Gilberto Lagunas Trejo
Expediente 2432/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2432/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Gilberto Lagunas Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA - SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE - ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL - JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE -
- Principal
Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo...
- Incidental
MESA V-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Pro AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, siendo las diez horas con quince minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 2432/2019, encontrándose en audiencia pública José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la audiencia incidental sin la asistencia personal de ninguna de las partes. De inicio, la Secretaría certifica que obran agregados a los autos: 1.- Copia de la demanda de amparo y sus anexos, fielmente cotejados por esta Secretaría. 2.- El informe previo rendido por la autoridad responsable. Por otro lado, con fundamento en el artículo 144 de la Ley Amparo, se abre el período de pruebas, en el que se tienen por admitida y desahogada la documental que acompañó la parte quejosa a su demanda; luego, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde se tiene que ninguna de las partes formuló alegatos; ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2432/2019. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. Del estudio de la demanda de amparo en su integridad, se obtiene que en la especie se reclaman en concreto, los siguientes actos de autoridad: Boleta de infracción folio 3212297, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, expedida por el Policía de Tránsito, adscrito a la Delegación de Seguridad Turística y Vial de Tapachula, Dirección de la Policía Estatal de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Turística y Vialidad, residente en esta ciudad. El desposeimiento de la licencia de conducir número 0C0290444, expedida a favor del quejoso Gilberto Lagunas Trejo. A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: ".Se le realice la devolución inmediata de la licencia de conducir número 0C0290444, y se suspenda cualquier acto tendente a ejecutar el cobro de la infracción, aun y cuando en la boleta levantada por la autoridad responsable, no se establece cuál es la cantidad o monto de la sanción o multa impuesta.". En ese sentido, se procede a realizar el pronunciamiento de la medida suspensiva solicitada. CONSIDERANDO ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Resulta dable precisar la naturaleza de los actos que se reclaman para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera suspenderse en torno a ellos, o si se tratan de aquellos contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual pueda recaer la misma. Así las cosas, a los actos reclamados especificados anteriormente con los incisos a) y b) les reviste el carácter de aquellos con efectos positivos, dado que sus consecuencias se siguen materializando fácticamente en la esfera jurídica del quejoso, y por tal razón, desde esa óptica, sí es factible pronunciarse respecto la medida cautelar. En efecto, el desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo, antes de promoverse el juicio de amparo, no es un acto consumado para efecto de la suspensión, porque sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que dicho documento no se regrese al quejoso, por lo que es factible de ser suspendido, sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado, sino mantener viva la materia del juicio, para que sea en sentencia ejecutoria de amparo, la que en su caso le permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/29012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, registro 2001198, Novena Época, con el rubro siguiente: SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA SE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. INTERÉS SUSPENSIONAL CON RELACIÓN AL RESTANTE EFECTO De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión del acto reclamado, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el caso concreto, con la finalidad de acreditar su interés suspensional para el otorgamiento de la medida cautelar, la parte promovente acompañó a su demanda de amparo, diversas constancias en copias simples consistentes en la boleta de infracción número 0C0290444, elaborada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, por el Agente de la Policía de Tránsito Maclovio Damián Aguilar; y copia simple de la credencial de elector expedida a nombre de Gilberto Lagunas Trejo, por el Instituto Nacional Electoral, mismas que se valoran en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y adminiculadas con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, crean convicción a este juzgado para determinar que en este momento cuenta con el interés suspensional para solicitar la medida cautelar, pues se advierte indiciariamente que al quejoso se le elaboró la infracción y se le retuvo la licencia de conducir. ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior, siempre que éste la haya solicitado, el juzgador determine que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se pondere la apariencia del buen derecho, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. En relación al orden público y el interés social, son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el tribunal supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, determinó que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, al que se niega la medida cautelar. Así, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, el cual, si bien ya fue ejecutado, no se traduce en consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo. En el caso, se estima que no se vulnera el orden público y el interés social, al otorgarse la medida suspensiva solicitada, respecto a la retención de la licencia de conducir del quejoso, ya que si bien las autoridades de tránsito vehicular, están facultadas para hacer cumplir la normatividad de la materia; sin embargo, al asegurar al impetrante la licencia citada, se le causa un daño mayor, que la propia infracción monetaria, ya que se le impediría conducir vehículos y restringiría su libertad de transitar. Tampoco se vulnera el orden público y el interés social, al concederse la medida cautelar de manera provisional respecto a la boleta de infracción folio 3212297, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, ya que las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, tienen la naturaleza de aprovechamientos, en cuanto a que se trata de ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público y que, en su caso, constituyen créditos que pueden ser cobrados a través del procedimiento coactivo para hacerlas efectivas. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Y SE CONCEDE MEDIDA CAUTELAR La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: Para que la autoridad responsable no inicie procedimiento administrativo ante la autoridad competente respecto a la infracción folio 3212297, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve. No retenga la licencia de conducir número 0C0290444, a nombre del quejoso Gilberto Lagunas Trejo, efectuando la devolución de inmediato de dicho documento por ser de su personal. CONDICIONANTES De conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva surte efectos desde el momento en que se pronuncie la presente resolución, pero su efectividad está condicionada, a que la parte quejosa deberá garantizar ante la autoridad competente, el monto total al que ascienda la cantidad que corresponda pagar con motivo de la multa impuesta; circunstancia que se deberá acreditar ante este juzgado, dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. Cabe citar de manera ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones. De igual forma, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si los actos que se precisan provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsable en su escrito de demanda, o bien, en hechos diversos a los expuestos en los mismos. Lo anterior en atención a que es obligación de los Jueces de Distrito velar porque se respeten la Constitución, las leyes y los reglamentos administrativos, de modo que el suscrito se encuentra facultado para vigilar el exacto cumplimiento del auto de suspensión por parte de las autoridades señaladas como responsables. Apoya las consideraciones antes expuestas, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE CONDICIONARLA". CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquellas que resulten vinculadas, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se concede la suspensión definitiva a Gilberto Lagunas Trejo, de los actos reclamados, en términos del considerando único de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
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