Gilberto Lopez Morado

Expediente 787/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
787/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Lopez Morado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social; lo anterior, toda vez que el doce de febrero del año en curso, se dictó sentencia en el presente asunto. CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA II ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros; lo anterior, toda vez que en la audiencia constitucional de doce del presente mes, se acordó lo conducente, al haberse recibido el comunicado de cuenta, vía interconexión. CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA II "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 787/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Al rendir sus informes justificados, el JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, y TITULAR DEL CEFERESO 13 CPS OAXACA, negaron la existencia de los actos que se les reclamó, sin que la parte quejosa acreditara la existencia del acto reclamado, esto es, que la autoridad judicial haya ordenado el traslado del quejoso al centro federal de readaptación social número trece en que actualmente se encuentra recluido; por consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a cargo de dicho juzgador y de ejecución por la diversa autoridad administrativa, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de amparo debe sobreseerse. Ahora, de las constancias que remiten dichas autoridades, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte y acredita que el acto reclamado, el traslado del quejoso al CEFERESO 13 CPS MIAHUATLÁN, fue decretado por la diversa autoridad, Comisionado del ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. En esas condiciones, se aprecia que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en la especie se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando exista algún recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. Es así, porque la parte promovente del amparo en esencia reclama la orden de traslado del entonces CEFERESO #2 Occidente al CEFERESO #13 Oaxaca, atribuida a una autoridad administrativa penitenciaria, acto que conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. En ese sentido, resulta inconcuso que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. No se soslaya que la Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque la parte quejosa no agotó el citado recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir a la instancia constitucional. Circunstancia que resulta acreditada en forma plena con las documentales que obran al juicio, que actualizan la causa de improcedencia del sumario constitucional, a pesar que dicha autoridad no haya rendido aun su informe; en consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita. TERCERO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) en términos del considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

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