Gilberto González Ahumada y Otros.

Expediente 1071/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1071/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
21/09/2015

Partes del expediente

  • Gilberto González Ahumada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gilberto González Ahumada, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando cuarto del presente fallo. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable adscrita al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz, a través del cual remite copia certificada de las constancias requeridas en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Del expediente en que se actúa se advierte que no obran las constancias que acrediten que se le otorgan al quejoso Gilberto González Ahumada, los estímulos relativos a la visita familiar e íntima, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, respecto de los cuales aduce en la demanda de amparo, ha sido privado; por tanto, con fundamento en los artículos 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 75 párrafo tercero, de la dicha Ley, requiérase al Director General del centro penitenciario en mención, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias actuales de referencia, que en su caso tenga del quejoso citado, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podra por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para hoy, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo.

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