Gilberto Hernández Villalobos

Expediente 1124/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1124/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Hernández Villalobos y Otros.
  • Gilberto Hernández Villalobos
  • C.J. H. G.
  • D. H. G.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del presente asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción II, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otra parte, como en los autos del cuaderno único del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; por tanto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del capítulo sexto, artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Finalmente, en virtud de que el Juez responsable, remitió como complemento a su informe justificado copias certificadas del expediente 215/2023, con las cuales se formó un cuaderno de pruebas; por tanto, devuélvase en virtud de que, resulta innecesario continuar conservándolo; solicítese acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte tercera interesada, el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 2841, suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta capital, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en auto de diecinueve de septiembre pasado, y al efecto remite copia certificada del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el expediente 215/2023. Ahora bien y en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, en razón a que como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta capital, consistente en: ". IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 11 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, dictado dentro del Juicio Especial Oral Familiar con número de expediente ******************** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; mediante el cual la autoridad responsable fue negligente al no establecer régimen de convivencia provisional respecto del suscrito con mis menores hijas, no obstante de que el suscrito le solicité dicho régimen, pues ya que la custodia provisional fue concedida en favor de la madre de mis menores hijas.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón a que, dentro del juicio de origen del que emana el acto reclamado en este asunto, este último ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de la responsable de establecer régimen de convivencia provisional entre el quejoso y sus menores hijas, lo cierto es, que el treinta y uno de agosto del año en curso, la citada autoridad responsable decretó régimen de convivencia familiar entre el quejoso ********************, con los menores ********************, y ********************, mismo que tendrá lugar los días viernes y sábados últimos de cada mes, de las diecisiete a las diecinueve horas, el cual se indicó iniciaría a partir del día veintinueve y treinta de septiembre de la anualidad en curso, esto en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 2841, suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta capital, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en auto de diecinueve de septiembre pasado, y al efecto remite copia certificada del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el expediente 215/2023. Ahora bien y en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, en razón a que como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta capital, consistente en: ". IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 11 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, dictado dentro del Juicio Especial Oral Familiar con número de expediente ******************** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; mediante el cual la autoridad responsable fue negligente al no establecer régimen de convivencia provisional respecto del suscrito con mis menores hijas, no obstante de que el suscrito le solicité dicho régimen, pues ya que la custodia provisional fue concedida en favor de la madre de mis menores hijas.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón a que, dentro del juicio de origen del que emana el acto reclamado en este asunto, este último ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de la responsable de establecer régimen de convivencia provisional entre el quejoso y sus menores hijas, lo cierto es, que el treinta y uno de agosto del año en curso, la citada autoridad responsable decretó régimen de convivencia familiar entre el quejoso ********************, con los menores ********************, y ********************, mismo que tendrá lugar los días viernes y sábados últimos de cada mes, de las diecisiete a las diecinueve horas, el cual se indicó iniciaría a partir del día veintinueve y treinta de septiembre de la anualidad en curso, esto en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 2841, suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta capital, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en auto de diecinueve de septiembre pasado, y al efecto remite copia certificada del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el expediente 215/2023. Ahora bien y en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, en razón a que como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta capital, consistente en: ". IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 11 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, dictado dentro del Juicio Especial Oral Familiar con número de expediente ******************** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; mediante el cual la autoridad responsable fue negligente al no establecer régimen de convivencia provisional respecto del suscrito con mis menores hijas, no obstante de que el suscrito le solicité dicho régimen, pues ya que la custodia provisional fue concedida en favor de la madre de mis menores hijas.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón a que, dentro del juicio de origen del que emana el acto reclamado en este asunto, este último ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de la responsable de establecer régimen de convivencia provisional entre el quejoso y sus menores hijas, lo cierto es, que el treinta y uno de agosto del año en curso, la citada autoridad responsable decretó régimen de convivencia familiar entre el quejoso ********************, con los menores ********************, y ********************, mismo que tendrá lugar los días viernes y sábados últimos de cada mes, de las diecisiete a las diecinueve horas, el cual se indicó iniciaría a partir del día veintinueve y treinta de septiembre de la anualidad en curso, esto en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

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