Gilberto Hernández Martínez
Expediente 1146/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gilberto Hernández Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
MESA II B Agréguese el escrito Tereza de Jesús Hernández Martínez, autorizada legal del quejoso Gilberto Hernández Martínez, por el que solicita la devolución del billete de depósito número N 182416 (N, uno, ocho, dos, cuatro, uno, seis), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad; al efecto, toda vez este incidente se encuentra concluido, al haberse archivado el juicio principal del cual deriva (foja 88 y 89), devuélvasele al directo quejoso tal billete de depósito, previa identificación y toma de razón que se deje en autos. En observancia de lo dispuesto en los artículos 39 y 46 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para los fines legales consiguientes, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), esta fecha como la que autoriza la devolución de las garantías de que se trata, y la de su entrega, cuando se verifique.
- Incidental
MESA II B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por auto de diez de agosto pasado (fojas 3 y 4), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de dicha interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que en audiencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil quince (fojas 76 a 78) se tuvo a Tereza de Jesús Hernández Martínez, exhibiendo el billete de depósito serie N 182416 ( N, uno, ocho, dos, cuatro, uno, seis) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la suma de dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional, para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida al quejoso Gilberto Hernández Martínez, mismo que se encuentra guardado en la caja de valores de este órgano jurisdiccional; hágasele de su conocimiento que a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, podrá formular la solicitud de devolución de dicho billete; en la inteligencia de que también a partir de esa fecha empezará a correr el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de la citada garantía en favor del Erario Federal.
- Principal
MESA II B Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Mediante oficio que se gire al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad, devuélvasele la copia certificada de la causa penal número 70/2014 de su índice, que remitió con su informe justificado; con el que se formó el cuaderno de pruebas tomo I (foja 24). Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA II B Agréguese el oficio número 3949 signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la comparecencia del quejoso GILBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ante ese juzgado a su cargo, bajo los efectos de la suspensión definitiva que le fue concedida; de su declaración preparatoria dentro del proceso penal 70/2014, y de la resolución de tres de septiembre de dos mil quince, por la que se resolvió su situación jurídica. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias de autos, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Precisado lo anterior, en el caso concreto, el impetrante del amparo GILBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, reclama en esta vía constitucional la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución material, actos que atribuyó, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito judicial del Centro, Comisionado de la Policía Estatal y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, todos con residencia en esta ciudad (foja 5). Del informe justificado que rindió el Juez Primero de lo Penal del Distrito judicial del Centro, se advierte que el veintitrés de abril de dos mil catorce, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso GILBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en el proceso penal 70/2015, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones en riña, en agravio de Carlos Enrique Aguilar Vásquez o Carlos Enrique Aguilar González (foja 23). Asimismo, aparece que el veintiocho de agosto pasado, el citado quejoso compareció ante el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito judicial del Centro, Oaxaca, bajo los efectos de la suspensión definitiva que se les concedió en el incidente relativo a este juicio (fojas 135 y 136), y por resolución de tres del actual, se resolvió su situación jurídica, dictándosele auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de lesiones en riña (fojas 140 a 175). El antecedente citado, evidencia de modo manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] De lo anterior, se desprende que ha cambiado la situación jurídica del quejoso GILBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ya que la orden de aprehensión impugnada no puede ser analizada al haber quedado procesalmente sustituida por el auto de formal prisión emitido en su contra, y tampoco es dable jurídicamente estudiar la inconstitucionalidad de un acto que no fue reclamado en la demanda de garantías, pues la situación jurídica del promovente se regía por la orden de aprehensión reclamada, por lo que debe considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo y conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 1ª./J.17/2008, publicada en la página 270, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, materia penal, Primera Sala; Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al Comisionado de la Policía Estatal, y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos con sede en esta ciudad, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por otra parte, los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, y Séptimo, de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado, (fojas 11, 12, 15 a 21 y 23), negaron la existencia del acto que le reclamó el quejoso GILBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sin que este hubiere ofrecido prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa; por lo que procede sobreseer en el presente juicio respecto de tales autoridades y por los actos antes mencionados, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señalada en proveído de veintiocho de agosto pasado (foja 27), para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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