Gilberto Javier Zacapala Marroquín

Expediente 41/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
41/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Gilberto Javier Zacapala Marroquín
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas de la causa penal 58/2013-II, compuestas de un tomo enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante oficio 87-I, de diecinueve de enero de este año, con el que rindió su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 58/2013-II, de su índice; acuérdese sobre el particular una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 41/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Mario Eugenio Muñoz Corona, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadora Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Ejecutoras Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central. Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Renacimiento. Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Coloso. Todos con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad ordenadora: La orden de aprehensión dictada en mi contra. De la autoridad ejecutora: El cumplimiento de pretender dar a dicha orden". SEGUNDO.- Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de expediente 41/2017, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente, en su oportunidad se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en diversas ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. Por razón de método y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado; en ese contexto, Gilberto Javier Zacapala Marroquín, reclama la orden de reaprehensión, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 58/2013-II; lo anterior a pesar de que en el capítulo de acto reclamado la denominó como una "orden de aprehensión", en realidad se trata de una orden de "reaprehensión", pues tal circunstancia se advierte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual debe concatenarse con los datos que se tengan en la demanda. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En ese tenor, SON CIERTOS los acto reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y al Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Coloso, consistentes en la orden de reaprehensión y su cumplimiento, emitida por el Juez responsable en contra del quejoso, pues al rendir sus informes con justificación, así lo reconocieron expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 58/2013-II, que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación en cita. Determinación que se hace extensiva respecto a los actos atribuidos a los Coordinadores de la Policía Ministerial adscritos a la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, Sectores Central y Renacimiento, residentes en esta ciudad, pues si bien negaron la existencia del acto reclamado, dado el carácter de ejecutoras que les reviste y las consecuencias que trae aparejada la ejecución de la resolución reclamada, cuya certeza aceptó el juez responsable, es inconcuso que se encuentran en aptitud de darle cumplimiento, de ahí que deba tener por cierta la conducta que se les reprocha. CUARTO. Oportunidad. En atención a la naturaleza del acto reclamado, que versa sobre una orden de reaprehensión, es innecesario realizar el cómputo para verificar si el escrito de demanda se presentó dentro del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un acto restrictivo de la libertad. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia propuesta por las partes, ni alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que se proponen, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se hace nugatoria la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Aduce el peticionario del amparo que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al emitir la orden de reaprehensión reclamada no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; asimismo afirma que deviene ilegal en tanto que no existen datos que acrediten el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo, sin que este Juzgador Federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para arribar a la anterior conclusión, se tienen en consideración las actuaciones derivadas de la causa penal 58/2013-II, remitidas por la autoridad responsable, de las que se revela esencialmente lo siguiente: a).- El veinticinco de febrero de dos mil trece, se inició averiguación previa en contra de Gilberto Javier Zacapala Marroquín, por los delitos de lesiones y daños imprudenciales por tránsito de vehículo, cometidos en agravio de Oldi Minelli Reyes Ramos y otros, registrada con el número TAB/COL/03/0099/2013, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Coloso, del Distrito Judicial de Tabares. b).- Mediante pedimento número 056/2013, el Agente del Ministerio Público antes mencionado presentó pliego de consignación sin detenido, en el que solicitó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, del que correspondió conocer por razón de turno al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, radicándose la causa penal 58/201-II el once de abril de dos mil trece. c).- Mediante resolución de tres de mayo de dos mil trece, el Juez responsable libró orden de aprehensión en contra de Gilberto Javier Zacapala Marroquín, por los delitos de lesiones imprudenciales, cometidos en agravio de Juan Dimas Ortiz, registrada con el número TAB/COL/03/0099/2013, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Coloso, del Distrito Judicial de Tabares. d).- El diez de julio de dos mil trece, compareció voluntariamente el indiciado Gilberto Javier Zacapala Marroquín, y dado que garantizó el monto de la caución fijada por la autoridad ministerial para gozar de su libertad provisional bajo caución, se decretó la detención legal del inculpado por el delito de lesiones imprudenciales en agravio de Juan Dimas Ortiz; y se le hizo saber que su derecho a nombrar defensor, que debería comparecer ante el Juzgado responsable los viernes de cada semana a firmar la libreta de control de firmas de los de su condición y cuantas veces fuere requerido para ello; a comunicar los cambios de domicilio que tuviere, no ausentarse del lugar sin autorización del juzgado y abstenerse de molestar a la víctima del delito y a los allegados a ésta, con la advertencia de que de no hacerlo, se revocaría su libertad provisional. e).- En esa misma fecha, el inculpado, asistido de su defensores Marysol Bernal Araiza y Manuel Valente Contreras, rindió declaración preparatoria, solicitando la ampliación de término constitucional. f).- En respuesta a la petición del defensor del indiciado, el Juez del conocimiento, determinó que toda vez que el delito que se le imputa al indiciado no es catalogado como grave, se le concedió la libertad provisional bajo caución, y para que la misma surtiera efectos, señaló las cantidades que debía exhibir. g) El dieciséis de julio de dos mil trece, se dictó auto de formal prisión en contra del indiciado, declarando procedente la vía sumaria. h) En comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, el inculpado Gilberto Javier Zacapala Marroquín, por conducto de Manuel Narcizo Escamilla Rosas, en su carácter de apoderado legal de "Afianzadora Aserta", Sociedad Anónima de Capital Variable exhibió y ratificó el contenido de dos pólizas número 165579 y 166605, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y $6,476.00 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), expedidas el seis de agosto de dicha anualidad, para garantizar la libertad provisional bajo caución concedida al indiciado. En dicha diligencia, el Juez responsable tuvo por exhibida las pólizas antes mencionadas de Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, para garantizar la libertad provisional del inculpado, por lo que ordenó su libertad, haciéndole saber las obligaciones que le impone el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales, y que debería presentarse el día viernes de cada semana a firmar el libro de control de procesados bajo caución que se lleva en ese Juzgado, apercibiéndole que en caso de no cumplir con dichas obligaciones, se le revocaría su libertad y se ordenaría su reaprehensión. Asimismo, hizo saber al apoderado legal de Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, de las obligaciones que le impone el artículo 151 del Código de Procedimientos Penales, como el presentar al inculpado cuando se le requiera para ello, y que en caso de incumplimiento, la garantía que exhibió a través de la póliza para garantizar las obligaciones procesales a cargo del inculpado, se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado y se libraría orden de reaprehensión contra el acusado. i) Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil trece, el Juez responsable concedió al enjuiciado Gilberto Javier Zacapala Marroquín, permiso para firmar cada quince días el libro de control de firmas de los procesados que se encuentran gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución, reiterándole el apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas por diverso auto de seis de agosto de dicha anualidad, se revocaría su libertad caucional y se ordenaría su reaprehensión. j).- Mediante escrito presentado ante el Juzgado responsable el diez de octubre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita al Juzgado Primero Penal, solicitó se requiriera al fiador judicial del procesado Gilberto Javier Zacapala Marroquín para que presentara a su fiado, al no haber cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 150 del Código Procesal Penal. k) El veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el Juez responsable requirió a Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Manuel Narciso Escamilla Rosas, para que presentara ante dicho juzgado al procesado Gilberto Javier Zacapala Marroquín, asimismo, lo presentara los días viernes de cada quince días a firmar en el libro de control de procesados que se encuentran gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se revocaría la libertad provisional del inculpado y se libraría orden de reaprehensión; asimismo, se haría efectiva la caución que exhibió para garantizar las obligaciones procesales de éste, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. l) Ante la imposibilidad material de la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado responsable, para notificar a Manuel Narcizo Escamilla Rosas, fiador judicial del indiciado, en razón de que éste cambio de domicilio; el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, ordenó notificar legalmente y en forma personal al inculpado Gilberto Javier Zacapala Marroquí, de que deberá presentarse ante dicho Juzgado en un plazo de tres días para continuar el proceso penal instaurado en su contra y presentarse los días viernes de cada semana a firmar en el libro de control de firmas de procesados de quienes se encuentran gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución, apercibido que en caso de estar notificado y no acatar lo anterior, se revocaría su libertad provisional y libraría orden de reaprehensión, ordenando hacer efectiva la caución que exhibió para garantizar sus obligaciones procesales, por lo que ordenó girar exhorto a su similar en el Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, a efecto de que llevara a cabo la notificación ordenada en auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. m) Por auto de dos de enero de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio 2492 de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual la Juez exhortada devolvió parcialmente diligenciado el exhorto que le fuera remitido a efecto de notificar al hoy quejoso el auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ello en razón de que existió imposibilidad material para llevar a cabo la notificación del inculpado Gilberto Javier Zacapala Marroquín. n) Finalmente, el diez de enero de dos mil diecisiete, el Juez responsable determinó revocar la libertad provisional bajo caución de que gozaba el inculpado y libró orden de reaprehensión en contra de Gilberto Javier Zacapala Marroquín, en virtud de que incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 150 del Código Procesal Penal, a pesar de estar debidamente notificado del auto de seis de agosto de dos mil trece en que se le otorgó tal beneficio y se le hizo saber las obligaciones a que le constriñe el mencionado precepto, esto es, dejó de firmar el libro de control de firmas de procesados que se encuentran gozando del beneficio de la libertad bajo fianza. Igualmente ordenó hacer efectivo a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, únicamente el monto relativo a las obligaciones procesales consistente en la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), amparada por la póliza de fianza número 165579, expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable en fecha seis de agosto de dos mil trece. Ahora bien, de la lectura integra del proveído reclamado de diez de enero de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 58/2013-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, permite advertir que la razón que motivó la emisión de la orden de reaprehensión obedeció a que el peticionario del amparo Gilberto Javier Zacapala Marroquín, fue omiso en comparecer los viernes de cada semana ante el juzgado de la causa para firmar en el Libro de Control de Procesados Bajo Fianza, no obstante que en comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, personalmente se hizo de su conocimiento que entre otras obligaciones procesales, debía presentarse los días viernes de cada semana a firmar en el citado Libro de Control de Procesados. Contrario a lo manifestado por el quejoso, el Juez responsable observó las formalidades esenciales del procedimiento; en tanto que como se aprecia de los autos que integran la causa penal de la que deriva el acto reclamado, acató lo dispuesto en los preceptos 147, 149 BIS, 150, 152 y 153, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, relativos a la libertad provisional bajo caución, los cuales disponen: "Artículo 147. Todo inculpado tendrá derecho a disfrutar de la libertad bajo caución durante la averiguación previa y en el proceso judicial, que se decretará en la misma pieza de autos, siempre y cuando se garanticen el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y no se trate de los delitos graves que prevee (sic) el artículo 70 de este Código. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la garantía relativa a la reparación del daño se calculará de acuerdo a las disposiciones de la Legislación Civil y Laboral". "Artículo 149-BIS. La caución que se exhiba ante la autoridad judicial, quedará sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. La que se exhiba ante el Ministerio Público, se depositará en la administración fiscal que corresponda. De todo lo anterior se dejará constancia en actuaciones. Si la caución o garantía consiste en fianza, prenda o hipoteca, el Ministerio Público o la autoridad judicial, según corresponda, observando las normas de la legislación Civil aplicable y bajo su estricta responsabilidad, calificarán la solvencia de la persona que se presente como fiador, y la idoneidad y suficiencia de los bienes afectos. Para ello podrán disponer las investigaciones que procedan legalmente. En caso de que se niegue la libertad caucional, puede solicitarse de nuevo y ser concedida por causas supervinientes". "Artículo 150. El beneficiario de la libertad tendrá las siguientes obligaciones, que se le darán a conocer en la notificación del auto que la conceda: I. Presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido; II. Comunicar al tribunal los cambios de domicilio que tuviere; III. No ausentarse del lugar sin autorización de este; IV. Abstenerse de molestar a la víctima del delito y a los allegados a esta, y V. Haber cubierto la reparación del daño y perjuicio correspondientes. Artículo 152. Se revocará la libertad en los siguientes casos: I. Cometa el inculpado un nuevo delito doloso que amerite pena de prisión; II. Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal; III. Aparezca que por el delito cometido es improcedente el otorgamiento de la libertad caucional; IV. Amenace o moleste el inculpado, en general, a quienes intervinieron en el proceso; V. Lo solicite el propio beneficiado con la libertad o la persona que otorgó la caución, si no se constituye oportunamente nueva garantía; VI. Se demuestre la inidoneidad o insuficiencia de los bienes dados en garantía a la insolvencia de quien otorgo la fianza; VII. Cause ejecutoria la sentencia; pero cuando se hayan concedido los beneficios contemplados en los artículos 71 y 72, del Código Penal, se le podrá otorgar un plazo de hasta quince días para que el sentenciado se acoja a aquellos y cumpla los requisito (sic) exigidos, y VIII. Cuando no haya reparado los daños y perjuicios". "Artículo 153. Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. El tribunal mandará hacer efectiva la garantía en los supuestos de las fracciones I, II y IV del artículo anterior, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en los términos del artículo 24 de la Ley Orgánica de dicha institución. En los demás casos, el tribunal dispondrá la cancelación de la garantía así como cuando se dicte sentencia absolutoria, sobreseimiento o libertad absoluta del inculpado, y estas resoluciones causen ejecutoria". De los dispositivos legales transcritos se colige que todo inculpado tiene derecho a disfrutar de la libertad bajo caución, ya sea durante la averiguación previa o en el mismo proceso judicial, si el delito que se le imputa no es considerado como grave; cita legal que de igual forma establece las causas que pueden dar lugar a su revocación, entre ellas, el que se sustraiga de la justicia o el incumplimiento de sus obligaciones procesales (como en el caso lo es no presentarse ante el tribunal del conocimiento en los días que se le señalen para firmar en el Libro de Control de Procesados) y las consecuencias que trae la revocación de la libertad, que será el libramiento de una orden de reaprehensión. Prevenciones todas ellas que el juez de la causa debe hacer del conocimiento al beneficiario de la libertad provisional bajo caución, a fin de que conozca qué condiciones debe satisfacer y cuáles son las obligaciones que adquiere cuando se le otorga el citado privilegio de gozar de libertad, pese a estar sujeto a un proceso del orden penal. Así, por una parte, se tiene que es de especial interés el tutelar el derecho a la libertad a que todo gobernado tiene, pues es la libertad después de la vida, el valor más importante y protegido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. De ahí, que en los casos que estando sujeto a proceso que legitima su restricción, la ley autoriza a concederla. También se tiene que es obligación del Estado e interés de la sociedad, el velar que la seguridad jurídica se preserve y que no se obstaculice la impartición de justicia que finalmente es la que genera paz y estabilidad social. Precisado lo anterior, debe decirse que si bien, el ahora quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín cumplió con la exhibición de una garantía a través de las pólizas 165579 y 166605, por las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y $6,476.00 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), a cargo de Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Manuel Narciso Escamilla Rosas, a fin de garantizar su libertad bajo caución dentro de la causa penal 58/2013-II, que se le instruye por la probable comisión de los ilícitos de lesiones imprudenciales, cometido en agravio de Juan Dimas Ortiz; lo cierto es, que una vez que el juez responsable le otorgó el mencionado beneficio -libertad provisional bajo caución-, le impuso diversas obligaciones procesales, entre las que se encuentra presentarse ante dicho órgano jurisdiccional los viernes de cada semana para firmar en el Libro de Control de Procesados, con el apercibimiento que de no hacerlo, giraría en su contra orden de reaprehensión y haría efectiva la garantía que para tal efecto exhibió a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero. Asimismo, es de destacarse que mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil trece, la defensora particular del procesado Marysol Bernal Araiza, solicitó autorización al Juez de la causa, a fin de que el Gilberto Javier Zacapala Marroquín, se presentara a firmar el libro de procesados que se encuentran bajo fianza, cada quince días y no cada semana, en virtud de que por razón del lugar de residencia del procesado, presentarse cada semana le generaba un gasto económico mayor y un perjuicio en su trabajo; petición que fue acordada de conformidad el veintiocho de agosto de dos mil trece, concediéndose al enjuiciado permiso para firmar cada quince días el libro de control de firmas de procesados que se encuentran gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, reiterándole el apercibimiento que para el caso de no cumplir con las obligaciones que se le impusieron en el diverso proveído de seis de agosto de dos mil trece, se revocaría su libertad caucional y se ordenaría su reaprehensión, y se haría efectiva la fianza exhibida ante el Juzgador, por concepto de garantías procesales, en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, determinación que le fue notificada el veintinueve de agosto de dos mil trece; no obstante de haber sido personalmente notificado de tal circunstancia de autos se advierte que incumplió con la obligación impuesta. Se estima lo anterior, pues como se advierte de las constancias que integran la causa penal de la que deriva el acto reclamado, el diez de octubre de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado responsable, solicitó se requiriera al fiador del procesado para que presentara a Gilberto Javier Zacapala Marroquín, por haber incumplido con las obligaciones que le fueron impuestas (presentarse a firmar el libro de procesados); así, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis el Juez del conocimiento requirió a la Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable para que presentara a su fiado; sin embargo, resultó materialmente imposible que se llevara a cabo la notificación de dicho requerimiento, pues tanto la afianzadora como el procesado cambiaron de domicilio, sin que de constancias se advierte que informaron al Juzgado responsable de tal circunstancia. Atento lo anterior, como se sostuvo en el acto reclamado, al no haberse presentado el aquí quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín, a firmar en el Libro de Control de Procesados en Libertad, ni haber informado al Juzgado responsable su cambio de residencia, indudablemente incumplió con las obligaciones que se le impusieron al concederle su libertad provisional bajo caución y, por tanto, lo procedente en términos de los artículos 152, fracción II, y 153, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, transcrito con antelación, era hacerle efectivo el apercibimiento con que se le conminó para el caso de incumplimiento. En esa tesitura, fue correcto el proceder del juez de la causa, al ordenar la reaprehensión del procesado, pues la conducta que desplegó lo ubica en la hipótesis de procedencia prevista en el transcrito artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, dado que en esencia se incumplió con uno de los requisitos que en dicho precepto se prevén para que gozara de la libertad provisional bajo caución. Por ende, la resolución de la aludida autoridad responsable, de dictar orden de reaprehensión en contra de Gilberto Javier Zacapala Marroquín, es ajustada a derecho, al cumplir con los requisitos de legalidad que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se asume así, pues es verdad que el beneficio de la libertad provisional bajo caución es un derecho del que goza todo gobernado que se ubique en los supuestos que regula el artículo 20, inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, de su propio texto se advierte una limitante reglamentaria respecto a los supuestos en los que tal derecho puede ser reservado; facultad que el constituyente originario delegó a favor del legislador ordinario, a fin de que en la ley se determinen los casos graves en los cuales el juez del proceso pueda proceder en tales términos. Entonces, como los derechos constitucionales sólo pueden limitarse en los términos y condiciones que el propio estatuto constitucional determine, si en el caso se facultó al legislador a establecer los supuestos en que a su juicio tal derecho puede ser restringido, es inconcuso que el proceder de la autoridad responsable se estima correcto, pues respetó el marco normativo que regula el caso particular, en virtud de que formalmente previno y notificó al aquí quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín, la consecuencia que se generaría para el caso de que no compareciera a firmar en el Libro de Control de Procesados Bajo Fianza. Máxime, que la causa que originó la revocación de su libertad provisional bajo caución, es decir, no presentarse a firmar el citado Libro de Control de Procesados Bajo Fianza, afecta severamente la marcha normal del proceso, retardándolo indebidamente, lo que desde luego da lugar a la revocación del referido beneficio de libertad provisional bajo caución, sin audiencia previa de la parte procesada, bastando para fundar y motivar el proveído respectivo que obre constancia fehaciente en el expediente de los hechos que se estimaron y que dieron origen a esa determinación, lo cual, como se demostró, acontece en la especie. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 94, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "LIBERTAD PROVISIONAL. REVOCACIÓN DE LA. EN LOS CASOS DE GRAVE INCUMPLIMIENTO O DESACATO A UNA ORDEN DEL JUEZ, NO ES INDISPENSABLE OIR PREVIAMENTE AL PROCESADO PARA DECRETAR LA REVOCACIÓN DE LA. Una vez ejercitado, el derecho a la obtención de la libertad provisional, previsto en la fracción I del artículo 20 de la Ley Fundamental, se convierte en un beneficio cuya permanencia o vigencia está regulada por la ley adjetiva, dependiendo fundamentalmente de la conducta que observa el procesado, vinculada al proceso. Dados los fines de celeridad y continuidad (que se traducen en la satisfacción de ideal de pronta y eficaz impartición de la justicia), que la sociedad, el Estado y el propio inculpado persiguen en el proceso, el legislador ordinario ha establecido causas de revocación del beneficio, entre las cuales, figura el incumplimiento por parte del procesado a una orden legítima del juez que le ha sido legal y oportunamente notificada. Pero no cualquier incumplimiento puede originar la revocación de la libertad provisional, sino sólo aquellos que sean de tal manera graves que lleven al juez a la convicción de que el procesado intenta evadir la acción de la Justicia, sustrayéndose a la autoridad del órgano jurisdiccional; u otros que, por su frecuencia y reiteración, afecten severamente la marcha normal del proceso, retardándolo. Como ejemplo del primero, puede citarse el caso del procesado que no acude al juzgado a firmar el libro de control de reos en libertad provisional durante un lapso prolongado, sin que el juez tenga noticia de su paradero; o el del fiador que es requerido para la presentación del procesado dentro del plazo que para ello se le concede e informa al juez que no obstante haber tratado de localizarlo en reiteradas ocasiones y de haberle dejado recados, no tuvo éxito. Para ilustrar el segundo, sirve el caso del procesado que acude a firmar el mencionado libro, pero que con frecuencia incumple otros mandatos legítimos del juez sin intentar justificar su proceder; por ejemplo, no acude a los careos legalmente decretados. únicamente causas de esta naturaleza darían lugar a la revocación del beneficio sin audiencia previa del procesado, bastando para fundar y motivar el proveído respectivo que obrara constancia fehaciente en el expediente de los hechos que se estimaron graves y que dieron origen a tal determinación, satisfaciéndose con ello la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 de la Constitución General de la República" . En ese contexto, no existe violación de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín, con motivo del libramiento de la orden de reaprehensión en su contra, en razón de que como se puede advertir de las constancias que obran en autos, en especial aquéllas que constituyen el antecedente directo del acto reclamado, ya detalladas en el cuerpo de esta resolución, desde diligencia de seis de agosto de dos mil trece, dicho procesado tuvo pleno conocimiento de las obligaciones procesales a su cargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, entre las que se encuentra presentarse los días viernes de cada semana, ante el juzgado de la causa, para firmar en el Libro de Control de Procesados Bajo Fianza, como requisito para seguir gozando de su libertad provisional bajo caución; circunstancia que se deduce de las copias certificadas de la causa penal 58/2013-II, de las que se aprecia claramente que dicha providencia se le hizo saber de manera personal en diligencia de seis de agosto de dos mil trece, de ahí lo infundado de sus motivos de disenso. Finalmente, es incuestionable que al hacer efectiva la garantía exhibida por el aquí quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero, la autoridad responsable tampoco transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se considera así, habida cuenta de que la última parte del precepto 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, expresamente dispone que tratándose de entre otro supuesto previsto en el artículo 152 del mismo ordenamiento legal, el procesado incumpla injustificadamente las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal -fracción II-, se mandará hacer efectiva la garantía a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero. Luego, si como se evidenció en párrafos que anteceden, el ahora quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín incumplió injustificadamente con una de las obligaciones que le fueron impuestas al concederle el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en tanto que omitió presentarse a firmar en el Libro de Control de Procesados Bajo Fianza, e incluso, incumplió con el deber de informar su cambio de domicilio, circunstancia que el Juez responsable tomó en consideración, atento a las razones actuariales que obran en el expediente de origen y en las que se hace constar la imposibilidad material de notificar al quejoso y su afianzadora en razón de un cambio de domicilio; así las cosas, es indudable que se actualiza la hipótesis que contempla el mencionado precepto 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, y consecuentemente, fue acertado que el juez responsable, con fundamento en dicho dispositivo legal, ordenara hacer efectivo a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado el monto relativo a las obligaciones procesales que asciende a la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), amparada por la póliza de fianza número 165579 expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, en diligencia de seis de agosto de dos mil trece. En ese sentido, se cita la jurisprudencia 24/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto refiere: "FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO. De lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que todo inculpado tiene derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite y siempre que se satisfagan diversos requisitos legales, entre otros: que se garantice el monto de la reparación del daño; el de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele, y la caución relativa al cumplimiento de las obligaciones procesales. Ahora bien, cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones a que se sujetó el procesado, la caución que se otorgó para gozar de tal beneficio deberá hacerse efectiva únicamente respecto del monto relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Ello es así, toda vez que por elemental lógica jurídica, el incumplimiento de una obligación derivada de la causa propicia la reaprehensión y hace efectiva la garantía exhibida, pero sólo por ese aspecto, y no respecto a conceptos diversos, tales como la reparación del daño y la multa, las cuales constituyen sanciones que se imponen hasta que se dicta sentencia, y se elucida que se llevó a cabo una conducta que constituye un delito por parte del procesado". En esa tesitura, ante lo infundado de los motivos de disenso que formuló el quejoso Gilberto Javier Zacapala Marroquín, y al no haber ningún elemento que permita suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo que solicita. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscritos a la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central, así como a los Coordinadores de la Policía Investigadora Ministerial adscritos a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público del Fuero Común, Sectores Renacimiento y Coloso, con sede en esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la que adolece el acto de la ordenadora, que como se ha visto no es violatorio de derechos fundamentales. Orienta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GILBERTO JAVIER ZACAPALA MARROQUÍN, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, y por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta propia resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el quince de mayo de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUAN DIMAS ORTIZ, DE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 41/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Mario Eugenio Muñoz Corona, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: ... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GILBERTO JAVIER ZACAPALA MARROQUÍN, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, y por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta propia resolución...

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