Gilberto Juárez Jiménez
Expediente 1131/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gilberto Juárez Jiménez
- Gilberto Pérez Paredes
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa Gilberto Juárez Jiménez, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, expídanse a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que obre en autos.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del uno de septiembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Tlaxcala, Tlaxcala, primero de septiembre de dos mil quince. Desecha demanda de amparo. Con el escrito de demanda de cuenta, signado por Gilberto Juárez Jiménez, Edgardo Juárez Paredes, Gilberto Juárez Paredes y Carlos Juárez Paredes, contra actos del Consejo de Administración de la persona moral "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1131/2015-VI. Al respecto, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de mérito, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." De igual forma, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Sentado lo anterior, cabe señalar que los ocursantes, quienes dicen promover por su propio derecho, en su carácter de titulares de derechos y acciones de la persona moral denominada "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable, esencialmente reclaman del Consejo de Administración de dicha persona moral, el acto consistente en: La omisión de dar respuesta a los escritos signados el doce de agosto de dos mil quince, por los cuales solicitan se les informen los motivos y razones por lo que desde el quince de marzo de dos mil quince, se les ha impedido explotar la concesión de transporte de pasajeros; y piden les sean asignados los roles de trabajo respecto de diversos números económicos. Precisado lo anterior, la improcedencia notoria, manifiesta e indudable de la demanda de amparo, deriva del hecho que -para los efectos del juicio de amparo- al Consejo de Administración de la persona moral "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable, no le reviste el carácter de autoridad responsable, actualizándose con ello la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, mismos que son del tenor literal siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; en ese sentido, la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En esas condiciones, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo ese tenor, se tiene que los promoventes reclaman del Consejo de Administración de la persona moral "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable, la omisión de dar respuesta a los escritos signados el doce de agosto de dos mil quince. Entonces, la cuestión que se presenta como presupuesto de procedencia consiste en determinar si tal omisión, constituye un acto de autoridad, o bien, se inserta en una relación de coordinación no susceptible de ser estudiada mediante el juicio de amparo. Para responder a tal interrogante, es necesario distinguir los ámbitos en donde se desarrolla la actividad de la autoridad señalada como responsable, para lo cual es oportuno señalar lo establecido en los artículos 89, 142 y 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismos que disponen: "ARTICULO 89.- Para proceder a la constitución de una sociedad anónima, se requiere: I.- Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos; II.- Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito; III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos, el veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario, y IV.- Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario". "ARTICULO 142. La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. ARTICULO 143.- Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de Administración. Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero primeramente nombrado, y a falta de éste el que le siga en el orden de la designación. Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir, por lo menos, la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito". Los numerales de mérito revelan que el Consejo de Administración de "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable, es un ente administrativo de una persona moral de naturaleza privada, creada por un acuerdo de voluntades entre particulares -socios-, por lo que los actos jurídicos que se llevan a cabo en la misma, tienen como fuente original el pacto entre particulares, esto es, a través de una relación de coordinación; de ahí que no sean equivalentes a los de una autoridad, cuya naturaleza se identifica por la unilateralidad y su obligatoriedad, estando sus funciones determinadas por una norma de carácter general, sin importar el consenso del particular. Por lo que su contenido informa, resulta aplicable la tesis aislada número I.1o.A.25 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1669, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. SU PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación del artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que los particulares pueden tener el carácter de autoridades responsables siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: a) que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; b) que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) que sus funciones estén determinadas en una norma general. La Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, es una persona moral de naturaleza privada, como también lo son las casas de bolsa que, por disposición de la Ley del Mercado de Valores, están facultadas para operar en aquélla. En ese sentido, si el mercado de valores es un servicio que presta un particular a quienes, de forma voluntaria, quieren intervenir en él con propósitos de inversión o de financiamiento, vínculo que se entabla por virtud de la celebración de acuerdos mercantiles, se concluye que el presidente de la referida sociedad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues todos los actos jurídicos que lleve a cabo en relación con dicha actividad, aunque encuentren sustento en normas de carácter general (Ley del Mercado de Valores y Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores), tienen como fuente original un pacto entre particulares; de ahí que no sean equivalentes a los de una autoridad, cuya naturaleza se identifica por la unilateralidad y su obligatoriedad, sin importar el consenso del particular. Asimismo, se cita la tesis aislada número I.8o.C.13 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el siete de agosto de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil". De este modo, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo no puede estimarse como de autoridad, pues aun cuando se trata de la omisión de dar respuesta a la petición formulada por los promoventes, lo cierto es que el Consejo de Administración señalado como responsable no dejó de actuar con base en una relación de supra a subordinación con los promoventes -por el contrario, estos se ostentan como socios de la empresa, es decir, bajo una relación de coordinación-; además, dicha relación no tiene su nacimiento en la ley, sino que emana de un pacto social privado. Bajo ese tópico, el Consejo de Administración señalado como responsable no dejó de actuar en forma unilateral, sino que lo hizo como consecuencia de la relación de coordinación que los une, derivada de la sociedad de la que son partes -tanto los promoventes como el Consejo de Administración-; lo cual resulta un tanto paradójico, pues los quejosos se ostentan como socios de la referida persona moral, misma que es representada por el Consejo de Administración a quien le atribuyen la omisión del caso. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis aislada número III.4o.C.10 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1828, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que señala: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad. De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada número XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, divulgada en la página 1943, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Entonces, si los quejosos se duelen de la omisión por parte del Consejo de Administración de la empresa denominada "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable, de darles respuesta a su petición formulada mediante escritos de doce de agosto de dos mil quince, tal circunstancia no puede catalogarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que ello implicaría reconocer que el Consejo de Administración en cuestión actúa por virtud de un mandato legal, lo cual es incorrecto, pues sus actividades tienen origen en el contrato social del cual emerge. En mérito de lo expuesto, debe concluirse que la omisión atribuida al Consejo de Administración de la empresa denominada "Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla", Sociedad Anónima de Capital Variable, no participa de la naturaleza de un acto de autoridad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; por tales motivos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda relativa. Por otro lado, tal y como lo solicita expresamente la parte quejosa, hágase la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal en las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, ya que si bien en el escrito de demanda, específicamente en el punto I, se advierte el domicilio de los quejosos, lo cierto es que el mismo es señalado en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; teniéndose como autorizados para tal efecto con todas las facultades que establece el artículo 12 de la citada Ley, a Arturo González Bernardino, por tener cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Aldo Arrollo Reyes, Julio Daniel Bravo García y Laura Gabriela Munguía Corona, en virtud de que no cuentan con el registro de mérito. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Patricia Flores Lobatón, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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