Gilberto García García
Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gilberto García García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintitrés de febrero del año en curso, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad envíese al archivo.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por Gilberto García García y Bella Marely García, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y otras autoridades. Se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 155/2022-I. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, fórmese el expediente físico y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. La tesis jurisprudencial V.2°J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe tener los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del contenido de la demanda de amparo, se aprecia que Gilberto García García y Bella Marely García, promueven sin que para ello manifiesten expresamente su voluntad, toda vez que el escrito de demanda carece de firma autógrafa, ya que las que aparecen en la última hoja de tal escrito se trata de una reproducción fotostática simple de la que pudiera contener la firma autógrafa, circunstancia que hizo constar el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, al momento en que la recibió a las doce horas con dieciséis minutos del veintidós de febrero del año en curso, la que si bien merece valor probatorio de indicio, no es suficiente por sí sola para crear convicción en el suscrito juzgador, acerca del consentimiento para acudir a la vía constitucional. En efecto, del examen integral de la demanda aparece que en el caso se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6° de la citada legislación; preceptos que establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, si atendemos a que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito es la manifestación expresa de voluntad, esto es, la firma o huella digital que calce su solicitud, ya que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas. Por lo tanto, al no obrar al calce de la demanda la firma, es evidente que aquélla carece de validez, pues no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe de quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de aceptar una demanda de garantías; por tanto, al no aparecer alguna firma autógrafa en el documento respectivo, éste carece de validez. A mayor abundamiento, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, es indispensable que aquéllas estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal ocurso se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora o quejosa; por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que esa exigencia, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. Siendo que la presente demanda carece de firma autógrafa de las personas cuyos nombres aparecen en el escrito de referencia, pues en el caso, y en un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior es así, toda vez que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, por lo que, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto de quién intenta la acción constitucional; es decir, se traduce en la ausencia de la manifestación expresa de la voluntad del que promueve, lo que genera que carezca de valor probatorio y el escrito de demanda al que le falte este requisito debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna; lo que no obliga requerir a la parte quejosa para que subsane tal omisión, sino desecharla por notoriamente improcedente. Máxime que de admitirla y tramitarla, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con copia fotostática simple con firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Por tanto, como en la demanda de amparo que se provee, no aparece estampada la firma original ni huella digital de los promoventes Gilberto García García y Bella Marely García, es de concluirse que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 6º ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 113 de esa ley, SE DESECHA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, Tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 225017, que impone: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Asimismo, apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página trescientos catorce, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". También es aplicable, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Igualmente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos cuarenta y uno, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia". Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizados en términos de la primera parte, segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Julio César Robledo López, Agapito Pileño Godines, Martín Rodrigo Rosales Garduño, Guadalupe González López, cuyas cédulas profesionales se encuentran en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por no cumplir tal requisito. Asimismo, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la clave de usuario "Juliocerolo", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que se registró en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, tomando en consideración las medidas restrictivas para evitar la propagación del virus Covid-19, a fin de lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, que establece el artículo 17 constitucional, se autoriza a los fedatarios adscritos a este juzgado para que las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se practiquen a la quejosa de referencia a través del usuario "Juliocerolo". En términos del artículo 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial, la digitalización diaria de todas las promociones y documentos presentados por las partes; los acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan y toda la información relacionada con los expedientes que deban ser ingresadas en el sistema respectivo. En cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente, las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren. Debiendo el secretario, a su vez, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincida en su totalidad. Por otra parte, tomando en consideración que ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del covid-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos, por ello, en el acuerdo 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus Covid-19. Por tanto, se exhorta a la parte promovente para que realicen lo siguiente: 1. Deberán proporcionar los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. 2. Deberán obtener su firma electrónica FIREL. 3. Asimismo, registrarse como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. 4. Solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica. 5. En la medida de lo posible realizar todas sus promociones por esa vía. 6. Dado que el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido, su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizar QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ", en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación), al teléfono 744 435 1900, extensión 1151. Notifíquese personalmente al promovente.
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