Gilberto Jose Bojorquez Jimenez

Expediente 56/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
56/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Gilberto Jose Bojorquez Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de enero de dos mil dieciocho. Admisión. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 107, 108, 112, 113, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de cuenta, regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 56/2018-2. Incidente de suspensión. Fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. Tercero Interesado Con fundamento en el artículo 5° fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; en consecuencia y mediante oficio con transcripción del presente proveído, emplácese a juicio al citado tercero interesado, de conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso b), de la Ley de la materia; para tal efecto gíresele oficio con copia simple de la demanda de amparo. Designación de Representante Común. Ahora bien, como lo solicitan los promoventes, se designa representante común, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, a María Yolanda Osorio Morales, ello sin perjuicio de que la misma pueda ser sustituida. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de ley. Intervención del Ministerio Público de la Federación. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, y córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo. Solicitud de Informe Justificado. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, mismo que deberán rendir dentro del término de quince días, apercibidas que de no rendirlo o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la citada ley, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del precepto legal antes invocado, asimismo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase por anunciadas las documentales descritas en la certificación de cuenta, obténgase compulsa de ellos para agregarse al cuaderno incidental, así como las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de dar nueva cuenta con las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, procédase a llevar a cabo el cotejo y compulsa de las documentales que se exhibieron conjuntamente con la demanda, para que sean agregadas en el cuaderno incidental, lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 19/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VI, tomo 1, marzo de 2012, página 401, con número de registro 2000319, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." Domicilio y autorizados Téngase señalado domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones en este juicio; además, designando autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Alejandro Cervantes Soto y Alfonso Reyes Hernández. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Prevención. Prevéngase a las partes para el caso de que tengan conocimiento sobre actualización de causa de sobreseimiento del presente sumario, quedan obligadas a comunicarlo a este Juzgado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los numerales 64 y 251 de la Ley de Amparo. Autoridades Inexistentes. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones de la parte quejosa, entre otras, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a la autoridad responsable debido a su inexistencia, sin mayor trámite se tendrá como inexistente, se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Transparencia. Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma Dante Orlando Delgado Carrizales, Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del secretario, Fernando Pesqueira Barraza, que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    Mexicali, Baja California, treinta de enero de dos mil dieciocho. Apertura incidente. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 110, 125, 127, fracción II, 128, 130, 132, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 151 y 157, de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por la parte quejosa, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; Junta Directiva; Jesús José Larrazolo Carrasco, Jefe de la Unidad Jurídica y Modulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora. Suspensión Ahora bien, por lo que hace a la materia del presente incidente, debe precisarse que de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos solicitan la orden de posible suspensión del servicio médico, a todos y cada uno de los empleados municipales, incluyendo a los promoventes. Luego, en el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse. Por ello, conviene señalar que los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 128 de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;" "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En efecto, los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y Ahora bien, por lo que respecta a su solicitud de suspensión respecto del acto reclamado procede verificar los requisitos antes señalados. En el caso se cumple con los requisitos que exige el referido artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar la solicitaron los quejosos en el escrito inicial de demanda. De igual manera, se cumple con el segundo de los requisitos para su otorgamiento, en virtud de que no se afectaría el interés social ni el orden público, pues tomando en consideración que de ello se entiende, la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, se niega la suspensión provisional que solicita la parte quejosa respecto de dicho acto reclamado. Lo anterior, toda vez que al resultar necesario hacer un análisis de los requisitos de procedencia para la suspensión provisional se advierte que el acto reclamado constituye un acto futuro e incierto, pues si bien solicita la suspensión la parte agraviada, la existencia de este se presume con base a las manifestaciones o afirmaciones que los quejosos formulan bajo protesta de decir verdad en la presente demanda, lo que en la especie acontece. En tales condiciones, dada la naturaleza del acto reclamado, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis que se toma en cuenta dada la clasificación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, así como que la parte quejosa demuestre su afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional. Luego, los argumentos que expone la parte quejosa en su escrito de demanda, no imponen a este Juzgador la obligatoriedad de conceder la medida suspensional de que se trata, ya que se estima que prevalece la obligación de ponderar en todo caso, no principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto, esto es, la apariencia del buen derecho, si bien, concede al juzgador la facultad de realizar una ponderación en general de los hechos y medios de convicción al alcance para dilucidar respecto de la medida cautelar solicitada, ello no asegura la concesión de dicha medida. Aunado a lo anterior, se estima que la apariencia del buen derecho, no puede considerarse a tal grado para realizar una valoración en la presente etapa como la solicitada por los quejosos, ya que ello, en su caso, será materia de estudio al momento de resolver el fondo del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. Sirve como sustento para lo anterior, la Tesis Aislada IV.2o.A.71 K (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época Registro 2006902, consultable en la página 1105, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro y texto señala: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DE PONDERACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO NO ASEGURA, POR SÍ MISMO, SU OTORGAMIENTO, NI DEBE TENERSE POR ACREDITADO SÓLO CON BASE EN LO EXPUESTO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA. Al establecer la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre cada situación, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Para ello, también deberá considerarse que la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del derecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto. En este contexto, resulta lógico considerar que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto, deba enseguida o, concomitantemente, valorarse el impacto que tendría en el interés social el paralizar su ejecución, como ya se reconocía antes de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, aunque la misma evolución jurisprudencial sobre la apariencia del buen derecho en el incidente de suspensión, llevó a definir, según la diversa jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la misma instancia, que tal concepto no puede invocarse para negar la medida, esto significa que no puede efectuarse un asomo provisional al fondo del asunto que resulte en sostener que el acto reclamado es constitucional y, por ello, negarse la medida, no obstante, tampoco debe asumirse, con base en esa premisa, que la apariencia del buen derecho deba tenerse por acreditada sólo en función de lo expresado por el quejoso en su demanda, en orden a reforzar su pretensión de que el acto reclamado es inconstitucional, pues aun siendo superficial, el asomo provisional al fondo del asunto debe ser coherente con la normativa que determine la verdadera naturaleza del acto, sobre todo porque, en la mayoría de los casos, es ésta la que otorga significado y contexto jurídico al acto reclamado y permite identificar con mayor precisión, en función de la naturaleza de las normas en que se funda, el interés general que, específicamente, podría verse alterado por la suspensión del acto o aun por su ejecución y cuya salvaguarda, se insiste, igualmente se encomienda al Juez en uso de su discrecionalidad, además de que conduce a una conclusión más objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por el quejoso, probablemente sea fundada y no temeraria, ni manifiestamente frívola o improcedente, de modo que aun derivada de un análisis superficial, esa estimación sea lo más adecuada posible al contexto fáctico y normativo en que aparece el acto reclamado, sin que esto implique invocar aquella apariencia en perjuicio del quejoso, sin soslayar que las cuestiones que a la luz de un análisis superficial y meramente válido para resolver sobre la suspensión del acto, no puedan tenerse por sentadas sin que con ello se condicione o vincule en forma definitoria la materia sustantiva de la sentencia a dictar en la audiencia constitucional, especialmente en perjuicio del quejoso, no puedan ser invocadas para resolver sobre la suspensión, dada su vocación de preservar la materia del juicio, incluso, al no prejuzgar sobre el fondo del asunto en forma vinculante a la propia sentencia que debe dictarse en la audiencia constitucional." Audiencia Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con treinta y tes minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informe De conformidad con los artículos 130, 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas y por duplicado, para lo cual deberá anexarse al oficio respectivo copia de la demanda de amparo; bajo apercibimiento que de no rendir el mismo, se procederá en términos de los artículos 142 y 237, fracción I, en relación con el 260, fracción I, de la Ley de la materia, es decir, se presumirá cierto el acto reclamado y se les sancionará con multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Inexistencias De igual forma, como está acordado en el expediente principal del que deriva el presente expediente, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, toda vez que reclama un acto administrativo; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a la autoridad responsable debido a su inexistencia, sin mayor trámite se tendrá como inexistente, suspendiendo toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Dante Orlando Delgado Carrizales, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario, Fernando Pesqueira Barraza, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

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