2305 Tipo: Aislada "CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTIVO PORTA ARMAS DE FUEGO Y POSEE CARTUCHOS PARA ÉSTAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA EN DEMASÍA Y NO ESTÉN INTEGRADAS AL ARTEFACTO O NO CORRESPONDAN A SU CALIBRE, AUN CUANDO SE REALICEN SIMULTÁNEAMENTE. Cuando los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos para éstas del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se cometen en las mismas circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, se actualiza el concurso real de delitos, siempre que las municiones no estén integradas al funcionamiento del artefacto bélico y excedan a la capacidad de su cargador o no correspondan a su calibre, pues en tal circunstancia, existe autonomía entre ambas conductas ilícitas; en la medida en que no guardan la unidad delictiva que constituye la nota distintiva del concurso ideal de delitos. Por ende, en tal supuesto, al existir varias acciones delictivas autónomas castigadas por la legislación punitiva (portación de armas de fuego y posesión de cartuchos para éstas del uso exclusivo de las fuerzas castrenses), se materializa el concurso real de delitos, ya que concurren varias acciones castigadas por la legislación penal, aunque se materialicen en el mismo momento, pues ambas conductas son autónomas entre sí. De ahí lo infundado, del concepto de violación en estudio. Luego, es dable afirmar que fue correcta la decisión de la autoridad judicial de vincular a los aquí quejosos por los delitos apuntados. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia del único concepto de violación formulado y al no advertirse violación de derechos fundamentales que amerite la concesión del amparo en los restantes aspectos del acto reclamado, respecto a los cuales no esgrimió motivo de inconformidad. Por tanto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal a Gilberto Mayo Rodríguez, Pascual Hernández Zárate, José Luis Bizarrón Cordero, Itzel Ríos Solorio, José Carlos Cruz Flores, José Ramón Jiménez Ramírez, ??????????????? Alfonso Gómez Martínez y/o José Alfonso Gómez Martínez, Mario Alfredo Cárdenas Guerra y Cristian Fer Tejeda Ornelas, en relación con el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. SEXTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos Gilberto Mayo Rodríguez, Pascual Hernández Zárate, José Luis Bizarrón Cordero, Itzel Ríos Solorio, José Carlos Cruz Flores, José Ramón Jiménez Ramírez, Alfonso Gómez Martínez y/o José Alfonso Gómez Martínez, Mario Alfredo Cárdenas Guerra y Cristian Fer Tejeda Ornelas, en relación con el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, consistente en las dos actuaciones (control de la detención y auto de vinculación a proceso) que integran la audiencia inicial celebrada el dos de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 446/2020, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 571/2020, promovido por Gilberto Mayo Rodríguez, Pascual Hernández Zarate, José Luis Bizarrón Cordero, Itzel Ríos Solorio, José Carlos Cruz Flores, José Ramón Jiménez Ramírez, Alfonso Gómez Martínez y/o José Alfonso Gómez Martínez, Mario Alfredo Cárdenas Guerrera y Cristian Fer Tejeda Ornelas, por conducto de su defensor particular Jesús Anaya Contreras, contra actos de Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su carácter de Juez de Control; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de autoridad tercera interesada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México, (licenciado Norberto Valle Valladare), quien fue debidamente emplazado y se apersonó en juicio. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su carácter de Juez de Control. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto únicamente obran los medios de prueba que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su carácter de Juez de Control remitió en apoyo de su informe justificado, consistentes en el expediente de la causa penal 446/2020, un disco compacto que contiene los registros de audio y video de la audiencia de dos de septiembre de dos de septiembre de dos mil veinte, así como sus índices cronológicos; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO LIC. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA
- Principal
Morelia******************** Michoacán******************** ocho de febrero de dos mil veintidós. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado procesal de autos******************** de los que se obtiene que mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno******************** se ordenó dar vista a las partes que a partir del uno de diciembre del año próximo pasado******************** el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera******************** funge como titular de este órgano jurisdiccional; sin embargo******************** a la fecha no obra en autos el acuse de recibo del oficio 20419 que se giró para ese fin a la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo******************** Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México; consecuentemente******************** para dar margen a lo anterior******************** se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día******************** y se fijan las once horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidós******************** para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera******************** Juez Tercero de Distrito en el Estado******************** quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna******************** secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
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