Gilberto Guzmán Parra
Expediente 96/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/04/2022
Partes del expediente
- Gilberto Guzmán Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el comunicado de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, Nayarit; luego, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 1765V del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual le fueron remitidos los autos originales del toca civil 97/2019 de su índice, así como el juicio de controversias del orden familiar 1244/2018 en dos tomos (del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar), mismos que conformaban los tomos de pruebas I; II y III en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que hasta esta fecha la autoridad que fuera señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, no ha dado cumplimiento al fallo protector en el presente juicio. Ahora, es un hecho notorio para este Juzgador que mediante oficio 508/2022-A signado por el Expresidente Árbitro de dicho Tribunal, recibido en este Juzgado de Distrito el veintiocho de febrero del presente año, informó que el veinticinco del mismo mes y año se instaló y entró en funciones el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, a quien se le remitieron los expedientes a su cargo para la continuación de su trámite; asimismo, solicita se dejen sin efectos los apercibimientos de que fue objeto y se requiera a la autoridad competente antes señalada. Lo anterior, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, publicada en la Sección Tercera del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que establece lo siguiente: "Octavo. Una vez que sea formalmente instalado e inicie sus funciones el Instituto de Justicia Laboral para el Estado de Nayarit, tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como la Junta Local y las Especiales de Conciliación y Arbitraje, remitirán al Presidente del Instituto, debidamente inventariados los Expedientes y documentos de sus respectivas competencias en materia laboral burocrática, para que continúe, según corresponda, con su resguardo y en su caso continuación procesal a que se refieren los dos artículos transitorios precedentes en los términos precisados. El Presidente del Instituto, proveerá de inmediato su recepción y, procederá dentro de los cinco días siguientes, a su distribución, a las Salas que correspondan conforme a la competencia fijada en la presente Ley. Una vez recibidos por el Presidente del Instituto, los expedientes a que se refiere el presente artículo transitorio, cesará en sus funciones el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. En razón de lo anterior, se tiene al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, como autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo; por lo tanto, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por Cinthia Yaneth Rodríguez Gallegos, Abel Rodríguez Mora y Naydell Fabiola García Solís, la primera en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Nayarit y los restantes como Apoderados Generales Judiciales, quienes comparecen por ausencia, a nombre y en representación del Secretario de Salud del Estado de Nayarit y Director General de los Servicios de Salud en Nayarit, con residencia en esta Ciudad y anexos que acompañan; en atención a su contenido, dígasele que el auto recaído el veinticinco de marzo del año en curso, corresponde al juicio de amparo indirecto 106/2022, promovido por ERIKA PATRICIA FLORES HERNÁNDEZ, en representación de la menor de iniciales M.P.N.F. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por el quejoso GILBERTO GUZMÁN PARRA, mediante el cual promueve ampliación de su demanda de amparo, respecto las autoridades y actos siguientes: "a).- MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT en la excusa civil 14/2021 el auto dictado de fecha seis de enero de dos mil veintidós mediante el cual resuelve de plano la excusa planteada. b).- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, con residencia y domicilio conocido esta Ciudad de Tepic, Nayarit, en el expediente 27/2022 el auto de avocamiento del presente asunto de fecha uno de marzo de dos mil veintidós. c).- JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, con residencia y domicilio conocido esta Ciudad de Tepic, Nayarit en el expediente 213/2016 la consecuencia de aceptar la excusa planteada. Ahora bien, del análisis integral de la ampliación de demanda, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano la demanda respecto de dicho acto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Conforme el 2° numeral citado, el amparo indirecto procede en los casos siguientes: 1). Contra actos ejecutados fuera de juicio, como lo son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2). Contra actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que realizados con posterioridad a la sentencia ejecutoria están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que se derivan las hipótesis siguientes: a). Cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que pueden reclamarse todas las violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento; y b). Tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Acotado lo anterior, se advierte medularmente que el acto que reclama el promovente en su ampliación de demanda, el cual fue previamente transcrito, es el proveído de seis de enero de dos mil veintidós, dictado en la excusa civil 14/2021, por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, que resuelve de plano la excusa planteada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio en esta ciudad, dentro del expediente 213/2016 y que ordena remitirlo al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en esta ciudad, quien refiere se avocó a su conocimiento en el expediente 27/2022; considerando con ello que se transgredió en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Asimismo, se tiene que en su escrito inicial de demanda, el quejoso precisó en el punto primero de su capítulo de antecedentes lo siguiente: "PRIMERO.- En el procedimiento número 213/2016, [juicio civil] [especial de desahucio] radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia. Nos encontramos en la etapa de lanzamiento y desalojo del inmueble, [una gasolinera] que no se ha realizado por circunstancias diferentes. O sea no se ha cumplido con la sentencia definitiva dictada, no obstante haber transcurridos todos los términos previstos en la ley procesal para el tema." Lo expuesto por el promovente constituye una confesión expresa a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, de la que se advierte que el juicio de donde emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, acto que, dada su naturaleza, no constituye la última resolución dentro de ese procedimiento de ejecución, sino que se trata de una providencia intermedia encaminada a lograr tal cometido; de ahí que evidentemente no proceda el juicio de amparo contra ese tipo de acto, sino únicamente -como ya se dijo- contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ciertamente, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio constitucional sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Tal exigencia como presupuesto de procedencia de la vía biinstancial, de que para impugnar los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, se realice a través de la última resolución, emitida en dicho procedimiento, tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa es la determinación dictada por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, que resuelve la excusa planteada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad y que ordena remitir el expediente de origen al diverso Juez Primero de la misma especialidad; acto que evidentemente no constituye la última determinación practicada en el procedimiento de ejecución, entendiéndose por ésta, la que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tópicos que en el caso no se actualizan. Es aplicable a lo considerado, la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En consecuencia, resulta evidente la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, atento a que la única hipótesis en la que el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia es procedente, es aquella en la que la parte quejosa promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de la Materia; supuesto legal que no se da en la especie, ya que del contenido integral de la demanda de amparo se aprecia que el promovente del amparo tiene el carácter parte dentro del expediente 213/2016 del índice del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los numerales invocados, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la ampliación de demanda de amparo promovida por GILBERTO GUZMÁN PARRA, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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