Gilberto Garcia Romero
Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gilberto Garcia Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Recepción de pedimento. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguense a los autos los pedimentos de cuenta, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede, por auto de once de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que pase desapercibido que uno de los pedimentos de cuenta se encuentra dirigido al incidente de suspensión, pues en el presente asunto no se ordenó la apertura de éste. Devolución al archivo. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, vuelvan los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Registro de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Licenciado ***, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común Modulo Ocho de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 816/2022-VI. Análisis de la demanda de amparo. Este Juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente la omisión de dictar acuerdo o emitir resolución del escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el que se solicita el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ***, del índice de la responsable. Una vez establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con relación a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, con base en las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018. En efecto, al resolver la contradicción de tesis en cita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII4, de la Constitución Federal, así como el 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez de control, las actuaciones u omisiones del Ministerio Público de investigar un delito. Así, los ministros razonaron que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses de las víctimas. Con base en ello, argumentaron que, en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior, ya que el juez de control es quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no y, que contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en razón de que la decisión del juez de Control no admite recurso ordinario alguno. Además, indicaron que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Aunado a ello, la Primera Sala sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y, que puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Asimismo, se razonó que no se soslayaba que el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como plazo para la impugnación ante el juez de control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida; sin embargo, se entendía que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. De ahí que, por certeza jurídica, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, debían impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Por tanto, se concluyó que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional, con lo que se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Caso concreto. Como se indicó, se estima que cobra puntual aplicación lo razonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al caso concreto, ya que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa tiene la calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/16591/2021 y que su reclamo en esta instancia constitucional constituye precisamente una omisión del Licenciado Erick Fernando Munguía Mireles, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común Modulo Ocho de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y Fiscal General de Justicia en el Estado. Consecuentemente, como lo estableció la Primera de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis previamente referida, contra las determinaciones y omisiones atribuidas al ministerio público en la etapa de investigación, resulta improcedente el juicio constitucional, dado que en contra de las mismas se tendrá que acudir ante el juez de control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna a su favor en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Entonces, si los actos reclamados por la parte quejosa se han presentado en la fase de investigación, previo a acudir al juicio de amparo, tiene que agotar el aludido medio de impugnación, esto es, inconformarse en contra de las omisiones del fiscal investigador y la autoridad ministerial a su cargo ante el juez de control competente, por ser éste a quien le corresponde vigilar la actuación investigadora del agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, pues como se observa se trata de omisiones en el trámite de la misma tendentes a integrarla, de manera que encuadran en el supuesto previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que en el caso se esté en algún supuesto de excepción al principio de definitividad respecto de los actos que pretende reclamar el promovente, por el hecho de que el artículo que prevé el medio de impugnación se refiera únicamente a omisiones o abstenciones por parte de la autoridad investigadora, pues cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, como en el caso, no se actualiza algún caso de excepción. Ello, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo. Aunado a que el carácter obligatorio de las jurisprudencias conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita a que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado, como en el caso sería este juzgado de distrito y, menos aún, a inaplicarlas. Consecuentemente, si de la ejecutoria referida se advierte que el medio de impugnación aplica para cualquiera de las actuaciones u omisiones del fiscal en la fase de la integración de la carpeta de investigación y dentro de este supuesto se encuentran los actos destacados por la parte quejosa, se concluye que previo a acudir al juicio de amparo debió agotar el medio de impugnación previsto en la legislación procesal penal. Bajo ese contexto, el quejoso debió, previo a acudir a esta instancia constitucional, observar el principio de definitividad, ya que se encuentra en posibilidades de combatir las omisiones reclamadas ante el juez de control correspondiente, a través del medio de defensa ordinario previsto por el artículo 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales. Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, quienes cuentan con su cédula profesional número ***, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos del citado numeral a ***, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el aludido sistema, ***, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el aludido sistema, ni acredita que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Constancias digitales. Al respecto, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 y 12, inciso g), del similar 1/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas con usuario autorizado para consultar un expediente electrónico vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en este. Cuando éstas incluyan evidencia criptográfica del servidor público, se considerarán como copias certificadas electrónicamente y tendrán la misma calidad que las impresas. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Giannes Yaisel Rivas Perez1234/2022
- GIARA YUSIMAY ZALDIVAR BAEZ y Otros.1460/2022
- Gilberta Hernández Hernández430/2023
- GILBERTH SANTIAGO AUCATOMA y Otros.405/2023
- Gilberto Aguilar Pelaez1461/2022
- Gilberto Alejandro Perez Garcia27/2018
- Gilberto Gomez Hernandez1166/2017
- Gilberto Hernandez Villafuerte551/2019
- Gilberto Hipolito Rocha1374/2022
- Gilberto Isaac Mendoza Maldonado326/2017
- Gilberto Mauricio Alvarez1398/2022
- Gilberto Navarro Jauregui547/2020