Gilberto Fuentes Guzman

Expediente 601/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
601/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Gilberto Fuentes Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintinueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Requiérase a la parte quejosa, para que comparezca a recoger un documento original exhibido, apercibida. N.P.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; sin que haya lugar a acordar al respecto toda vez que con fecha veintinueve de junio del año actual, se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, como lo solicita la autoridad responsable antes citada, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de la Materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Por otra parte, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que no le fue posible notificar al tercero interesado José Luis Ortiz Bravo, la determinación de catorce de junio del año actual, por los motivos asentados en la misma. En tal virtud, tomando en consideración que transcurrió el término concedido al citado tercero interesado, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya hecho, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de catorce de junio del año en curso, y practíquesele la notificación de la determinación de veintinueve de junio del año actual, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta en tanto obre en autos de este expediente el domicilio respectivo para tales efectos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta signados por Gilberto Fuentes Guzmán por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales N.F.H., J.P.F.H. y J.M.F.H, mediante el cual solicita se sobresea el presente juicio constitucional. Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente el anexo de cuenta, y al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la ley exija. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y de otra autoridad, el acto que hizo consistir en: ".La instrucción de que el suscrito en mi carácter de Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral se traslade por necesidades del servicio al Municipio de Tamazunchale, a desempeñar una comisión al Centro Integral de Justicia penal, Sala Base de ese municipio, acordada en sesión celebrada el 5 de junio del año en curso, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y comunicada al suscrito mediante oficio No C.J. 1915/2018.". Ahora bien, en su escrito de cuenta, el quejoso Gilberto Fuentes Guzmán, manifestó bajo protesta de decir verdad, que con fecha once de junio del año en curso, presentó su renuncia al cargo de Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral; asimismo, del anexo que acompaña se advierte que el veinte de junio del año actual, por acuerdo tomado fuera de sesión, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó aceptar la renuncia al cargo de Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, a partir del veintiuno de junio del año actual y además dejó sin efecto el oficio número C.J. 1915/2018, de fecha cinco de junio del año en curso, en el cual se comisionaba al aquí quejoso al Centro de Justicia Penal, Sala Base en Tamazunchale, San Luis Potosí; por tanto, el acto que originalmente se reclamó ya no existe, pues el veinte de junio de la presente anualidad, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por acuerdo tomado fuera de sesión, determinó aceptar la renuncia de Gilberto Fuentes Guzmán, al cargo de Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral y dejó sin efecto el oficio número C.J. 1915/2018, de fecha cinco de junio del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia señalada, al haberse dejado sin efecto el citado oficio de cinco de junio del presente año, a virtud de la renuncia presentada por el citado quejoso y la aceptación de la misma por parte de la responsable, por lo que el acto que originó el presente juicio de amparo ya no existe; por tanto, es inconcuso que tal situación constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue suprimido por la autoridad responsable y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Finalmente, no ha lugar a acordar de conformidad su petición en el sentido de tenerle señalando correo electrónico para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que si bien es cierto, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones podrán hacerse vía electrónica; sin embargo, ello es así, siempre y cuando así lo soliciten las partes y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, lo que en el caso no se cumple. Asimismo, en atención a su solicitud respecto a la devolución de los documentos originales que acompaño a su escrito de demanda, se provee; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que refiere, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta signados por Gilberto Fuentes Guzmán por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales N.F.H., J.P.F.H. y J.M.F.H, mediante el cual solicita se sobresea el presente juicio constitucional. Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente el anexo de cuenta, y al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la ley exija. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y de otra autoridad, el acto que hizo consistir en: ".La instrucción de que el suscrito en mi carácter de Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral se traslade por necesidades del servicio al Municipio de Tamazunchale, a desempeñar una comisión al Centro Integral de Justicia penal, Sala Base de ese municipio, acordada en sesión celebrada el 5 de junio del año en curso, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y comunicada al suscrito mediante oficio No C.J. 1915/2018.". Ahora bien, en su escrito de cuenta, el quejoso Gilberto Fuentes Guzmán, manifestó bajo protesta de decir verdad, que con fecha once de junio del año en curso, presentó su renuncia al cargo de Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral; asimismo, del anexo que acompaña se advierte que el veinte de junio del año actual, por acuerdo tomado fuera de sesión, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó aceptar la renuncia al cargo de Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, a partir del veintiuno de junio del año actual y además dejó sin efecto el oficio número C.J. 1915/2018, de fecha cinco de junio del año en curso, en el cual se comisionaba al aquí quejoso al Centro de Justicia Penal, Sala Base en Tamazunchale, San Luis Potosí; por tanto, el acto que originalmente se reclamó ya no existe, pues el veinte de junio de la presente anualidad, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por acuerdo tomado fuera de sesión, determinó aceptar la renuncia de Gilberto Fuentes Guzmán, al cargo de Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral y dejó sin efecto el oficio número C.J. 1915/2018, de fecha cinco de junio del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia señalada, al haberse dejado sin efecto el citado oficio de cinco de junio del presente año, a virtud de la renuncia presentada por el citado quejoso y la aceptación de la misma por parte de la responsable, por lo que el acto que originó el presente juicio de amparo ya no existe; por tanto, es inconcuso que tal situación constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue suprimido por la autoridad responsable y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Finalmente, no ha lugar a acordar de conformidad su petición en el sentido de tenerle señalando correo electrónico para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que si bien es cierto, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones podrán hacerse vía electrónica; sin embargo, ello es así, siempre y cuando así lo soliciten las partes y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, lo que en el caso no se cumple. Asimismo, en atención a su solicitud respecto a la devolución de los documentos originales que acompaño a su escrito de demanda, se provee; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que refiere, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos.

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