Gilberto Hernández Herrera

Expediente 83/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
83/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
18/04/2016

Partes del expediente

  • Gilberto Hernández Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 924/2016, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, y en atención a lo solicitado por este juzgado el siete de abril de dos mil dieciséis, remite diversas constancias relativas al toca penal 49/2016-I. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Del análisis de las constancias que integran el expediente de amparo indirecto se advierte que, en la especie, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la vigente Ley de Amparo. En ese contexto, se tiene que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en la parte que ahora interesa, a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia arriba invocada, se precisa necesario que concurran las siguientes circunstancias: Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad materia de la litis del amparo que se solicita. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se solicita el juicio de garantías; y Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para que el acto reclamado por la vía constitucional sea modificado, revocado o nulificado. En ese contexto, el primero de los presupuestos señalados se acredita cabalmente de las constancias que obran en el presente juicio, se advierte que por escrito de doce de febrero de dos mil dieciséis (foja 48), la parte quejosa hizo del conocimiento que se desistió del recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión que es materia de la litis en el presente juicio de amparo. Sin embargo, en el oficio de cuenta la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, informó que el procesado aquí quejoso, no ratificó el desistimiento compareció a desistirse de la apelación interpuesta, por ese motivo se encuentra pendiente de resolver el toca penal 49/2016-I. Relación de constancias con las que se surte la primera hipótesis para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues queda de manifiesto que el aquí quejoso, interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado en su contra, (medio legal de defensa en contra del acto de autoridad del que emana el acto reclamado). Asimismo, como se observó, que el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa, ha sido admitido y se está tramitando al momento en que se resuelve esta petición de amparo, surtiéndose así, la segunda hipótesis exigida por la causal de improcedencia en estudio. De igual manera, se acredita el tercero de los requisitos exigidos, pues en términos de los artículos 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, el recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso, es el medio idóneo de impugnación para que el auto de formal prisión de trece de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en los autos de la causa penal 145/2015-3, sea modificado o revocado por el Tribunal Unitario del conocimiento, pues será esta autoridad quien resolverá si dicho auto de plazo constitucional que emitió el A quo, se encuentra dentro del marco de la legalidad que la ley procesal penal le establece. Es aplicable a lo anterior, por su idea jurídica substancial, la jurisprudencia 144/2000, publicada en la página quince, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Así, al no existir constancia alguna en los autos de este juicio de garantías que permita desvirtuar que actualmente se encuentre tramitando el recurso de apelación hecho valer por el quejoso; ello conlleva a concluir que corresponderá a dicha alzada, resolver si el auto de formal prisión de trece de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se encuentra dentro del marco de la legalidad que la ley procesal penal le establece. Por su parte, el quejoso no demostró que hubiera acudido en segunda instancia a desistirse del recurso planteado; por el contrario, de las constancias que se allegaron al oficio de cuenta, se advierte que se encuentra en trámite un medio de impugnación que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ya que para que desaparezca la causal de improcedencia, es necesario que se compruebe que al escrito de desistimiento del recurso, recayó acuerdo por parte de la autoridad competente, cuando en el caso particular el inculpado no ratificó el desistimiento y por ello el Tribunal de alzada ordenó que se continuara con el recurso de apelación. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Materia(s): Penal, Tesis: V. 2o. 182 P Registro: 209927, página: 416, que señala: "AUTO DE FORMAL PRISION. AMPARO IMPROCEDENTE POR ESTAR PENDIENTE DE RESOLVERSE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO ORDINARIO. El juicio de amparo resulta improcedente por operar la causal prevista por la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si el quejoso interpuso recurso de apelación en contra del auto de formal prisión reclamado en el mencionado juicio de garantías, y si bien es cierto que el hoy recurrente adjuntó a su demanda de amparo copia de un escrito presentado ante el Tribunal de alzada mediante el cual desiste del recurso de apelación que afirma haber interpuesto, como se ignora si se le tuvo por desistido, dado que no existe constancia alguna que demuestre que a tal escrito haya recaído acuerdo favorable, debe estimarse que se encuentra en trámite dicho medio de impugnación que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ya que para que desaparezca la causal de improcedencia, es necesario que se compruebe que al escrito de desistimiento del recurso, recayó acuerdo por parte de la autoridad competente, por lo que resulta operante dicha causal.". De esta manera, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

  2. Principal

    se difiere la audiencia constitucioanl y se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para el desahogo de la audiencia constitucional...

  3. Principal

    se autoriza uso de medios electtonicos para imponerse de los autos...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a catorce de marzo de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito firmado por el licenciado Juan Diego López Argüelles, que corresponde a este juicio de amparo; en consecuencia, acúsese de estilo como corresponde al órgano oficiante. Ahora, respecto de la promoción que se anexa al oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad del licenciado Juan Diego López Argüelles, como representante legal de "Banco Azteca", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, con las constancias que obran en el sumario en que se actúa, relativas al proceso penal 145/2015-3, para todos los efectos legales que correspondan en el presente juicio. Por ende, se tiene a la parte tercero interesada apersonándose en el presente asunto y en lo atinente a la petición del ocursante para que se le autorice la toma de fotografías o escáner de las actuaciones que formen parte del presente expediente, dígasele que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados mediante la utilización de los aparatos electrónicos, como lo son cámaras, grabadoras, lectores ópticos o celulares con cámara digital, se autoriza el uso de dichos medios electrónicos para tal fin dentro del expediente en que se actúa, siempre que no se dañen los autos. Finalmente, se tiene a la moral tercero interesada de referencia, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico ubicado en calle Puerto Vallarta número quinientos veintitrés, esquina con Chiapas, código postal 88631, de la colonia Ampliación Rodríguez, en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Roberto Escobedo Sánchez, que autoriza

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