Gilberto Galassi Almora

Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
270/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Galassi Almora

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el acuerdo de doce de abril del año en curso, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. En atención a su contenido, téngasele informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Jesús Eduardo Zamudio Orozco, autorizado de la parte quejosa José Francisco Valledor Domínguez, contra la sentencia de tres de febrero de dos mil veintitrés; el que se radicó con el número de amparo en revisión 39/2023, circunstancia de la cual el que suscribe se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Roberto de Anda Ferrandon, parte quejosa en el presente asunto; atento a su contenido, se advierte que la firma estampada en el escrito de cuenta difiere notoriamente de aquélla que estampó en el escrito inicial de demanda, tal como se evidencia en las imágenes que a continuación se insertan: Escrito inicial de demanda. Escrito de cuenta. En consecuencia, requiéraseles para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de mérito, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el mismo. En razón de lo anterior, resérvese de proveer lo que en derecho corresponda respecto al escrito de mérito. Finalmente, signifíquese a la parte quejosa que en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 constitucional y con el fin de evitar promociones de las partes solicitando copia de diversas actuaciones, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este Juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, por lo que si requiere copia puede solicitarse por comparecencia sin necesidad de presentar escrito, y si se trata de algún autorizado, éste tenga la autorización para ello. Notifíquese, como legalmente corresponda.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSO EL AUTO DE 31-03-2023, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 03-04-2023: ... Visto el escrito de demanda signado por ********************, por propio derecho; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 270/2023-2. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. En este contexto, en el escrito de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable el siguiente: La resolución de siete de marzo del año en curso, dictada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la cual se aprueba una planilla de liquidación de alimentos. Dicho lo anterior, se estima conveniente ponderar que los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación literal y teleológica de los artículos transcritos permite advertir que son competentes los tribunales de la federación para resolver sobre actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Por su parte, del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo se refiere, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que tratándose de actos que tengan ejecución material, debe conocer el del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) La segunda regla, constituye un matiz de la primera y establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. c) La última, consiste en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El contenido del artículo citado revela el propósito del legislador de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá promoverse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. De lo que se sigue que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En ese tenor, los efectos materiales de la resolución reclamada en el presente asunto se observarán dentro del juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, quien tiene su domicilio en la ciudad de Xalapa, puesto que en el aludido expediente es donde se ordenaran las diligencias para su ejecución. En consecuencia, la competencia para conocer del procedimiento constitucional, conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que ejecutará la resolución combatida en juicio de amparo por ser ésta, quien tiene a su potestad el juicio de origen en el que se verán materializados sus efectos. En función de lo anterior, debido a que la autoridad ante la cual se lleva el juicio de origen reside fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, se estima que se carece de competencia, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales. Por tanto, este juzgador constitucional respetuosamente considera que la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, al ejercer jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que verá reflejada la ejecución de los actos reclamados, esto es, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. En abundancia, la propia parte quejosa señala al aludido Juzgado como autoridad ordenadora y ejecutora, toda vez que tiene radicado el juicio ******************** en el cual se verían reflejadas las consecuencias de la resolución reclamada. Apoya lo considerado, la jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200781, que indica: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a la que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del dos mil trece, sigue cobrando vigencia, ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, el expediente en que se actúa; solicitando comedidamente comunique si acepta la competencia declinada, acusando recibo vía interconexión. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y de este acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Ténganse por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y solo para oír y recibir notificaciones a la restante persona por no encontrarse en dicho Sistema ni haber proporcionado su número de cédula profesional. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada...

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