Gilberto Hernández del Moral

Expediente 131/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
131/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo
  • Gilberto Hernández del Moral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: ACUSE DE RECIBO Téngase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio 11487/2023, mediante el cual le fueron devueltas las constancias allegadas en su informe como justificante. Finalmente, como esta ordenado en autos, remítase el presente asunto al archivo definitivo, para su depósito y custodia. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En ocho de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que por una parte sobreseyó, y por la otra, negó el amparo, transcurrió del once al veinticuatro de julio del año actual, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el siete de julio pasado, sin que lo hubiera hecho.********************Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************Asimismo, da cuenta a la Secretaria encargada del Despacho, con el estado procesal que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de agosto de dos mil veintitrés.********************EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnada por la parte quejosa en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por una parte sobreseyó, y por la otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************VALORACIÓN. En términos del artículo 17, fracción Ill, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN.********************Por consiguiente, de conformidad con el artículo 17, una vez transcurrido el término de tres años, deberá transferirse el presente asunto a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido acuerdo.********************CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.********************DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas consistentes en los autos originales del juicio ********************, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre pago de alimentos provisionales, de su índice, que anexó como complemento a su informe justificado.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente, registrado bajo el folio 9402. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO. Agréguese a los autos el oficio recibido físicamente, signado por la Jueza Segundo en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante el cual acusa recibo del diverso 11305/2023, por el que se le comunicó la sentencia dictada en el presente sumario constitucional; de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    SECCIÓN AMPARO MESA I PRINCIPAL 131/2023.En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a cinco de julio de dos mil veintitrés ********************SENTENCIA********************VISTOS, para resolver el juicio de amparo 131/2023, promovido por ********************, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que fue turnado a este órgano de control constitucional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcribe:********************"III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad responsable la siguiente: ********************UNICO.- JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN (.). ********************IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Señalo como tal lo siguiente: ********************Del C. Juez Tercero Civil de Primera Instancia ya referida, reclamo: ********************ÚNICO.- el auto de admisión de fecha 12 de junio del año 2014, así como la resolución dictada con fecha seis de mayo del año 2015, pronunciados ambos dentro de las diligencias de Jurisdicción voluntaria número 495/2014, sobre pago de alimentos provisionales."****************************************El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesada a Elsa Carrillo Peñaloza; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de seis de marzo de dos mil veintitrés ?fojas 7 y 8?, se registró la demanda con el número de expediente 131/2023; y se previno al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, indicara con claridad la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable.********************Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, el impetrante de amparo aclaró que la autoridad responsable era el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas Michoacán; por lo que, mediante proveído de trece de marzo del año en curso, se le tuvo desahogando la prevención formulada; se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó realizar pronunciamiento en cuanto al emplazamiento que pudiera resultar a determinada persona, en cuanto tercero interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo con el carácter de tercero interesada a Elsa Carrillo Peñaloza, por lo que se ordenó su emplazamiento.********************TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo a las once horas con quince minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. ********************Lo anterior en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad judicial que tiene residencia dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional.********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo.********************Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama:********************De la Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo:********************I. El auto de doce de junio de dos mil catorce, por el que se admitieron a trámite, en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias sobre pago de alimentos provisionales número 495/2014, promovidas por Elsa Carrillo Peñaloza, contra el ahora quejoso.********************II. La resolución dictada el seis de mayo de dos mil quince, dentro de las diligencias sobre pago de alimentos provisionales número 495/2014, en la que se resolvió procedente establecer en concepto de pago de pensión alimenticia provisional, en favor de Elsa Carrillo Peñaloza y a cargo de ********************, el equivalente que resultara de deducir el 20% del total de sus percepciones que obtenía como empleado de la empresa denominada KCSM Servicios,********************, o de cualquier otra empresa, una vez hechos los descuentos de ley.********************Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".****************************************TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La encargada del despacho del Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, al rendir el informe justificado en representación de la Juez responsable ?foja 20?, aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en el auto de doce de junio de dos mil catorce y la resolución de seis de mayo de dos mil quince, dictados dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos provisionales número 495/2014. ********************En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".****************************************Lo anterior, se corrobora con las constancias originales que integran las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.********************Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".****************************************También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto:********************"EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales".****************************************CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, es necesario narrar los antecedentes más destacados de los actos reclamados. ********************A) Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil catorce ?fojas 1 a 3 del tomo de pruebas?, ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Elsa Carrillo Peñaloza, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de iniciales G.H.C., demandó del ahora quejoso ********************, en la vía de jurisdicción voluntaria, las siguientes prestaciones:********************"1.- El pago de los Alimentos Provisionales, a favor de la suscrita y de nuestro menor hijo; ********************2.- El pago o aseguramiento de las mensualidades atrasadas omitidas a favor de la suscrita y de nuestro menor hijo."****************************************B) Por auto de doce de junio de dos mil catorce ?fojas 6 y 7 del tomo de pruebas?, el Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, admitió a trámite, en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias sobre pago de alimentos provisionales; las registró con el número de expediente 495/2014; señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 960 del Código Familiar para el Estado de Michoacán; ordenó girar oficio al encargado de nómina de la empresa "KANSAS CITY SOUTHERN MÉXICO", a efecto de que informara si el deudor alimentario era empleado de esa negociación y, en caso afirmativo, describiera a detalle cuáles eran todas y cada una de sus percepciones económicas y si existían otras disminuciones por concepto de pensión alimenticia.********************C) El uno de septiembre de dos mil catorce, se desahogó la audiencia que refiere el artículo 960 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en la que se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la promovente, pero al no contar con las constancias relativas a las percepciones salariales que devengaba el deudor alimentario, se determinó que no era procedente dictar el fallo respectivo, hasta en tanto se recibieran las mismas ?fojas 20 y 21 del tomo de pruebas?.********************D) En auto de quince de abril de dos mil quince ?foja 38 del tomo de pruebas? se tuvo por recibido el oficio y anexos remitidos por el apoderado de KCSM Servicios,********************, mediante el cual informó que ********************, no era trabajador de Kansas City Southern de México,********************, sino de KCSM Servicios,********************, empresa en la que se desempeñaba como mayordomo en el departamento de maestro mecánico, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, recibiendo un salario neto mensual de $14,029.00 (catorce mil veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), y mensualmente vales de despensa por la cantidad de $1,262.00 (mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) ?foja 38 del tomo de pruebas?.********************E) El veinte de abril de dos mil quince, a petición del apoderado jurídico de la tercera interesada, se ordenó girar exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que, en auxilio de las labores del Juzgado responsable, éste a su vez lo remitiera al Juez Familiar en Turno de México, Distrito Federal, para que ordenara a quien correspondiera girar oficio a la moral Kansas City Southern de México,********************, a efecto de que se informara si el deudor alimentista era trabajador eventual o permanente y las percepciones económicas que recibía ?foja 40 del tomo de pruebas?.********************F) El cuatro de mayo de dos mil quince, por solicitud del apoderado jurídico de la ahora tercero interesada y al tener reunidos los requisitos establecidos en el artículo 955 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, se ordenó poner los autos a la vista del titular del Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que se dictara la resolución correspondiente ?foja 44 del tomo de pruebas?.********************G) El seis de mayo de dos mil quince ?fojas 45 a 52 del tomo de pruebas?, el Juez responsable dictó sentencia, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes: ********************"PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver las presentes diligencias. ********************SEGUNDO.- Por las consideraciones precisadas en el considerando segundo de este fallo, se determina que Elsa Carrillo Peñaloza carece de legitimación activa para comparecer a accionar el presente asunto como representante legal de su hijo Gilberto Hernández Carrillo, dejándosele a éste salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos de ley. ********************TERCERO.- La promovente Elsa Carrillo Peñaloza por su propio derecho, acreditó los hechos constitutivos de su solicitud; en consecuencia.********************CUARTO.- Se considera justo establecer en concepto de pago de pensión alimenticia provisional a favor de Elsa Carrillo Peñaloza, a cargo del obligado alimentista ********************, el equivalente que resulte de deducir el 20% veinte por ciento del total de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley que obtiene este último como empleado por la empresa denominada KCSM SERVICIOS, S.A. DE C.V., o de cualquier otro empleo que ejerza con posterioridad, mismos que tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor, de conformidad con lo establecido en el artículo 463 del ´Código Familiar del Estado; pensión alimenticia que deberá pagar mensualmente y por meses anticipados, para estar en condiciones de entregarla a los acreedores alimentista; misma que deberá contarse a partir del 9 nueve de junio del 2014 dos mil catorce, fecha en que fue presentada la solicitud que dio origen a las presentes diligencias." ********************QUINTO.- No se hace condena especial en costas." ****************************************H) El diez de junio de dos mil quince, a solicitud de la parte promovente, se declaró firme la resolución de seis de mayo de ese mismo año; y, el quince de junio siguiente, se ordenó girar exhorto al Juez competente y en turno de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para que en auxilio de las labores del Juez responsable ordenara a quien correspondiera, se sirviera girar oficio a la empresa KCSM Servicios,********************, con residencia en esa ciudad, a fin de que se procediera a realizar en forma retroactiva y en parcialidades a partir del día nueve de julio de dos mil catorce, fecha en que se presentó la solicitud, el descuento equivalente a la cantidad que resultara de deducir el 20% veinte por ciento mensual del total de las percepciones, una vez hechos los descuentos de ley, que obtenía el deudor alimentista ********************, por su trabajo en cuanto empleado de dicha empresa, por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de Elsa Carrillo Peñaloza, en la forma y términos de la resolución dictada, y la cantidad que resultara fuera enviada por dicha fuente de trabajo, al Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que a su vez fuera entregada a la acreedora o bien, fuera depositada en la institución bancaria BANAMEX con número de cuenta 6139266, sucursal 7009 y clabe interbancaria número 002028700961392651, a nombre de la hoy tercero interesada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo serían responsables solidariamente con el deudor de los daños y perjuicio que causara a la acreedora ?fojas 56 y 60 del tomo de pruebas?.********************I) El cinco de diciembre del año dos mil veintidós, dadas las manifestaciones del apoderado jurídico de Elsa Carrillo Peñaloza, en el sentido de que no fue posible entregar el exhorto anterior, se ordenó girar nuevo exhorto al Juez Civil o Familiar que correspondiera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que girara oficio a la empresa KCSM Servicios,********************, con residencia en esa misma ciudad, a efecto de que se ordenaran los descuentos al deudor alimentista, por concepto de pago de pensión alimenticia, equivalente al 20% veinte por ciento mensual del total de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley, así como del reparto de utilidades de los años transcurridos, descuentos que debían realizarse desde el nueve de junio de dos mil catorce, en que se presentaron las diligencias de pago de alimentos provisionales, y la cantidad que resultara fuera depositada en la Institución Bancaria BANAMEX, con el número de cuenta 98174297290 y clabe interbancaria 002028904420122796 y que, al realizarse los descuentos, se hicieran primero por las mensualidades adelantadas hasta el importe que le alcanzara haciéndose el ajuste subsecuente descuento o en su defecto fuera aplicable descuento adicional al porcentaje decretado, hasta que se cubriera el importe de total retroactivamente desde el año dos mil catorce hasta ese año ?fojas 83 y 84 del tomo de pruebas?. ********************J) El trece de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio por el cual el Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, devolvió diligenciado el exhorto ordenado en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, por el Juez de origen, del que se desprende que el treinta de enero de dos mil veintitrés, se hizo entrega a la autorizada de la empresa KCSM Servicios,********************, el original del oficio por el que se le requería realizara los descuentos al quejoso en los términos indicados ?foja 106 del tomo de pruebas?.********************El proveído de doce de junio de dos mil catorce y la resolución de seis de mayo de dos mil quince, constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. ********************QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL AUTO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número?de registro 222780, que establece:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.?Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".****************************************De oficio se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos por sustitución procesal.********************Dicho precepto establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.".****************************************La fracción transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado.********************Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo.********************En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna.********************Lo anterior encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá.********************De lo dicho, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituyen los efectos del acto reclamado, no su subsistencia formal.********************En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional.********************Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en estudio, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado.********************Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, de rubro y texto:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".****************************************Ahora, existen dos supuestos en los que se pueden destruir incondicionalmente los efectos del acto reclamado:********************a) Por revocación; y, ********************b) Por sustitución. ********************El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. ********************La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo.********************En esos términos, cuando se dicta un acto que incide e interrumpe la vigencia del que es materia de reclamo en el juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, pues al sustituir al primero destruye todos sus efectos.********************Apoya lo expuesto, la tesis 92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del tomo XXX, diciembre de 2009, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165870, que dispone:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente".****************************************En el caso, el solicitante de amparo reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el auto de doce de junio de dos mil catorce, por el que admitió a trámite, en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias sobre pago de alimentos provisionales número 495/2014, promovidas por Elsa Carrillo Peñaloza, contra el ahora quejoso.********************Sin embargo, dicho acto fue sustituido procesalmente por la resolución de seis de mayo de dos mil quince ?fojas 45 a 52 del tomo pruebas?, en la cual el Juez responsable decretó una pensión alimenticia provisional en favor de la promovente de las diligencias y a cargo del ahora quejoso, equivalente al veinte por ciento del total de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley.********************En otras palabras, la resolución emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sustituyó procesalmente al auto de doce de junio de dos mil catorce.********************Por tanto, los efectos del acuerdo de doce de junio de dos mil catorce, por el que se admitieron a trámite las diligencias de origen, cesaron jurídicamente por virtud de la sentencia que las resolvió, por lo que fue procesalmente sustituido. ********************Resulta aplicable, por identidad jurídica la tesis sin número, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 51, segunda parte, página 32 y registro digital 236258, de rubro y texto siguientes:********************"SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SEÑALADA COMO ACTO RECLAMADO Y COMO RESPONSABLE EL JUEZ. SOBRESEIMIENTO. Si aun tratándose de interpretar la voluntad del quejoso al señalar la autoridad responsable, sólo queda concluir que la que señaló es el Juez que dictó la sentencia de primera instancia, y como acto reclamado a ésta, como la suplencia de la deficiencia de la queja consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que estima violados con el acto reclamado, tal suplencia de la queja no autoriza para cambiar los elementos del juicio de amparo que los quejosos señalan, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable; en esa virtud, en el amparo solicitado en esas condiciones, debe tenerse como autoridad responsable a la que el quejoso señaló y como acto reclamado a la sentencia que pronunció dicha autoridad, esto es, la sentencia de primera instancia. Así pues, si el acto que el quejoso reclamó ya cesó jurídicamente en sus efectos, siendo sustituido por la sentencia de segunda instancia, consecuentemente operó la causa de improcedencia establecida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse de conformidad con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento."**************************************** En consecuencia, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de junio de dos mil catorce, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y lo conducente es sobreseer en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del referido ordenamiento. ******************** En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".****************************************SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".****************************************SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Los conceptos de violación son infundados.********************En sus conceptos de violación, el quejoso argumenta, en esencia, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho humano garantizado por el artículo 17º constitucional, en virtud que omitió estudiar las diligencias de jurisdicción voluntaria a fondo ya que, debió declararse incompetente para resolver dichas diligencias con base en lo que marca el numeral 789 del Código Familiar del Estado de Michoacán (código vigente en la presentación de las diligencias de jurisdicción voluntaria) que dice: "Artículo 789. En los trámites que versen sobre alimentos, será competente el Juez del domicilio del acreedor".********************Dice que es así, pues el siete de agosto de dos mil catorce, el apoderado de la ahora tercero interesada presentó un escrito al que anexó un instrumento notarial del que se advierten las generales de la referida tercero interesada, con domicilio en calle Nuevo León 606, colonia Ejido Matamoros, de Tijuana Baja California, el que coincide con el asentado en su credencial de elector, misma que fue emitida en dos mil catorce, por lo que la tercero en mención, al promover la diligencias, mintió al señalar que tenía domicilio en Lázaro Cárdenas, Michoacán. ********************Refiere que la tercero interesada, de manera dolosa, no hizo llegar de forma pronta el oficio donde se ordenaba hacerle el descuento de pensión alimenticia, el cual fue recibido por sus autorizados, es decir, dejó pasar ocho años para pedir de nueva cuenta que se ejecutara la resolución. ********************Ahora, como se adelantó los conceptos de violación son infundados.********************El artículo 16 constitucional, prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados, en los siguientes términos:********************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento********************(.)".****************************************De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe constar por escrito, y estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.********************La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento.********************En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna; que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca; o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento.********************Asimismo, el derecho humano de la seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. ********************Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentran fundados y motivados. ********************Es sustento de lo anterior, la tesis IV.2o.A.50 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable a página 2241, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005777, que dispone:********************"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado".****************************************En esa línea argumentativa, el legislador local, en los artículos 26 del Código Civil para el Estado de Michoacán, 151 y 789 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, aplicables al caso, señala:********************"Artículo 26. Las personas físicas tienen su domicilio en el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar donde tienen el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se encuentren. Es presunción del propósito de establecerse en un lugar, la residencia en él por más de seis meses; a menos que transcurridos éstos y dentro de los quince días siguientes, el residente manifieste ante la autoridad pública de su anterior domicilio, o de su residencia, que desea conservar el primero. Esta declaración no producirá efectos en perjuicio de tercero.********************Artículo 151. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal.********************Se considera como tal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.********************Los jueces, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social; o se establezca en lugar que ponga en riesgo su salud e integridad.********************Artículo 789. En los trámites que versen sobre alimentos, será competente el Juez del domicilio del acreedor."****************************************De los preceptos recién transcritos se advierte que el domicilio de las personas físicas, es aquél en que residen, o el lugar donde se halla el principal asiento de sus negocios y, que a falta de uno u otro, el lugar en que se encuentren por más de seis meses; que los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal, considerado como tal el lugar establecido de común acuerdo en el que ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales y que, tratándose de trámites sobre alimentos, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el domicilio del acreedor.********************Puntualizado lo anterior, es pertinente recapitular que en el caso, como se precisó, el quejoso reclama la resolución de seis de mayo de dos mil quince, en la que se determinó una pensión alimenticia provisional en favor de la ahora tercero interesada y a cargo del promovente del amparo, equivalente al veinte por ciento del total de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley; la cual contrariamente a lo que sostiene, no carece de fundamentación ni motivación, ya que la Juez responsable sí es competente para conocer de las diligencias de origen, pues como se advierte de la demanda respectiva, el matrimonio se celebró en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y los cónyuges establecieron su domicilio conyugal en dicha ciudad, esto es en la calle Santos Degollado, número 10, colonia Pie de Casa.********************Y, si bien es cierto que de las constancias que integran el expediente de origen se advierte que la ahora tercero interesada realizó actos jurídicos en la ciudad de Tijuana, Baja California, como es el otorgamiento del poder notarial con el que compareció su apoderado a las diligencias de origen, también es verdad que no existe prueba que acredite que dicha tercero interesada se hubiera asentado de manera permanente o por más de seis meses en dicho domicilio, ubicado en la calle Nuevo León número 606, de la colonia Ejido Matamoros, de Tijuana Baja California, para que el Juez responsable estuviera en posibilidad de declararse legalmente incompetente para resolver las diligencias sobre pago de alimentos provisionales. ********************De ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. ********************Por otro lado, tampoco asiste razón al promovente de amparo cuando afirma que la tercero interesada de manera dolosa no hizo llegar de manera pronta el oficio donde se ordenaba hacerle a éste el descuento de pensión alimenticia, dejando pasar ocho años para pedir de nueva cuenta que se ejecutara la resolución. ********************Es así, pues tal circunstancia no conlleva una sanción procesal ya que, una vez obtenida sentencia a su favor, el acreedor alimentario puede solicitar su ejecución durante todo el tiempo que dure su acción, sin que exista una norma que lo obligue a solicitar la ejecución de manera pronta. ********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 125/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, publicada en el tomo XXII, octubre de 2005, página 55 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 177087, de rubro y texto siguientes: ********************"ALIMENTOS. LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE EN EL JUICIO PUEDE RECLAMAR SU EJECUCIÓN Y EL PAGO DE LAS PENSIONES ATRASADAS, VENCIDAS Y NO COBRADAS DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ AÑOS, SIN QUE LA DEMORA EN DICHA SOLICITUD IMPLIQUE QUE EL ACREEDOR ALIMENTARIO NO LOS NECESITÓ (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). Los artículos 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 428 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes establecen que la acción para solicitar la ejecución de una sentencia durará diez años, contados desde el día en que venció el término judicial para su cumplimiento voluntario. Ahora bien, en virtud de que la institución de los alimentos es de orden público, porque responde al interés de la sociedad en que se respete la vida y dignidad humanas, debe tomarse en cuenta que si el reclamo de los alimentos fue objeto de estudio en un juicio en el que se determinó, juzgó y estableció el derecho del acreedor alimentario y la correlativa obligación del deudor alimentista, habiendo quedado determinados el monto y la periodicidad de la obligación, ya no está a discusión ni puede ser materia de prueba la eventual circunstancia relativa a si el acreedor alimentario pudo subsistir sin la pensión alimenticia durante el tiempo en que demoró en solicitar la ejecución de la sentencia, pues en materia de alimentos, contra la ejecución de una sentencia definitiva no se admite más excepción que la de pago, salvo las modalidades a que aluden los artículos 531 y 429 de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, respectivamente. En consecuencia, el acreedor alimentario, por sí o a través de su representante legal, puede solicitar dentro del lapso mencionado la ejecución de la sentencia que condenó a otorgarlos, con el consiguiente reclamo de las pensiones no cobradas".****************************************En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que exista deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada por el quejoso.********************OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, consistente en el auto de doce de junio de dos mil catorce, por el que se admitieron a trámite, en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias sobre pago de alimentos provisionales número 495/2014, promovidas por Elsa Carrillo Peñaloza, contra el ahora quejoso, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. ********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo consistente en la resolución dictada el seis de mayo de dos mil quince, dentro de las diligencias sobre pago de alimentos provisionales número 495/2014, en la que se resolvió procedente establecer en concepto de pago de pensión alimenticia provisional, en favor de Elsa Carrillo Peñaloza y a cargo de ********************, el equivalente que resultara de deducir el 20% del total de sus percepciones que obtenía como empleado de la empresa denominada KCSM Servicios,********************, o de cualquier otra empresa, una vez hechos los descuentos de ley, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. ********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ana Bertha Bravo Duarte, secretaria que autoriza y da fe.************************************************************La suscrita Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se determinó, por un lado sobreseer y por otro negar la protección constitucional en el juicio de amparo 131/2023, promovido por ********************, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. Conste. ************************************************************El cinco de julio de dos mil veintitrés, la suscrita Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.

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