Gilberto Manuel Laredo

Expediente 531/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 30 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
531/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Manuel Laredo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de mayo dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el numerales 202 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. ...

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 28 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. #El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifica: Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del citado año; Que el término de tres días concedido a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del citado año. Luego, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional; asimismo, el treinta de julio de dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para los efectos siguientes: "Consecuentemente, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Cite a una nueva audiencia y resuelva con libertad de jurisdicción, pero purgando los vicios destacados en el presente fallo". La sentencia causó ejecutoria por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Es así que, por oficio con registro 6318, acordado en auto de seis de noviembre de dos mil veinte y, 8500, acordado en diverso de doce del mismo mes y año, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, informó sobre las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento con el fallo protector, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acreditó dicha circunstancia, de lo que este Juzgado tomó conocimiento. Posteriormente, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio con folio 8599, mediante el cual, la autoridad responsable antes citada, remitió copia certificada de la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, en la que dejó insubsistente la diversa de once de junio de dos mil diecinueve; asimismo, resolvió mantener firme la determinación de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve a través de la cual, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Fresnillo, Zacatecas, de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado de Zacatecas, resolvió abstenerse de investigar. Luego, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el quejoso se inconformó con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la responsable por los motivos que expone en su escrito con folio 9057. Pues bien, como puede advertirse de las constancia que remitió la responsable, dictó una nueva resolución en la que dejó insubsistente la resolución reclamada de once de junio de dos mil diecinueve, y como se le dijo en la sentencia protectora de treinta de julio de dos mil veinte, citó a las partes para una nueva audiencia, en la que el once de noviembre de dos mil veinte, resolvió con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios destacados en el citado fallo. De la resolución citada en último término, obtenemos que la juez responsable analizó de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales si la decisión por parte del Ministerio público en abstenerse de investigar se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en este Juzgado el treinta de julio de dos mil veinte. Para lo anterior, dedujo que de conformidad con el artículo 253, inciso a) del Código antes citado, el ministerio público se encontraba facultado para abstenerse de investigar en aquellos hechos en los que no se haya producido la intervención del Juez, lo que según manifiesta ocurre en el caso; asimismo, resaltó que el agente del Ministerio Público determinó que se abstuvo de investigar los hechos al considerar que NO SON CONSTITUTIVOS DE DELITO de ABUSO DE AUTORIDAD que el señor GILBERTO MANUEL LAREDO denuncio en contra de la actuaria que ejecutó el laudo emitido por la Junta de Conciliación y arbitraje y en contra del funcionario de esa misma dependencia que desechó el recurso de revisión interpuesto en contra del embargo que se decretó por la primera. Pues bien, la juzgadora se basó específicamente en los puntos que la sentencia de amparo analizó y que consisten en lo siguiente: "Ahora bien, la autoridad responsable al pronunciarse en la resolución reclamada de once de junio de dos mil diecinueve, en la que confirma la abstención de investigar emitida en la carpeta de investigación 874/UEI/MIX-2016, no lo hizo de manera congruente y exhaustiva, pues, como se aprecia, el juez responsable no precisa por qué no se actualiza ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 194, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, esto es, no especifica si la funcionaria en la diligencia de embargo, dolosamente ejecutó un acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Federal o Estatal, para llegar a la conclusión de que no se existía el delito de abuso de autoridad. Lo anterior, ya que el juez responsable se limitó a señalar que la diligencia de embargo estaba apegada a derecho y que el ministro ejecutor cuenta con facultades de ponderar las constancias que se le exhiben en el momento de la diligencia, lo que así aconteció, ya que así lo señaló la responsable al manifestar que el ministro ejecutor ponderó las documentales exhibidas por las partes, entre ellas, una resolución donde se considera que el bien inmueble es patrimonio familiar y otra que dice es una libertad de gravamen; empero, no hace manifestación alguna en relación del por qué el ministro ejecutor tiene facultades para ponderar esa circunstancia, no obstante dicha diligencia se haya confirmado en un recurso de revisión ante la autoridad laboral. Si bien es cierto, el juez responsable hace referencia a que la diligencia de embargo estuvo dentro de la legalidad y que no se advirtió la presencia del delito de abuso de autoridad, en virtud de que la misma se llevó a cabo dentro de las facultades que tiene el ministro ejecutor, ya que, la diligencia de la que se ha dado noticia fue realizada en cumplimiento a un laudo firme y que por tal motivo se debe de ejecutar hasta su total cumplimiento, máxime que dicha diligencia fue impugnada por el quejoso en un recurso de revisión y confirmada; sin embargo, como ya se dijo el juez no analizó si se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 194, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, esto es, no especifica si en la diligencia de embargo, dolosamente se ejecutó un acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Federal o Estatal, para llegar a la conclusión de que no existía el delito de abuso de autoridad. Lo anterior es así, en virtud de que del estudio de la resolución reclamada no se desprende que el juez responsable haya hecho análisis respecto a que la propiedad embargada se trataba de un bien inmueble que no es susceptible de ser embargado ya que se trata de un patrimonio familiar; de ahí, que es necesario que la responsable se pronunciara si el bien inmueble era o no embargable; no obstante, haya referido que el ministro ejecutor tiene la facultad de ponderar las constancias que se le exhiben; sin embargo, la responsable debe analizar si con ese actuar del ejecutor, dolosamente ejecutó un acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Federal o Estatal, para llegar a la conclusión de que no existía el delito de abuso de autoridad. Máxime que el sustento del quejoso en la audiencia fue que se actualizaba el delito en comento porque se llevó a cabo un embargo no obstante que la persona que atendió la diligencia le señaló a la funcionaria que el inmueble había sido declarado patrimonio familiar, y por ende, era inembargable; por lo que, el juez debe dilucidar si la actuación de la referida funcionaria atentó arbitrariamente contra algún derecho garantizado del quejoso por la Constitución Federal o Estatal, debiendo señalar cuales son tales derechos y si con la actuación se vulneró alguno, tales como, a manera de ejemplo la libertad o la propiedad." Púes bien, la juez responsable manifiesta que los hechos denunciados no se actualizan en alguna de las hipotesis que contempla el artículo 194 del Código Penal en su fracción IV; asimismo, que esa diligencia de embargo practicada por la actuaria Beatriz Adriana Sanchez Caldera se realizó en base a lo dispuesto por el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo, el cual indica que el procedimiento se debe realizar para trabar el mismo, por lo que la resolutor indica que, si bien, el numeral 952 de la referida legislación indica en su fracción I, que los Bienes constituidos como patrimonio familiar se encuentran exceptuados de embargo, lo cierto es que el ordinal 953 también indica que las diligencias de embargo no deben suspenderse y que el actuario resolverá las cuestiones que se susciten; por lo que deduce que conforme ese numeral, la funcionaria que Ilevó a cabo el embargo del bien estaba facultada para ponderar, por un lado la resolución judicial que, según indicó el asesor jurídico en audiencia, le exhibió la pareja sentimental de la víctima relativa a la constitución del bien inmueble como patrimonio familiar. Luego, insiste en que en la audiencia se expuso que el bien inmueble embargado había sido constituido como PATRIMONIO FAMILIAR dentro del Juicio 423/2013 ante el Juzgado Segundo Familiar de este Distrito y que esa resolución se le mostro a la actuaría en copia certificada registrada en el Registro Público de la Propiedad, aunado a que dicha actuaria, según refiere la autoridad responsable, hizo del conocimiento que el apoderado legal de la parte actora del juicio laboral, también exhibió un certificado de libertad de gravamen de ese bien inmueble. Por ello, deduce que, si bien, el artículo 723 del Código Civil Federal de aplicación Supletoria a la Ley Federal del Trabajo, indica en la fracción I, que la casa habitación de la familia es objeto del patrimonio familiar, y por tanto, conforme lo establece el artículo 952 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, queda exceptuado de embargo, lo cierto es que, ante esa situación, la actuaria, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 953 de la Ley Federal del Trabajo, pondero esa circunstancia y decidió trabar el embargo respecto de ese bien, pues ese numeral indica que las diligencias de embargo no se pueden suspender. Por lo que resalta la responsable, que el actuar de la funcionario laboral carece del DOLO, también llamado como dolo directo el cual puede ser considerado como sinónimo de la intención o el propósito del autor, entendido este, como el querer y aceptar el resultado del hecho, es decir, se aclara y denota que no se ejecutó un acto arbitrario porque la Ley Federal del Trabajo la facultaba para actuar de la manera en que resolvio la situación que se le presento en el momento en que acudió a dar cumplimiento con el laudo; de igual manera, tampoco se realizaron actos que hayan atentado a los derechos garantizados por la Constitución Federal o la del Estado, pues de los hechos denunciados no se advierte que la actuaria hubiere afectado el derecho a la propiedad del señor Gilberto Manuel Laredo. Ello, porque según manifiesta, el impugnante estuvo en posibilidad de interponer la REVOCACION de dicho acto de ejecución, circunstancia de la que también se hizo cargo el asesor jurídico, pues indicó en audiencia, que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje confirmó el embargo; de lo que se advierte que el impugnante agoto los recursos que la Ley le confiere para inconformarse de los actos de autoridad. Así pues, la juez responsable considera ajustada a derecho la decisión de abstención de investigación que tomo el Ministerio Publico mediante determinación de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, pues se ajusta a los supuestos que establece el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello, porque como se ha expuesto, los hechos relatados en la denuncia NO SON CONSTITUTIVOS DE DELITO de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 194 fracción IV del Código Penal. En ese tenor, tomando en consideración que la responsable agotó los puntos sobre los que versó la sentencia, y no obsta a lo anterior las manifestaciones de la parte quejosa, ya que la responsable resolvió con libertad de jurisdicción, purgando los vicios destacados en el fallo amparador; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firmó Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; mismo que debe hacerse del conocimiento de la parte tercero interesada. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con el oficio y anexo antes descritos a Carlos Almaraz Núñez Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, Beatriz Adriana Sánchez Caldera ministro ejecutor adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas y Diego Iván Alvarado Hernández agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas; para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, de oficio este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. ...

  4. Principal

    "...Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual en atención al proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, comparece a desahogar la vista ordenada en el citado auto; al respecto, téngasele realizando manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto. Por otra parte, visto el oficio remitido por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; atento a su contenido, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. ..."

Quedan 26 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano